No sé cuántas columnas he escrito sobre Buenaventura. La ciudad y el puerto de Colombia de cara al Pacífico, con terminales portuarias a la altura de las mejores del mundo, pero también una de las ciudades con los índices más altos de pobreza, con muy baja calidad educativa, un desempleo alarmante y dominada por grupos criminales.
Se ha vuelto costumbre que cada cierto tiempo Buenaventura se vuelve noticia por oleadas de violencia que terminan en un aumento desmedido de homicidios y extorsiones, entre muchos otros delitos. Cuando esto pasa, los medios nacionales voltean su mirada hacia el Distrito para hablar de sus problemáticas. Normalmente, también sucede que se realizan un par de consejos de seguridad que prometen más pie de fuerza, el distrito se militariza y la situación se ‘estabiliza’. En los últimos años, este escenario además estuvo acompañado de unas negociaciones y acuerdos entre las bandas Los Shottas y Espartanos, en el marco de una mesa denominada socio-jurídica con el Gobierno Nacional.
Nadie niega que durante este ‘cese’ hubo una reducción de los homicidios, pero tampoco se puede ignorar que otros delitos, principalmente la microextorsión, aumentaron sustancialmente. Sin embargo, todo quedó ahí, de espaldas a la ciudadanía y sin avances concretos en torno a una solución real de la violencia y de las causas estructurales del conflicto: el dominio territorial por el control del narcotráfico y el contrabando en el puerto.
Lo peor de la situación es que mientras todo esto pasa, lo estructural no cambia, y con lo estructural me refiero a las condiciones de vida de la gente, la posibilidad de que la economía crezca y que la sociedad civil organizada desarrolle su potencial. Una muestra de que las condiciones de vida no mejoran es la cobertura y la calidad educativa. Los niños bonoverenses, debido a las dinámicas mencionadas y factores propios de la institucionalidad educativa, no ven en la educación un camino para su futuro y, por el contrario, sí lo ven en las bandas y las armas. También me refiero al agua potable en Buenaventura, que en el mejor de los casos es de hasta seis horas al día.
Lo estructural también es que hacer empresa en Buenaventura es casi misión imposible por todas las problemáticas antes descritas, lo que se convierte en un círculo vicioso, porque los jóvenes que logran salir de la espiral criminal terminan desempleados y sin oportunidades formales por el poco tejido empresarial del distrito. La otra cara de esta moneda son los líderes y organizaciones sociales que le ponen el pecho a esta situación con muy pocos recursos, pero sí con mucho amor por su tierra. Líderes que sacan todos los días a los niños de estos entornos de violencia a través del arte, la música y el deporte.
Desde hace una semana larga la situación de seguridad de Buenaventura empeoró y hemos visto a la Gobernadora y a la Alcaldesa desde sus capacidades haciendo presencia y tomando decisiones. Sin duda, el gran ausente ha sido el Gobierno Nacional; sin embargo, el llamado es a que sea esta la ocasión, al menos desde lo territorial, para que trabajemos juntos y le demos una mirada diferente a Buenaventura y que unamos esfuerzos para que estos asuntos estructurales se resuelvan y no sigamos en este vaivén de violencia que cada tanto pone la atención de todos en Buenaventura.
Tomado de elpais.com
La semana pasada fue desgarrador ver la larga fila de caleños, en su mayoría adultos mayores, esperando por medicamentos afuera de la sede de Disfarma en la Avenida Las Américas en Cali. Sin embargo, lo más triste es leer en X la respuesta y explicaciones de miembros del Gobierno Nacional sobre esta grave situación.
Como ya había escrito en esta columna, sin reforma a la salud, el gobierno Petro ya cambió para siempre el sistema de salud de nuestro país que, imperfecto y con los graves problemas financieros que presentaba, hacía que tuviéramos un muy bajo gasto de bolsillo. Mientras en nuestro país el gasto era del 15 %, el promedio en países de la Ocde es del 20 % y en el resto del mundo del 33,2 %.
Cada vez son más frecuentes las quejas por el aumento de este gasto en salud, que sabremos de cuánto fue de forma cuantitativa en la próxima Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (Enph) a cargo del Dane. También debemos decir que con el sistema anterior a buena parte de la población se le garantizaba el acceso a la atención de salud (con excepción de los sitios más remotos, en donde se debió enfocar la reforma a la salud).
Esto sin duda ha cambiado, el Gobierno Nacional ha intervenido ocho EPS de las 21 que hay en el país y ahora el Estado es el responsable de la salud del 65 % colombianos, teniendo en cuenta el número de afiliados que concentran las EPS intervenidas.
Desde el 2024, con el inicio de las intervenciones, los Pqrd han aumentado en un 20 % y las tutelas para acceder a medicamentos, insumos o servicios PBS un 50 %.
Así mismo, para solo hablar del Valle del Cauca, tanto hospitales públicos como privados han cerrado atención en servicios de ginecoobstetricia como en la Clínica Farallones en Cali y los servicios materno-infantiles en la Clínica Palmira (en todo el país se han cerrado más de 22 servicios de pediatría). Lo anterior justificado en que los presupuestos máximos no han sido pagados y la UPC no se ha recalculado, a pesar de un fallo de la Corte Suprema.
Adicionalmente, aunque hay poca información pública, ya se está implementando uno de los pilotos de la reforma a la salud que es el nuevo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que ha dejado bastantes insatisfacciones entre los maestros.
Sostener que nada de esto es responsabilidad del Gobierno y que hay un entramado para perjudicarlo realmente es poco creíble, sobre todo cuando han salido a la luz pública los problemas de corrupción de los interventores que, por cierto, han tenido una movilidad importante.
La salud de los colombianos debe estar primero y los colombianos no podemos caer en engaños. Sobre todo, no debemos caer en la narrativa promovida de ProEPS o AntiEPS que solo nos divide y poco hace en la búsqueda de las soluciones.
Es claro que la salud perfecta y para todos que se ha prometido está lejos de llegar y mientras se sigue insistiendo en culpar a otros, a los colombianos se les deteriora su salud. Requerimos que el Gobierno Nacional asuma las consecuencias de sus decisiones y ojalá, con menos discursos y más acciones, al menos inyecte al sistema los recursos necesarios que requiere.
Tomado de elpais.com
El papel y el aporte del sector privado a los asuntos públicos siempre ha sido y será un tema de debate en nuestro país, pero la llegada al poder de un presidente de izquierda y/o progresista ha avivado la discusión, en particular, en lo relacionado con el sector privado como prestador de servicios públicos o proveedor de bienes públicos en coordinación con el Estado.
En este contexto se han tratado de imponer reformas o cambios legales y administrativos argumentando que lo público debe prestar y administrar lo público, olvidando lo que nos ha demostrado la historia, en el sentido que la decisión no debe basarse en visiones subjetivas o ideológicas, sino en criterios técnicos que determinen cuál es la forma más eficiente y con el menor riesgo para proveer el bien o servicio a la ciudadanía.
Sin duda, todos los extremos son malos (también comprobado por la historia). Ni un Estado gigante que haga de todo, ni un sector privado haciendo de todo con un Estado mínimo. El Estado es el encargado de hacer las políticas públicas, regular y determinar quién puede prestar el mejor servicio o proveer de mejor manera los bienes públicos, teniendo en cuenta que no es bueno en todo y algunas veces es ineficiente en lo que le corresponde.
El sector privado, en este contexto, entra donde hay oportunidad de mercado y rentabilidad, lo que no tiene nada de malo, así muchos lo quieran satanizar ¡Todos ganan! El empresario que hace utilidades con un negocio rentable y contribuye al desarrollo, el Estado porque transfiere gran parte de los riesgos a un tercero que tiene la experiencia y la capacidad de innovar para prestar mejor el servicio y, por último, aún más importante: el ciudadano que se beneficia con bienes y servicios públicos de calidad. Obviamente, la remuneración al privado debe ser justa, por lo que la regulación y la transparencia en los procesos es fundamental. Ejemplos actuales son la generación y prestación del servicio de energía, la salud y la infraestructura. En el Valle del Cauca vivimos este dilema con la continuidad del modelo de concesión para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ya que, aunque todos los ministros de Transporte de este gobierno han afirmado que la concesión seguirá, lo cierto es que llevamos los tres años de este mandato esperando a que se realicen los trámites para que la APP de iniciativa privada (IP) sea adjudicada.
Hace un año, en el marco de la COP16, dábamos esta misma discusión frente a la inconveniencia de que la Aerocivil tomará el control del Aeropuerto y aunque el Gobierno quiso decir que no sería grave, ellos mismos decidieron que no era conveniente un aeropuerto operado por la entidad pública para este evento internacional.
La Aerocivil se necesita para planificar y regular la aviación del país y para operar aeropuertos en los que no son viables los esquemas de participación privada, pero para un aeropuerto como el de Palmira, con su magnitud y complejidad, no tiene sentido. Sin duda, será más ineficiente y nos hará perder tiempo y competitividad como región. Algunos dicen que la concesión actual no ha sido la mejor y eso se tendrá que discutir con números y datos. Sin embargo, la responsabilidad del Estado es obligar a que se preste el mejor servicio y ampliar las opciones de conectividad aérea, no acabar la concesión. Los vallecaucanos exigimos un aeropuerto competitivo y con los mejores estándares. Esperamos que el Gobierno Nacional avance en los trámites correspondientes y haga todo para recuperar el tiempo perdido para evitar que se le tenga que devolver el Aeropuerto a la Aerocivil y si es así, que el tiempo sea el mínimo.
Tomado de elpais.com