Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
El Valle del Cauca y en general el suroccidente colombiano deben ser vistos con otra mirada, no solo por la necesidad evidente de refuerzos policivos y militares, sino por la urgencia de una ofensiva sostenida que permita recuperar el control territorial que el Estado ha perdido en los últimos años. Pero las acciones no solo son necesarias en este frente, deben estar acompañadas de un refuerzo importante de programas de prevención de la violencia que permitan a los jóvenes oportunidades de generación de ingresos diferentes a la ilegalidad. También deben sumarse programas de sustitución de cultivos, cuidado de los ecosistemas y agricultura sostenible que brinden alternativas dignas a quienes hoy dependen de las economías ilegales.
Todo lo anterior, sin duda, también debe suponer una mirada distinta en lo más estructural: la atención de nuestros niños y niñas en su primera infancia, además de una buena calidad educativa y estrategias de permanencia escolar que les mantengan en la escuela y les den herramientas para construir un futuro para ellos y sus familias.
Así mismo, el fortalecimiento de las actividades productivas regionales y del turismo, a través de mejores condiciones de competitividad, es absolutamente prioritario. Por ejemplo, una mejor calidad de la infraestructura no solo disminuye tiempos y costos de viaje, sino que brinda mayor acceso a mercados. En este contexto, las vías terciarias en buenas condiciones se convierten en un factor determinante para que los productos cultivados en la ruralidad lleguen a los mercados, los productores tengan mejor acceso a insumos y los turistas puedan acceder a toda nuestra belleza natural.
Ojalá comprendamos que todos estos asuntos no deben tener ideología y que avanzar en ellos es avanzar en el desarrollo de esta región.
De igual manera, se requiere avanzar en corredores estratégicos para la competitividad con proyectos como la doble calzada Buga-Buenaventura, la vía Mulaló-Loboguerrero o la conexión Cali-Rumichaca. Y sin lugar a dudas, la conectividad marítima es vital para los intercambios comerciales, lo que resalta la urgencia del dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura.
Dentro del objetivo de fortalecer los intercambios comerciales y el turismo, el transporte aéreo resulta crucial por su capacidad de conexión rápida y confiable, por lo que es imprescindible la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Sin embargo, las demoras en la apertura del proceso de selección del nuevo concesionario y la reciente retoma de la operación del aeropuerto por parte de la Aerocivil se convierten en un obstáculo para mejorar la calidad de la infraestructura y poner en marcha estrategias para aumentar la conectividad área con mayores rutas y frecuencias. Realmente es una lástima que el Gobierno Nacional haya dejado pasar los tiempos para la publicación de la nueva concesión que hoy nos tiene en un escenario muy desfavorable para esta región que lo que necesita son buenas noticias.
Además de estas consecuencias, la reversión a la Aerocivil también significa que el municipio de Palmira perderá cerca de 30.000 millones de pesos anuales y que Buenaventura no tendrá por ahora la modernización de su aeropuerto, ya que el proyecto de concesión incluye cerca de 560.000 millones de pesos para esta terminal aérea. En definitiva, la región tendrá su aeropuerto más importante operado por una entidad que tiene múltiples funciones y operación de distintos aeropuertos regionales de menor capacidad, lo que repercute en la efectividad e innovación para mejorar la conectividad de los habitantes del suroccidente y el desarrollo de industrias en la región asociadas al transporte aéreo.
El Valle del Cauca y el suroccidente piden atención real del Gobierno Nacional y de Colombia. Ojalá comprendamos que todos estos asuntos no deben tener ideología y que avanzar en ellos es avanzar en el desarrollo de esta región, ya que se trata de garantizar que cada persona –en el campo o en la ciudad– pueda vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos, empezando por el más elemental de todos: el derecho a la vida.
Tomado de eltiempo.com
Es incontrovertible que por algunos años en Colombia alcanzamos a tener algo de seguridad, se redujeron de manera significativa los homicidios, las masacres, los hurtos y los secuestros. Tuvimos elecciones con mayor libertad y sin amenazas de los violentos, dado que el Estado llegó a tener (como es debido) el control de casi todo el territorio. Lo anterior, sin desconocer que esta haya sido la realidad de todas las personas y comunidades, y que el conflicto se mantuvo en algunos puntos del país.
Sin embargo, esta realidad se fue deteriorando por alcanzar una paz que nunca llegó. Y tristemente el narcotráfico -que nunca se ha ido- aún es la principal causa de la violencia de nuestro país. Hoy en día este flagelo se alterna con otras economías ilegales como la minería ilegal, el secuestro y el contrabando, siendo la fuente jugosa para los múltiples grupos armados que operan en nuestro país.
Nuevamente, la violencia se siente tanto en el campo como en las ciudades. Hemos visto en regiones como el Catatumbo o el Suroccidente el avance del control territorial de diferentes grupos armados al margen de la ley, hostigamientos, pueblos controlados por estos grupos y ofensivas terroristas como las de la semana pasada, son la mayor muestra de este fenómeno.
En lo urbano, el microtráfico está enquistado en los barrios y usa a los jóvenes más vulnerables para sus fines; además, la muerte de líderes sociales no ha parado. Tristemente hace una semana larga tuvimos que volver a ver las imágenes que creímos nunca presenciar de nuevo: el atentado contra un líder político y precandidato presidencial.
En la historia, la paz y la seguridad siempre han sido relacionadas con ideologías políticas particulares. Sin embargo, ambas son necesidades y sobre todo derechos fundamentales de todos los colombianos, sin importar la ideología. Las víctimas de la violencia en Colombia han provenido de todos los sectores de la sociedad, sin importar sus diferencias socioeconómicas.
Por esto, darnos seguridad para poder vivir en paz es una obligación de todos los mandatarios, independientemente de su ideología política. Por el tamaño que adquirió el problema debemos avanzar en varios caminos a la vez: necesitamos unas Fuerzas Armadas robustecidas, evitando que se siga perdiendo el control del territorio y que crezcan los grupos al margen de la ley; necesitamos también el fortalecimiento de la justicia para que pueda investigar y procesar las organizaciones criminales; pero mientras esto se hace con intensidad, debemos enfrentar con urgencia y eficiencia las causas más profundas de la violencia mejorando la educación, la salud, la generación de oportunidades para los más vulnerables y los demás efectos sociales que se requieren para tener una mejor sociedad para todos.
Exigir más seguridad no es desear una guerra eterna, como algunos afirman, vivir seguros es una necesidad fundamental, por esto debemos estar unidos sobre este llamado a los gobiernos y líderes políticos. A pesar de lo grave de las últimas semanas no podemos perder la esperanza, Colombia puede alcanzar la paz si hacemos las cosas bien y exigimos seguridad y paz para todos, es nuestro derecho ¡No más violencia!
Tomado de elpais.com