Hace algunos días en un debate electoral uno de los candidatos participantes decía que era importante cambiar el imaginario ciudadano según el cual hablar de seguridad es igual a ser de derecha. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. La seguridad no tiene ideología, la seguridad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y la condición mínima para garantizar nuestra vida.
Poder caminar tranquilamente por las calles de las ciudades sin ser robado, poder tener un negocio sin necesidad de ser extorsionado, ser campesino y poder quedarse en su tierra, disfrutar del espacio público sin temor a ser agredido o no ser alcanzado por un explosivo, son anhelos que nos parecen hoy lejanos. Si bien convivir con el temor se nos volvió nuestro día a día, esta no puede ser nuestra realidad.
Este problema lo tenemos en Cali, pero trasciende al departamento y la región. Bien conocidos son los casos recientes de bombas en algunos municipios, el aumento de los cultivos ilícitos en Jamundí, y las acciones armadas contra empresas de la región.
Desde otro ángulo, la extorsión es un problema crítico que merece atención especial en nuestro departamento, por su efecto devastador en los negocios de los ciudadanos. No solo hablamos de la extorsión ‘tradicional’ en la que grupos criminales a menudo exigen pagos a empresas y personas, creando un ambiente de terror constante en los territorios. Además, existe la extorsión disfrazada de servicios de seguridad que hace que muchos comerciantes o incluso ciudadanos tengan que pagar cuotas pequeñas a grupos que controlan barrios enteros, situación que se agrava cuando, además, estas redes ilegales de control tienen la capacidad de subir o bajar los precios de productos y servicios.
La ausencia de seguridad mina la confianza en las instituciones, la relación entre ciudadanos, y sobre todo, impide el disfrute de derechos de los ciudadanos, además de acabar con vidas de inocentes.
El problema es enorme y hay mucho que se debe hacer, es esencial implementar estrategias integrales de seguridad que involucren a las autoridades locales, la comunidad y organizaciones civiles. Tenemos clara la necesidad de fortalecer la fuerza pública y tener una actividad más articulada a nivel regional que entienda la complejidad y sofisticación de las economías criminales. También entendemos que hay procesos de diálogo que se deben hacer con la rigurosidad que merecen y sin dejar de lado la provisión del servicio básico de seguridad.
Sin embargo, ese panorama de grandes tareas deja una adicional que tiene que ver con la prevención desde la lectura social y particularmente el trabajo con nuestros jóvenes. Hay que recordar que son ellos y ellas quienes ocupan un lugar desafortunado como las víctimas y los victimarios más comunes de la violencia, pero también, son muchos de estos mismos los que durante muchos años han puesto su creatividad y energía para aportar a la solución de los problemas y a contribuir desde su trabajo comunitario a combatir la violencia.
La seguridad tiene que estar en las agendas no como ideología, ni mucho menos como política. Necesitamos a nuestros líderes unidos reclamándole al Gobierno Nacional acciones concretas, necesitamos los gobiernos locales invirtiendo recursos y sobre todo no podemos echarnos más cuentos; sin seguridad no hay desarrollo sostenible.
Tomado de elpaís.com.co
La de Buenaventura parece ser una historia de nunca acabar. El terror constante al cual están sometidos los bonaverenses no puede convertirse en una noticia más de cada cierto tiempo y debe preocuparnos a todos. Los hechos recientes que amenazan la estabilidad social y de orden público nos exige actuar en conjunto, armar un frente común de acción y tomar medidas urgentes.
Como ya lo expresamos en el llamado hecho al Gobierno Nacional desde Compromiso Valle, la Cámara de Comercio de Buenaventura y el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, las intervenciones no deben ser solo en términos militares y de fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública. Se requiere en paralelo la construcción de tejido comunitario y la generación de una oferta real de oportunidades que respondan a las demandas sociales de miles de jóvenes y sus familias que hoy, no tienen esperanza.
Si bien la situación actual de Buenaventura es producto de un conflicto complejo y que viene de años atrás con variables que superan las realidades exclusivas del territorio, lo cierto es que le corresponde al Gobierno Nacional implementar las medidas necesarias para reestablecer la tranquilidad y proteger la vida de sus habitantes.
Al mismo tiempo que se fortalece la presencia del Estado, se deben potenciar los procesos sociales y empresariales que hoy se dan en el territorio. En estos hay un camino de esperanza, hay liderazgos que vienen haciendo frente a las diferentes situaciones de violencia, y que impulsan día a día a muchos jóvenes para que sigan un camino distinto al de la violencia. Gracias a esos procesos, hoy hay jóvenes bonaverenses que tienen la meta de emprender, emplearse y construir un liderazgo diferente para el Distrito. Tenemos la obligación de multiplicar esto y que sus metas sean las de todos.
Pensando en el largo plazo, un camino de paz y desarrollo realmente sostenible para Buenaventura, se requiere de la concurrencia de todos: el sector público, el privado, la iglesia, las organizaciones de base y la cooperación internacional para adelantar junto a la comunidad acciones contundentes que pongan fin de manera definitiva al terror que nuevamente amenaza a la ciudadanía.
La situación social y orden público en Buenaventura requiere de una acción decidida y conjunta en todos los niveles. Lo que está en juego es la viabilidad misma del territorio, no podemos darnos el lujo de ser espectadores mientras la comunidad y sus líderes siguen haciendo frente a la situación.
Buenaventura es mucho más que un puerto, pero no deja de ser el puerto de Colombia en el Pacífico, al que situaciones como las recientemente vividas les restan competitividad respecto a otros puertos. Si no implementamos medidas urgentes vamos a seguir arriesgando y perdiendo vidas y, además, vamos a perder el puerto. Debemos seguir fortaleciendo el liderazgo local como un camino para la construcción de las acciones de corto, mediano y largo plazo que se requieren. Sin embargo, estos líderes no pueden estar solos, necesitamos de todo Colombia para alcanzar el desarrollo de nuestra Buenaventura, porque Buenaventura es de todos.
*Tomado de elpais.com.co