No sé cuántas columnas he escrito sobre Buenaventura. La ciudad y el puerto de Colombia de cara al Pacífico, con terminales portuarias a la altura de las mejores del mundo, pero también una de las ciudades con los índices más altos de pobreza, con muy baja calidad educativa, un desempleo alarmante y dominada por grupos criminales.
Se ha vuelto costumbre que cada cierto tiempo Buenaventura se vuelve noticia por oleadas de violencia que terminan en un aumento desmedido de homicidios y extorsiones, entre muchos otros delitos. Cuando esto pasa, los medios nacionales voltean su mirada hacia el Distrito para hablar de sus problemáticas. Normalmente, también sucede que se realizan un par de consejos de seguridad que prometen más pie de fuerza, el distrito se militariza y la situación se ‘estabiliza’. En los últimos años, este escenario además estuvo acompañado de unas negociaciones y acuerdos entre las bandas Los Shottas y Espartanos, en el marco de una mesa denominada socio-jurídica con el Gobierno Nacional.
Nadie niega que durante este ‘cese’ hubo una reducción de los homicidios, pero tampoco se puede ignorar que otros delitos, principalmente la microextorsión, aumentaron sustancialmente. Sin embargo, todo quedó ahí, de espaldas a la ciudadanía y sin avances concretos en torno a una solución real de la violencia y de las causas estructurales del conflicto: el dominio territorial por el control del narcotráfico y el contrabando en el puerto.
Lo peor de la situación es que mientras todo esto pasa, lo estructural no cambia, y con lo estructural me refiero a las condiciones de vida de la gente, la posibilidad de que la economía crezca y que la sociedad civil organizada desarrolle su potencial. Una muestra de que las condiciones de vida no mejoran es la cobertura y la calidad educativa. Los niños bonoverenses, debido a las dinámicas mencionadas y factores propios de la institucionalidad educativa, no ven en la educación un camino para su futuro y, por el contrario, sí lo ven en las bandas y las armas. También me refiero al agua potable en Buenaventura, que en el mejor de los casos es de hasta seis horas al día.
Lo estructural también es que hacer empresa en Buenaventura es casi misión imposible por todas las problemáticas antes descritas, lo que se convierte en un círculo vicioso, porque los jóvenes que logran salir de la espiral criminal terminan desempleados y sin oportunidades formales por el poco tejido empresarial del distrito. La otra cara de esta moneda son los líderes y organizaciones sociales que le ponen el pecho a esta situación con muy pocos recursos, pero sí con mucho amor por su tierra. Líderes que sacan todos los días a los niños de estos entornos de violencia a través del arte, la música y el deporte.
Desde hace una semana larga la situación de seguridad de Buenaventura empeoró y hemos visto a la Gobernadora y a la Alcaldesa desde sus capacidades haciendo presencia y tomando decisiones. Sin duda, el gran ausente ha sido el Gobierno Nacional; sin embargo, el llamado es a que sea esta la ocasión, al menos desde lo territorial, para que trabajemos juntos y le demos una mirada diferente a Buenaventura y que unamos esfuerzos para que estos asuntos estructurales se resuelvan y no sigamos en este vaivén de violencia que cada tanto pone la atención de todos en Buenaventura.
Tomado de elpais.com
Hace algunos días en un debate electoral uno de los candidatos participantes decía que era importante cambiar el imaginario ciudadano según el cual hablar de seguridad es igual a ser de derecha. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. La seguridad no tiene ideología, la seguridad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y la condición mínima para garantizar nuestra vida.
Poder caminar tranquilamente por las calles de las ciudades sin ser robado, poder tener un negocio sin necesidad de ser extorsionado, ser campesino y poder quedarse en su tierra, disfrutar del espacio público sin temor a ser agredido o no ser alcanzado por un explosivo, son anhelos que nos parecen hoy lejanos. Si bien convivir con el temor se nos volvió nuestro día a día, esta no puede ser nuestra realidad.
Este problema lo tenemos en Cali, pero trasciende al departamento y la región. Bien conocidos son los casos recientes de bombas en algunos municipios, el aumento de los cultivos ilícitos en Jamundí, y las acciones armadas contra empresas de la región.
Desde otro ángulo, la extorsión es un problema crítico que merece atención especial en nuestro departamento, por su efecto devastador en los negocios de los ciudadanos. No solo hablamos de la extorsión ‘tradicional’ en la que grupos criminales a menudo exigen pagos a empresas y personas, creando un ambiente de terror constante en los territorios. Además, existe la extorsión disfrazada de servicios de seguridad que hace que muchos comerciantes o incluso ciudadanos tengan que pagar cuotas pequeñas a grupos que controlan barrios enteros, situación que se agrava cuando, además, estas redes ilegales de control tienen la capacidad de subir o bajar los precios de productos y servicios.
La ausencia de seguridad mina la confianza en las instituciones, la relación entre ciudadanos, y sobre todo, impide el disfrute de derechos de los ciudadanos, además de acabar con vidas de inocentes.
El problema es enorme y hay mucho que se debe hacer, es esencial implementar estrategias integrales de seguridad que involucren a las autoridades locales, la comunidad y organizaciones civiles. Tenemos clara la necesidad de fortalecer la fuerza pública y tener una actividad más articulada a nivel regional que entienda la complejidad y sofisticación de las economías criminales. También entendemos que hay procesos de diálogo que se deben hacer con la rigurosidad que merecen y sin dejar de lado la provisión del servicio básico de seguridad.
Sin embargo, ese panorama de grandes tareas deja una adicional que tiene que ver con la prevención desde la lectura social y particularmente el trabajo con nuestros jóvenes. Hay que recordar que son ellos y ellas quienes ocupan un lugar desafortunado como las víctimas y los victimarios más comunes de la violencia, pero también, son muchos de estos mismos los que durante muchos años han puesto su creatividad y energía para aportar a la solución de los problemas y a contribuir desde su trabajo comunitario a combatir la violencia.
La seguridad tiene que estar en las agendas no como ideología, ni mucho menos como política. Necesitamos a nuestros líderes unidos reclamándole al Gobierno Nacional acciones concretas, necesitamos los gobiernos locales invirtiendo recursos y sobre todo no podemos echarnos más cuentos; sin seguridad no hay desarrollo sostenible.
Tomado de elpaís.com.co
La de Buenaventura parece ser una historia de nunca acabar. El terror constante al cual están sometidos los bonaverenses no puede convertirse en una noticia más de cada cierto tiempo y debe preocuparnos a todos. Los hechos recientes que amenazan la estabilidad social y de orden público nos exige actuar en conjunto, armar un frente común de acción y tomar medidas urgentes.
Como ya lo expresamos en el llamado hecho al Gobierno Nacional desde Compromiso Valle, la Cámara de Comercio de Buenaventura y el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, las intervenciones no deben ser solo en términos militares y de fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública. Se requiere en paralelo la construcción de tejido comunitario y la generación de una oferta real de oportunidades que respondan a las demandas sociales de miles de jóvenes y sus familias que hoy, no tienen esperanza.
Si bien la situación actual de Buenaventura es producto de un conflicto complejo y que viene de años atrás con variables que superan las realidades exclusivas del territorio, lo cierto es que le corresponde al Gobierno Nacional implementar las medidas necesarias para reestablecer la tranquilidad y proteger la vida de sus habitantes.
Al mismo tiempo que se fortalece la presencia del Estado, se deben potenciar los procesos sociales y empresariales que hoy se dan en el territorio. En estos hay un camino de esperanza, hay liderazgos que vienen haciendo frente a las diferentes situaciones de violencia, y que impulsan día a día a muchos jóvenes para que sigan un camino distinto al de la violencia. Gracias a esos procesos, hoy hay jóvenes bonaverenses que tienen la meta de emprender, emplearse y construir un liderazgo diferente para el Distrito. Tenemos la obligación de multiplicar esto y que sus metas sean las de todos.
Pensando en el largo plazo, un camino de paz y desarrollo realmente sostenible para Buenaventura, se requiere de la concurrencia de todos: el sector público, el privado, la iglesia, las organizaciones de base y la cooperación internacional para adelantar junto a la comunidad acciones contundentes que pongan fin de manera definitiva al terror que nuevamente amenaza a la ciudadanía.
La situación social y orden público en Buenaventura requiere de una acción decidida y conjunta en todos los niveles. Lo que está en juego es la viabilidad misma del territorio, no podemos darnos el lujo de ser espectadores mientras la comunidad y sus líderes siguen haciendo frente a la situación.
Buenaventura es mucho más que un puerto, pero no deja de ser el puerto de Colombia en el Pacífico, al que situaciones como las recientemente vividas les restan competitividad respecto a otros puertos. Si no implementamos medidas urgentes vamos a seguir arriesgando y perdiendo vidas y, además, vamos a perder el puerto. Debemos seguir fortaleciendo el liderazgo local como un camino para la construcción de las acciones de corto, mediano y largo plazo que se requieren. Sin embargo, estos líderes no pueden estar solos, necesitamos de todo Colombia para alcanzar el desarrollo de nuestra Buenaventura, porque Buenaventura es de todos.
*Tomado de elpais.com.co