Cuando me regresé a Cali hace ya más de 9 años y me vinculé con ProPacífico, la FDI Pacífico en esa época, empecé a trabajar de cerca en temas de educación. En mi carrera profesional hasta ese momento no había tenido relación directa con el tema, ni siquiera en mi paso por el Gobierno Nacional. Obviamente, entendía la importancia y la necesidad de la cobertura y la calidad educativa para el futuro de nuestro país, pero no había entrado en el detalle y la complejidad de la materia.
ProPacífico resurgió con el propósito de impulsar grandes proyectos regionales, especialmente en infraestructura y por eso fue reconocida en sus primeros años, pero muy rápidamente comprendimos que si no trabajábamos en los componentes sociales como la salud, la educación y la inclusión social, sería muy difícil alcanzar el desarrollo.
En el Valle del Cauca muchas fundaciones familiares y empresariales han trabajado por décadas en la educación. Muchas han construido y operado Centros de Desarrollo Infantil (CDI), y/o colegios. También han estado enfocadas en la primera infancia, otras en los temas de mejoramiento de los aprendizajes fundamentales, mientras otras han estado involucradas en habilidades socioemocionales y orientación sociocupacional.
Sin lugar a dudas este trabajo ha tenido resultados importantes. No obstante, muchos tenían la sensación de que el impacto real no era tan claro. El Valle del Cauca y Cali han estado por años en los peores puestos del índice de competitividad regional del Consejo Privado de Competitividad en el pilar de educación. Por esto muy rápidamente supimos que el rol que podríamos jugar como organización era tratar de ser articulador de muchos de estos esfuerzos aislados para logra que de manera conjunta impactaran los indicadores en toda la trayectoria educativa.
Con una de las personas con quien primero hablé de este tema, tanto por su conocimiento -bien reconocido por todos- como por su rol como rector de la Icesi fue con Francisco Piedrahita. De esas charlas con él sin duda aprendí muchísimo, pero aún más importante fue ser testigo de su interés genuino por ser guía y consejero en esta nueva tarea que queríamos emprender: trabajar en la educación de nuestro departamento. Muchas de las cosas que se nos ocurrían o ya se habían hecho o no habían funcionado y otras requerían de alineación entre todos los actores, lo que no fue fácil en un primer momento.
En ese proceso, me acuerdo mucho cuando hacia el 2019 él me llamó porque creía que era necesario que el Valle del Cauca tuviera un observatorio de realidades educativas, me acuerdo de que me dijo que hablábamos mucho de educación, pero que teníamos poca información. Hoy, gracias a él, contamos con el ORE. Después llegó la pandemia y los indicadores en educación empeoraron, lo cual hizo que el reto fuera aún mayor.
Hacia el 2021, Francisco me dijo que era fundamental enfocarnos en la calidad de la formación de los futuros maestros y por eso desde ProPacífico becamos a seis jóvenes para que estudiaran programas que tuvieran ese énfasis en Icesi: tres en Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés; una en Licenciatura en Ciencias Naturales; una en Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y una en Licenciatura en Artes. Me acuerdo también, cuando hablamos ya por fuera de la rectoría de las cifras de cobertura neta y de calidad, y de sus preocupaciones por la jornada única (que aún no está implementada en su totalidad ni en Cali ni en el Valle del Cauca).
Hace un año el Consejo Directivo de ProPacífico le pidió que nos acompañara en esta instancia como uno de los miembros externos. Para fortuna nuestra aceptó y tuvimos el privilegio de contar con su sabiduría y su impulso siempre por la educación en este frente.
Tengo muy presente la alegría con la que llegaba a cada Consejo, sencillo, con los mejores aportes y consejos, siempre entusiasta. Recuerdo cómo se alegró a comienzos de este año cuando presentamos nuestra nueva planeación estratégica al Consejo Directivo y les contamos cómo habíamos decidido que la educación fuera un eje de trabajo independiente y no fuera solo un componente del eje social, por su importancia fundamental en el desarrollo. Como equipo de trabajo teníamos mucha ilusión de construir junto a él esta nueva etapa.
Tristemente ya no contaremos con sus consejos, experiencia y sabiduría, sin embargo, tenemos claro que el mejor homenaje que desde ProPacífico le podemos hacer es seguir trabajando por la educación de nuestro departamento. Hoy con una mejor capacidad de articulación entre los diferentes actores y ojalá con el convencimiento generalizado que si no trabajamos para que todos nuestros niños estén en el colegio y tengan la mejor calidad educativa no tendremos un mejor futuro.
Tomado de elpais.com.co
Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
En esta época electoral, a nuestra región vienen muchos candidatos a la Presidencia. También arrancan las campañas de muchos representantes a la Cámara y senadores que quieren reelegirse o los que por primera vez aspiran a ser parte del Legislativo. Esta coyuntura nos obliga a revisar cómo le ha ido a la región en los últimos cuatro años, ya que debemos incidir en que los que quieren llegar al Ejecutivo o al Legislativo con votos en nuestra región se comprometan con las grandes apuestas de nuestro territorio.
En términos de la asignación presupuestal de la Nación, en los últimos ocho años reportados (corte 2024), al Valle del Cauca se le han apropiado cerca de $ 31 billones$ , cifra considerablemente inferior a la de Antioquia (47 billones) y Bogotá, con $ 57 billones.
Si bien el número de habitantes tiene cierta influencia en los montos asignados, en sectores como transporte, que no dependen de estos parámetros poblacionales, al Valle se le asignaron para el mismo periodo $ 4,1 billones, mientras que Antioquia recibió una asignación de $ 13,7 billones. Precisamente, las gestiones que se han realizado desde la región para proyectos como el de la doble calzada Buga – Buenaventura han contribuido al aumento del presupuesto regionalizado para el Valle del Cauca. Las vigencias futuras comenzaron a girarse el año pasado por un valor de $ 395.900 millones, lo que contribuye a reducir la brecha frente a Antioquia y Bogotá. Lo claro es que, revisando los presupuestos nacionales, al Valle del Cauca se le ha aumentado el presupuesto, a precios constantes, el 31 % en los últimos cinco años.
Este ejemplo nos demuestra que hemos avanzado en términos de incidencia regional, pero nos deja claro que aún tenemos un camino largo por recorrer en otros frentes de infraestructura de transporte y movilidad urbana. También, que debemos exigir mayor apoyo nacional en asuntos como la PTAR Cañaveralejo y el sistema de acueducto de Buenaventura, además de proyectos estratégicos de energía y de infraestructura educativa, solo para mencionar algunos.
Para entrar en detalle y haciendo un balance de los grandes proyectos de infraestructura, debo decir que tenemos logros, pero también frustraciones. Para empezar con lo bueno, el Valle del Cauca tiene dos proyectos 5G en construcción: la Nueva malla vial del Valle, con ejecución del 47 %, y el corredor Buga-Buenaventura, que ya mencionaba, con un avance del 18 %. Estos proyectos tienen retos como todos los de infraestructura, pero se han estado ejecutando y ya empezamos a ver las obras. Desde el punto de vista regional, tenemos la Santander de Quilichao-Popayán, que está en un 46 % de avance, pero que ha sido seriamente afectada por los temas de seguridad.
En cuanto a las frustraciones, sin duda la lista la encabeza el Tren de Cercanías, proyecto al que el actual Gobierno Nacional le negó los recursos de cofinanciación, por lo que la primera tarea de la bancada de congresistas del Valle y del Presidente electo es asegurar el aval técnico y los recursos por el 70 % del valor total del proyecto. Así mismo, es clave la cofinanciación de flota eléctrica para el MIO, tal cual como lo hicieron con Bogotá para el Transmilenio antes de finalizar la Ley de Garantías.
En cuanto a la vía Mulaló - Loboguerrero, es inconcebible que en cuatro años no se haya logrado acordar las condiciones para el inicio de su construcción. También que no se haya logrado finalizar la estructuración integral del dragado de Buenaventura ni asegurar los recursos para iniciar las obras de profundización del canal, vital para el comercio de Colombia con el mundo.
También está la nueva concesión para la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que no se adjudicó y que hoy nos tiene con la Aerocivil como operadora del aeropuerto, haciéndonos perder competitividad y recursos importantes para Palmira.
Este es solo el resumen de los temas de infraestructura, pero los asuntos relevantes pasan también por temas sociales tan importantes como la educación de calidad que requiere nuestra región y la mejora de la salud que tan afectada se ha visto en los últimos años. Así mismo, está todo lo relacionado con la seguridad que se viene deteriorando exponencialmente en todo el suroccidente. El llamado es claro: pidamos con una sola voz que nuestras prioridades sean tenidas en cuenta y convertidas en realidad. No hablemos de deudas, pero sí exijamos lo que necesitamos.
Tomado de elpais.com