La semana pasada fue desgarrador ver la larga fila de caleños, en su mayoría adultos mayores, esperando por medicamentos afuera de la sede de Disfarma en la Avenida Las Américas en Cali. Sin embargo, lo más triste es leer en X la respuesta y explicaciones de miembros del Gobierno Nacional sobre esta grave situación.
Como ya había escrito en esta columna, sin reforma a la salud, el gobierno Petro ya cambió para siempre el sistema de salud de nuestro país que, imperfecto y con los graves problemas financieros que presentaba, hacía que tuviéramos un muy bajo gasto de bolsillo. Mientras en nuestro país el gasto era del 15 %, el promedio en países de la Ocde es del 20 % y en el resto del mundo del 33,2 %.
Cada vez son más frecuentes las quejas por el aumento de este gasto en salud, que sabremos de cuánto fue de forma cuantitativa en la próxima Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (Enph) a cargo del Dane. También debemos decir que con el sistema anterior a buena parte de la población se le garantizaba el acceso a la atención de salud (con excepción de los sitios más remotos, en donde se debió enfocar la reforma a la salud).
Esto sin duda ha cambiado, el Gobierno Nacional ha intervenido ocho EPS de las 21 que hay en el país y ahora el Estado es el responsable de la salud del 65 % colombianos, teniendo en cuenta el número de afiliados que concentran las EPS intervenidas.
Desde el 2024, con el inicio de las intervenciones, los Pqrd han aumentado en un 20 % y las tutelas para acceder a medicamentos, insumos o servicios PBS un 50 %.
Así mismo, para solo hablar del Valle del Cauca, tanto hospitales públicos como privados han cerrado atención en servicios de ginecoobstetricia como en la Clínica Farallones en Cali y los servicios materno-infantiles en la Clínica Palmira (en todo el país se han cerrado más de 22 servicios de pediatría). Lo anterior justificado en que los presupuestos máximos no han sido pagados y la UPC no se ha recalculado, a pesar de un fallo de la Corte Suprema.
Adicionalmente, aunque hay poca información pública, ya se está implementando uno de los pilotos de la reforma a la salud que es el nuevo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que ha dejado bastantes insatisfacciones entre los maestros.
Sostener que nada de esto es responsabilidad del Gobierno y que hay un entramado para perjudicarlo realmente es poco creíble, sobre todo cuando han salido a la luz pública los problemas de corrupción de los interventores que, por cierto, han tenido una movilidad importante.
La salud de los colombianos debe estar primero y los colombianos no podemos caer en engaños. Sobre todo, no debemos caer en la narrativa promovida de ProEPS o AntiEPS que solo nos divide y poco hace en la búsqueda de las soluciones.
Es claro que la salud perfecta y para todos que se ha prometido está lejos de llegar y mientras se sigue insistiendo en culpar a otros, a los colombianos se les deteriora su salud. Requerimos que el Gobierno Nacional asuma las consecuencias de sus decisiones y ojalá, con menos discursos y más acciones, al menos inyecte al sistema los recursos necesarios que requiere.
Tomado de elpais.com
Cuando se piensa en alcanzar el desarrollo en cualquier territorio, sin duda, se debe tener en cuenta la salud de sus habitantes como variable fundamental. Una población enferma no solo aumenta las muertes -seguramente en muchos casos prevenibles- sino que genera altos costos económicos y sociales.
Por esto desde ProPacífico venimos trabajando desde hace ocho años en mejorar la gestión del riesgo y la navegabilidad de las personas en el sistema de salud, especialmente en lo que tiene que ver con enfermedades crónicas como el cáncer, frente en el que hemos adelantado acciones en alianza con City Cancer Challenge. Así mismo, hemos trabajado en el acceso efectivo al sistema con programas como Hospital Padrino en alianza con la Fundación Valle del Lili.
Los dos programas vienen transformando vidas en la región. En el primero se mejoró un 20 % el diagnóstico oportuno de las mujeres con cáncer de seno en el último año, lo que a su vez significa más probabilidades de supervivencia a la enfermedad; mientras que Hospital Padrino se ha convertido en un modelo nacional para la disminución de la mortalidad materna, gracias a la formación del talento humano en salud y la telemedicina, dos componentes que han contribuido a disminuir consistentemente este indicador en la región.
En América Latina, las enfermedades crónicas representan más del 70 % de las muertes, lo que afecta la competitividad de los países al aumentar el gasto en salud y reducir la fuerza laboral activa. En Colombia, la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles le cuesta al país más del 2 % del PIB cada año, lo que evidencia que invertir en salud es también una estrategia clave para el desarrollo económico y social sostenible.
Lo anterior no se alcanza sin un trabajo colectivo contundente. Desde ProPacífico estamos convencidos de que en la salud, como en los demás componentes del desarrollo, el trabajo colectivo es determinante. Precisamente los logros que hemos tenido en la lucha contra el cáncer y la mortalidad materna en la región se han dado gracias a la capacidad que se ha tenido de sentar en la mesa a los diferentes actores del sistema en entornos de confianza, con información transparente para todos y siempre con el propósito de encontrar objetivos comunes.
En un momento de tanta dificultad para el sistema de salud colombiano, es clave alzar la voz para evidenciar que sí se pueden dar resultados en salud sin hacer los cambios estructurales propuestos, que tristemente más que un cambio de modelo parece una ‘venganza’ contra unos actores del sistema.
Lamentablemente en materia de salud el panorama no es alentador y lo más grave está por venir. La desfinanciación del sector cada día es más evidente, sumado a que ya era un sistema con problemas de sostenibilidad. Recientemente, la Corte Suprema instó al Ministerio de Salud a ponerse al día con el pago de los presupuestos máximos y a recalcular el insuficiente valor de la UPC, pero no vemos al Gobierno tomando acciones. Todos los días oímos noticias del cierre de servicios o de hospitales por la falta de pago de las EPS, hoy en su mayoría administradas por el Estado.
Lo que es un hecho es que la salud de los colombianos se está deteriorando y todos los días será peor. En los días venideros no solo sumaremos muertos, sino que el bienestar y la productividad se verán seriamente perjudicados. Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso actúen con responsabilidad y tomen acciones para parar esto.
Tomado de elpais.com
El Pacífico colombiano enfrenta desafíos significativos en materia de salud materna y neonatal. En Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño la situación es desafiante. Con más de 78 mil nacimientos en 2022, que representan el 14% del total nacional, la falta de acceso a una atención médica de calidad ha contribuido a tasas alarmantes de mortalidad materna y neonatal. En 2022, se reportaron 47 casos de mortalidad materna temprana y 1,318 casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía en la región, evidenciando una grave problemática de salud pública.
Estos desafíos no solo afectan la salud de las madres y los recién nacidos, sino que también tienen profundas consecuencias socioeconómicas. La pérdida de ingresos familiares, la disminución en la productividad y el detrimento del patrimonio familiar son algunas de las secuelas que estas tragedias dejan a su paso. La situación se agrava aún más en las comunidades rurales y remotas, donde las barreras para acceder a atención médica oportuna durante el embarazo y el parto son más pronunciadas.
Ante este panorama, surge la necesidad de implementar mecanismos innovadores de financiación que permitan abordar estos problemas de manera efectiva y sostenible. Es aquí donde los Bonos de Impacto Social (BIS) se presentan como una solución viable y prometedora pues son instrumentos financieros diseñados para atraer inversiones privadas en proyectos que precisamente buscan generar un impacto social positivo, al tiempo que ofrecen un retorno financiero basado en el éxito de las intervenciones.
En este caso, la implementación de un bono dirigido a reducir la mortalidad materna y neonatal en el Pacífico colombiano tiene el potencial de cambiar vidas. Es con este propósito que la Fundación Valle del Lili, ProPacífico y SilverBack adelantan en el país la estructuración de este bono que busca movilizar $13,300 millones durante tres años para mejorar la atención en salud en la región.
Con un enfoque integral, este BIS involucra la capacitación de 9,500 trabajadores de la salud, la implementación de telesalud para emergencias neonatales y la mejora en la adherencia a estrategias hospitalarias. Además, beneficiará directamente a 10,000 pacientes y sus familias, así como a 235 instituciones de salud. La clave de este modelo es el pago por resultados: el retorno de la inversión está condicionado a la consecución de metas específicas, como la reducción de la letalidad materna y la mejora en la atención oportuna de emergencias.
La implementación de este bono en la región Pacífico aborda una necesidad urgente, y establece un precedente para futuros proyectos de financiación innovadora en Colombia dado que, al canalizar recursos hacia intervenciones basadas en evidencia y orientadas a resultados, los Bonos de Impacto Social pueden acelerar significativamente el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, particularmente en áreas críticas como la salud materna y neonatal.
En un país en el que las inequidades en salud son una realidad persistente, los BIS representan una herramienta poderosa para cerrar brechas y promover un desarrollo más equitativo. La esperanza es que este primer bono en el Pacífico colombiano sea solo el comienzo de una ola de innovación financiera que transforme la manera en que abordamos los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad.
Autor: Daniel Echeverri, director del Proyecto de Salud de ProPacífico.
Tomado de El País.