Hace algunos días en un debate electoral uno de los candidatos participantes decía que era importante cambiar el imaginario ciudadano según el cual hablar de seguridad es igual a ser de derecha. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. La seguridad no tiene ideología, la seguridad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y la condición mínima para garantizar nuestra vida.
Poder caminar tranquilamente por las calles de las ciudades sin ser robado, poder tener un negocio sin necesidad de ser extorsionado, ser campesino y poder quedarse en su tierra, disfrutar del espacio público sin temor a ser agredido o no ser alcanzado por un explosivo, son anhelos que nos parecen hoy lejanos. Si bien convivir con el temor se nos volvió nuestro día a día, esta no puede ser nuestra realidad.
Este problema lo tenemos en Cali, pero trasciende al departamento y la región. Bien conocidos son los casos recientes de bombas en algunos municipios, el aumento de los cultivos ilícitos en Jamundí, y las acciones armadas contra empresas de la región.
Desde otro ángulo, la extorsión es un problema crítico que merece atención especial en nuestro departamento, por su efecto devastador en los negocios de los ciudadanos. No solo hablamos de la extorsión ‘tradicional’ en la que grupos criminales a menudo exigen pagos a empresas y personas, creando un ambiente de terror constante en los territorios. Además, existe la extorsión disfrazada de servicios de seguridad que hace que muchos comerciantes o incluso ciudadanos tengan que pagar cuotas pequeñas a grupos que controlan barrios enteros, situación que se agrava cuando, además, estas redes ilegales de control tienen la capacidad de subir o bajar los precios de productos y servicios.
La ausencia de seguridad mina la confianza en las instituciones, la relación entre ciudadanos, y sobre todo, impide el disfrute de derechos de los ciudadanos, además de acabar con vidas de inocentes.
El problema es enorme y hay mucho que se debe hacer, es esencial implementar estrategias integrales de seguridad que involucren a las autoridades locales, la comunidad y organizaciones civiles. Tenemos clara la necesidad de fortalecer la fuerza pública y tener una actividad más articulada a nivel regional que entienda la complejidad y sofisticación de las economías criminales. También entendemos que hay procesos de diálogo que se deben hacer con la rigurosidad que merecen y sin dejar de lado la provisión del servicio básico de seguridad.
Sin embargo, ese panorama de grandes tareas deja una adicional que tiene que ver con la prevención desde la lectura social y particularmente el trabajo con nuestros jóvenes. Hay que recordar que son ellos y ellas quienes ocupan un lugar desafortunado como las víctimas y los victimarios más comunes de la violencia, pero también, son muchos de estos mismos los que durante muchos años han puesto su creatividad y energía para aportar a la solución de los problemas y a contribuir desde su trabajo comunitario a combatir la violencia.
La seguridad tiene que estar en las agendas no como ideología, ni mucho menos como política. Necesitamos a nuestros líderes unidos reclamándole al Gobierno Nacional acciones concretas, necesitamos los gobiernos locales invirtiendo recursos y sobre todo no podemos echarnos más cuentos; sin seguridad no hay desarrollo sostenible.
Tomado de elpaís.com.co