En los últimos años, uno de los temas más hablados y comentados en nuestro país ha sido el de la salud. En varios escenarios hemos ido encontrando ‘nuevos’ expertos en este sistema de salud que, sin ser perfecto como algunos predicaban, era bastante menos malo de lo que otros decían. Incluso yo, sin ser experta, he escrito varias columnas sobre el tema, tratando de incidir en las reformas y cambios que se han pretendido hacer.
En esta oportunidad, nuevamente trataré -de manera objetiva y con argumentos- incidir en quien me lea y en los tomadores de decisión para que le ‘paren bolas’ a los problemas reales que hoy están viviendo los colombianos, debido a un acceso a la salud cada vez más complejo y sobre todo más caro. Lo anterior está soportado en un estudio reciente de Fórmula Algebra que dice que el gasto de bolsillo de los pacientes en nuestro país entre el 2022 y el 2025 aumentó en un 57 %, sobre todo por la falta de medicamentos. Las acciones de tutela en salud aumentaron cerca del 18 %, pasando de aproximadamente 265.000 a más de 312.000 casos y, en 2025, las PQRS se incrementaron un 79 % comparado con 2022, para solo mencionar algunos datos.
No me voy a centrar en si el sistema de salud colombiano era bueno o no, o si debía ser reformado o no, ya que lo cierto es que -nos guste o no-, el sistema de salud de nuestro país cambió. Hoy no es el de hace algunos años, por lo que debemos pensar en las reformas que se requieren para que las cosas, en vez de empeorar, mejoren, usando todas las fortalezas que tenemos.
Sin duda, el problema de la salud empieza y termina con una gran limitante: la económica. Nuestra Constitución y sus jueces podrán decir que la salud es un derecho fundamental; sin embargo, este derecho solo puede ser efectivo si tenemos los recursos como nación para pagarlo. Con aseguramiento o con una salud netamente estatal, el problema siempre será de recursos y por esto el Estado debe definir cuánto y qué puede pagar en salud. Decidir ignorar esto simplemente nos llevará a una eterna mentira o a una deuda impagable del Estado al sistema, como lo hemos vivido los últimos 30 años, por lo que la sostenibilidad debe ser uno de los pilares de nuestro sistema de salud.
Desde mi punto de vista, el aseguramiento es la mejor forma de controlar el riesgo del costo excesivo de una enfermedad futura. Obviamente, esto requiere que el asegurador conozca muy bien a sus asegurados y que, vía atención primaria, se busque impactar la carga de la enfermedad que es evitable. En esto último considero que el sistema de salud colombiano estaba fallando y el sistema que continúe precisamente debe fortalecer esos esquemas de prevención y atención primaria de los pacientes. Así mismo, es un hecho que hay lugares de nuestro país donde, así se tenga un carnet de una EPS, este no sirve para nada, ya que no existe ni la infraestructura necesaria ni profesionales de la salud para garantizar la atención. Sin duda, este es un problema que el Estado debe solucionar y hay varios ejemplos de innovación social y de trabajo público-privado que demuestran que hay formas rápidas y no tan costosas para que esto deje de ser un problema. Ejemplo de lo anterior es el programa Hospital Padrino de la Fundación Valle del Lili.
Finalmente, y para decirlo claramente, no creo que un sistema completamente público sea bueno para Colombia porque no se cuentan con las capacidades de gestión del riesgo individual y por cohortes que sí tienen las EPS. Además, porque se desaprovecharían muchas de las capacidades de innovación instaladas que ya funcionan, como las IPS de alta complejidad, que son de talla mundial, solo para poner un ejemplo. También creo que para que el Estado esté listo para tener un sistema netamente público faltan años y recursos que no tenemos. Por eso, ojalá los candidatos a la presidencia tengan la capacidad de ver con sensatez este problema y no seguir jugando con la salud de los colombianos.
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Posdata. Los colombianos que más sufren con un mal sistema de salud no son los más ricos. Por el contrario, son los más pobres los que se ven obligados a esperar para tener atención o, en muchos casos, pagar con recursos adicionales (que no tienen) medicamentos o servicios de salud medianamente dignos para cuidar su salud y la de sus seres queridos.
Tomado de elpais.com.co
Hace un año en este mismo espacio hablaba de la primera versión de la Maratón de Cali y de mi relación con el running, actividad con la que me enganché tras pasar por diferentes disciplinas. Fue tan grata la experiencia corriendo 15 kilómetros el año pasado que me aventuré a comprometerme públicamente con correr los 42 kilómetros de la maratón de este año. La verdad es que, aunque participar en una maratón siempre había estado dentro de mis metas deportivas, nunca la había priorizado realmente y aunque ya había hecho varias medias maratones, correr esos 15 kilómetros el año pasado en mi Cali fue tan especial que tomé la decisión.
Confieso que durante mi entreno muchas veces quise tirar la toalla. En las madrugadas y en las horas interminables de entreno me preguntaba si realmente era necesario tanto esfuerzo, ya que con maratón o sin maratón seguía teniendo un trabajo de tiempo completo (bien completo) dos niñas, un esposo y una familia a los que les debo dedicar tiempo de calidad.
Mi compromiso público, conmigo y sobre todo la enseñanza de perseverancia que les estaba dando a mis hijas me motivaron. Ellas y mi esposo siempre estuvieron ahí para animarme y entusiasmarme en los días de entreno que no fueron todos los recomendados para una prueba de este tipo, pero fueron los que pude tener.
Y así llegó el día, me levanté asustada, pero feliz. Mi meta era terminar la maratón y por eso no me presioné con los tiempos. Desde que llegué al punto de partida de la carrera la organización me pareció muy buena, los baños limpios, la entrada a los corrales muy ordenada y el arranque puntual. Me emocioné al escuchar el himno de Colombia, pero cuando pusieron Cali Pachanguero ya el corazón se me terminó de hinchar de alegría y orgullo.
Una vez arrancó la prueba, mantuve mi ritmo todo el tiempo e intenté mantener la mente tranquila y estar concentrada. Sin duda, una fuente de energía durante toda la carrera fueron todas las personas que sin conocernos nos hicieron barra desde muy temprano en la mañana. En cada grito y cada mensaje sentí la Cali cariñosa, acogedora y la que se puede unir en propósitos comunes. Sin embargo, los gritos que más me emocionaron sin duda fueron los de mi esposo, mis hijas y mis papás. Verlos ahí tan orgullosos, me inyectaron la fuerza que necesitaba. También vi algunas caras conocidas que me dieron mucha energía en momentos claves. Toda la carrera fue un éxito en lo logístico, la llegada a la meta fue realmente muy ordenada, todos cumplíamos un sueño o un objetivo y el mío fue convertirme en maratonista en mi Cali.
La Maratón de Cali es y debe ser un motivo de orgullo, es un evento internacional que logró mantenerse y consolidarse en un momento muy complejo de seguridad regional. Por eso no entendí muy bien las reacciones de algunos con el incidente del corredor de élite africano. Con hueco o sin hueco, no se le puede quitar al evento la magnitud de lo que fue: un gran logro de ciudad. El foco colectivo debe estar ahí, en la capacidad que tenemos de unirnos alrededor de propósitos comunes, de organizar grandes cosas. Este evento permitió mostrarle al país y al mundo la mejor versión de Cali: esa ciudad alegre, acogedora y orgullosa que sentí en cada kilómetro recorrido. No está bien que se quieran ganar adeptos o elecciones en detrimento de toda una ciudad y como ciudadanos debemos rechazar este tipo de comportamientos, porque no todo vale. Los propósitos comunes nos deben unir por encima de las diferencias.
Tomado de elpais.com.co
Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
