Mucho hablamos de grandes proyectos de infraestructura, que claramente son muy importantes y necesarios. Sin embargo, no podemos perder de vista que gran parte del desarrollo y la competitividad regional se logra si, además de las vías primarias, logramos mantener y mejorar nuestras vías rurales o red terciaria.
Es a través de la red terciaria como se logra mejorar el acceso de los ciudadanos a servicios de primera necesidad como la salud y la educación. Cabe recordar que para muchos habitantes de los centros poblados del departamento resulta complejo llegar a las cabeceras municipales. Para muchos niños de las zonas rurales es toda una travesía llegar a sus colegios diariamente, y qué decir de la llegada a los centros de salud. Esto sucede no solo en municipios apartados como el Águila y el Cairo, sino también en las zonas rurales de municipios como Palmira, Jamundí y Tuluá.
Por otro lado, siempre escuchamos en los discursos las intenciones de fortalecer y apoyar los emprendimientos campesinos y étnicos. Sin embargo, estos discursos omiten una parte importante de la ecuación: de nada sirve darles apoyo y hasta capital semilla a estos emprendimientos y producciones agrícolas, si estos no logran tener bienes públicos que les permitan vender y movilizar sus productos, ya que el gran potencial de venta está en las ciudades y centros urbanos. Así mismo, una mejor infraestructura vial les permite ser más productivos gracias al acceso a nuevas tecnologías e insumos baratos.
Por esto, cuando hablo de bienes públicos, hablo de red terciaria, pero además de la necesidad de contar con otras infraestructuras como agrocentros que sirvan para consolidar la producción agrícola regional, su conexión con los nodos de comercio exterior y hacia el resto del país.
Según el último inventario vial realizado por la Gobernación del Valle del Cauca en 2019, cerca del 75% de las vías del departamento son terciarias y solo el 14% está en buen estado. A pesar de los esfuerzos de la Gobernación y de los municipios, hoy el panorama puede ser incluso peor después de la reciente temporada invernal, que en algunos lugares casi borró lo que se hubiera considerado una vía terciaria.
ProPacífico realizó el estudio denominado ‘Vías terciarias: oportunidades para su fortalecimiento en el Valle del Cauca’, este cuantifica que se requerirían cerca de $2,5 billones en un horizonte de 15 años para poner a punto y mantener en óptimas condiciones nuestra red departamental. Un reto enorme, por lo que debemos avanzar en priorizar los corredores y sofisticar las herramientas de gestión de activos viales. Hacer de esto un propósito común de región es clave. La convergencia de recursos es fundamental, debemos aprovechar la decisión política del actual Gobierno Nacional de financiar estas vías para sumar recursos propios de la Gobernación y las alcaldías, además de regalías, obras por impuestos, e incluso de cooperación internacional.
Según este estudio, que al final es una herramienta que busca contribuir a la priorización de las intervenciones en la red rural, unos de los corredores que se destacan en una primera fase son: el corredor Roldanillo – La Tulia – Trujillo – Riofrio, las vías hacia el Águila y el Cairo, todas de gran importancia para consolidar las apuestas productivas y el turismo, de esta zona del departamento. De igual manera en la región sur, los corredores en Dagua y la Cumbre, lo mismo que en las zonas rurales de Palmira y Cerrito, solo por dar algunos ejemplos.
Las vías terciarias deben estar en nuestra agenda regional de prioridades como complemento indispensable para los grandes proyectos que hemos venido impulsando. Solo con territorios rurales fortalecidos y conectados, seremos más competitivos y alcanzaremos el desarrollo regional reduciendo las disparidades y la pobreza.
*Tomado de elpais.com.co
Puedo parecer ‘disco rayado’, pero nuevamente debo escribir sobre el MÍO. Contar con una movilidad urbana sostenible nos permite a los ciudadanos tener una ciudad con mejor calidad de vida. A los que montan en el sistema y a los que no.
El MÍO nos debe preocupar a todos, porque si este no funciona, todos los ciudadanos perdemos. Por la contaminación, por el desorden que vivimos actualmente, por los tiempos de desplazamiento de quienes nos movemos en la ciudad. Por esto, tanto para usuarios como para no usuarios, es necesario contar con un sistema de transporte público de calidad que llegue a todos los sectores, que sea puntual, cómodo y sea seguro.
Recientemente, la Alcaldía socializó una serie de estrategias para implementar un Sistema Inteligente e Integrado de Transporte Público, que se financiaría con los $ 1,3 billones aprobados por el Concejo con cargo a la sobretasa de la gasolina. Lo anterior sustentado en la consultoría realizada por la firma Transconsult. Al respecto, surgen muchas inquietudes cuando la alcaldía y MetroCali han tratado de llevar las recomendaciones de la consultora a la práctica.
Preocupa profundamente que faltando solo cuatro meses para finalizar esta administración se pretenda invertir cerca de $383 mil millones, sin que se sustente de manera precisa cómo estas inversiones van a mejorar los costos de operación, la calidad del servicio al usuario y el aumento de pasajeros.
En particular, no se ha sustentado por qué se prioriza la compra de flota de buses y no otras estrategias que pueden tener efectos más inmediatos sobre la sostenibilidad del MÍO y la oferta de transporte al ciudadano, tales como la recuperación de flota existente para aumentar frecuencias, evitar la invasión de carriles del MÍO, controlar los colados en el sistema, entre otros. Pero además, no es claro quién operaría estos buses: ¿Los concesionarios privados actuales? ¿Un nuevo operador privado? O, ¿se creará un nuevo operador público? Cualquier escenario de estos implica un riguroso proceso de estructuración que aún no se conoce.
Por otro lado, si bien es fundamental apostarle a la integración entre el MÍO y otros componentes del transporte para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos, todavía no se entiende cómo se hará esto y cómo el MÍO seguirá siendo eje principal de la movilidad local. Hacerle mantenimiento a los carriles mixtos de la Simón Bolívar es bueno; sin embargo, ¿por qué priorizar esto y no el tramo III de la troncal oriental? O, ¿por qué no hacer las dos cosas?
Finalmente, no se entiende cómo en esta coyuntura se pretende modificar el Convenio de Vías entre Metrocali y la Alcaldía de Cali. Dentro de esta modificación se pretende disminuir la relevancia del MÍO, renunciando a elevar su oferta de transporte, al ajustar la programación de la operación del MÍO de acuerdo a lo que la Alcaldía disponga en el presupuesto para el Fondo de Estabilización FESDE. Obligar a Metrocali a ajustar la programación de la operación del MÍO de acuerdo al recaudo, es minimizar al masivo a su mínimo expresión y no brindarle un servicio de calidad a los ciudadanos.
Preocupación es la única palabra que tengo frente a este tema. Invito a todos los caleños a que no perdamos de vista la gravedad de este asunto. Sin MÍO no habrá Tren de Cercanías (que estamos ad portas de entregarlo para viabilidad técnica al Ministerio de Transporte) y sobre todo, sin MÍO no habrá calidad de vida para los caleños.
*Tomado de elpais.com.co
Desde ProPacífico, los Gremios y el Sector Empresarial de la región expresamos nuestra profunda preocupación ante la constante utilización de vías de hecho y bloqueos en el corredor Buga – Buenaventura.
La incertidumbre generada por estas acciones que se presentan de manera constante impacta negativamente el desarrollo social y económico de las propias comunidades. Además, tienen un impacto en la movilización de la carga, según la Alianza Logística Regional promovida por el Ministerio de Transporte, de enero a mayo hubo una reducción del (-3%) respecto al año anterior en las toneladas movilizadas origen-destino por el corredor Buga-Buenaventura, afectándose negativamente el abastecimiento de Buenaventura y de las poblaciones del Pacífico.
La reducción en viajes de vehículos ligeros en lo corrido del año (- 4%), supone afectaciones negativas para la actividad turística en Buenaventura, la cual es dinamizadora de la economía local. Es decir, se golpea directamente los ingresos de las propias comunidades, puesto que la llegada de viajeros es clave para la actividad turística, de la cual dependen significativas iniciativas económicas y puestos de trabajo de los habitantes de Buenaventura.
En ese sentido, hacemos un llamado a las comunidades para que las demandas ante el Gobierno Nacional y demás autoridades del orden departamental y municipal, se tramiten sin hacer uso de las vías de hecho, teniendo en cuenta que esta práctica antes que contribuir al bienestar de las comunidades, supone un impedimento para el desarrollo social y económico de Buenaventura y sus habitantes.
De igual manera, exhortamos a los gobiernos Nacional, Departamental y Local a que se faciliten de manera más expedita y oportuna los canales y mecanismos de diálogo y soluciones, con el fin de contar con una política preventiva ante estas situaciones.
