La semana pasada nos encontramos en un foro para seguir hablando de la movilidad de Cali. Esta vez nos concentramos en si era viable o no la integración del MÍO con el transporte colectivo y las gualas, teniendo el servicio al usuario como prioridad. Fue un espacio de mucho aprendizaje, en el que estuvieron los actores más relevantes del sistema y oímos percepciones de los ciudadanos a través de la iniciativa Cali para Mí.
Fueron varias conclusiones las que nos quedaron. La primera es que debemos seguir hablando, ya no solo en auditorios en el centro de la ciudad sino también en espacios comunitarios de la ladera o del distrito. Si queremos poner al usuario en el centro de la conversación, debemos ir a escucharlo directamente.
La segunda es que la gran mayoría de los actores del sistema SÍ quieren la integración, ya que reconocen los beneficios para el usuario. Es decir, que la dicotomía entre el colectivo y el MÍO ya no debe existir y que sí pueden trabajar juntos por un sistema en el que todos quepan. También nos quedó claro que hay tareas pendientes como la chatarrización, que será fundamental para continuar con este proceso, sobre todo pensando en los propietarios de los buses.
Así mismo, concluimos que tener un sistema público de transporte eficiente no solo beneficia a los usuarios del sistema, sino a toda la ciudad porque disminuye la congestión y la accidentalidad, y precisamente por eso es fundamental que todos acatemos las normas de tránsito, respetemos los carriles exclusivos y hagamos frente común para que el civismo sea nuestra bandera. Además, quedó claro que los ilegales o piratas no deben tener cabida y que la administración tiene una obligación de combatirlos.
Este diálogo también nos permitió corroborar que la integración traerá beneficios al usuario porque reducirá costos y tiempos de transporte. Por ejemplo, con los mismos $2.900 una mamá de Siloé podrá tomar una guala y seguir su trayecto en el MÍO hasta su destino final sin tener que montarse en piratas. La integración también le traerá al usuario más comodidad porque en este proceso habrá reposición de los buses del colectivo y las gualas por vehículos más cómodos, seguros y amigables con el medio ambiente.
Los tiempos de espera y trayectos también mejorarán, cada modo se especializará en sus fortalezas y hará que, aunque se necesite transbordos, todo fluya más rápido. Con esta integración también lograremos una de las cosas más anheladas por los usuarios que es que el transporte los deje más cerca a su destino. En los próximos meses se implementará un piloto que nos asegurará que el modelo si funciona y como caleños debemos estar atentos a los resultados y subirnos al bus del trabajo en equipo por este objetivo común que debe ser de todos.
Otro paso importante para que esto avance será que la Alcaldía pueda tener los recursos para la renovación de flota del MÍO, con lo cual la flota será pública, lo que se traducirá en una mayor sostenibilidad del sistema. Por esto es fundamental que los concejales ahora que discutirán el empréstito se sumen a esta conversación, donde el ciudadano debe ser el centro de todo
Finalmente, para los que se preguntan cómo entra el tren de cercanías en este esquema la respuesta es que será fundamental, una alternativa que ayudará a generar una oferta sostenible, atractiva y segura, empezando por el primer tramo entre Jamundí y Cali, ya con avances importantes como la confirmación de la cofinanciación por parte del Ministerio de Transporte que se dio ayer en la tarde. Mi invitación es a que sigamos generando acciones concretas para construir la movilidad de calidad y sostenible que nos merecemos.
Tomado de elpais.com
La vía Mulaló - Loboguerrero es un proyecto del que venimos hablado desde hace muchos años. Son 32 km que hemos sufrido como región en sus avances, pero sobre todo en sus tropiezos. Solo para hablar de la historia más reciente, fue en diciembre del 2014 que se adjudicó este proyecto, en marzo del 2015 se dio el acta de inicio del proyecto y hasta el 2017 se logró el cierre de las consultas previas, con lo cual el Concesionario pudo radicar el Estudio de Impacto Ambiental en agosto de ese mismo año.
Sin embargo, solo hasta cuatro años después, el 17 de agosto del 2021, la Anla otorgó la licencia ambiental del proyecto. Aunque la decisión significaba un gran avance, cinco días antes el Concesionario había presentado ante el Tribunal de Arbitramento la terminación anticipada del contrato por fuerza mayor ambiental. En abril de 2023 el Tribunal de arbitramento negó la pretensión del Concesionario, dado que ya se contaba con licencia ambiental desde el 2021 y ordenó el inicio de la fase de construcción. Todos nos alegramos y pensamos que por fin arrancaría el proyecto, sabiendo que el Gobierno y el concesionario llevaban meses negociando una conciliación sobre un ajuste a los precios debido al tiempo que había pasado. Este acuerdo nunca logró formalizarse.
Hoy estamos a la espera de que otro tribunal de arbitramento tome una decisión sobre la petición del Concesionario de que se dé terminación anticipada del contrato por desequilibrio económico e inviabilidad financiera o que el Gobierno Nacional y este concilien la liquidación o continuidad del proyecto, reconociéndole al concesionario un valor por el tiempo transcurrido. La región ha pedido por todos los medios que se continúe con el proyecto, contar con esta vía permitirá reducir en una hora la llegada de la carga a Buenaventura al disminuir en 52 km el trayecto entre Cali y Buenaventura, lo cual supone importantes ahorros en costos de transporte y logísticos, que impulsan la competitividad de todo el suroccidente colombiano.
Ya ha sido mucho tiempo perdido, por eso pensar en una liquidación debe mortificarnos. No obstante, si el escenario llega a ser este y efectivamente este contrato no puede seguir, el llamado de la región en una sola voz debe ser que los recursos consignados por el Gobierno hasta la fecha en la fiducia y los comprometidos hasta el 2032 se reserven para construir este corredor. Por esto ‘la interfase’ entre un momento y otro debe ser absolutamente transparente y clara. No podemos permitir que el contrato se liquide sin asegurar que los recursos queden reservados.
La Mulaló- Loboguerrero se necesita, el Valle del Cauca y Colombia la necesitan. Por lo tanto, es absolutamente inconveniente aceptar cualquier cosa que no nos asegure la ejecución y terminación de este proyecto. Entendemos que el Gobierno Nacional en el escenario de la liquidación prefiere hacerlo por obra pública, salida que tiene varios interrogantes. Sin embargo, este no es el problema de hoy. Nuestro enfoque debe estar en insistir en que como primera medida se ejecute el contrato actual y si no se puede, debemos asegurar que los recursos que ya están destinados para esta vía no se vayan a ningún otro frente, incluso así sea de interés regional.
En el caso de la Mulaló - Loboguerrero, como en muchos otros, nos convoca los intereses regionales y el trabajo articulado de todos los que hacemos parte de este ecosistema político, empresarial y social. Es fundamental que rodeemos este proyecto y protejamos los recursos, sobre todo en esta coyuntura en la que el Gobierno necesita caja y está viendo las vigencias futuras de este proyecto como una salida para tener recursos en el corto plazo.
Tomado de elpais.com
Cuando se radicó el Presupuesto General de la Nación del 2025 el país y sobre todo los congresistas entraron en la disyuntiva de una nueva tributaria -ley de financiamiento- o la reducción en el gasto de al menos $12 billones, monto en el que el PGN 2025 se encuentra desfinanciado. Ayer el ministro de Hacienda y Crédito Público radicó la ley de financiamiento, dejando claro que para el Gobierno la salida es la nueva tributaria.
Realmente no se sabe qué es peor. Por un lado, una tributaria en este momento es absolutamente inconveniente. Hoy cuando se habla de reactivación, la premisa es que necesitamos más inversión pública y privada, pero más carga tributaria no ayudará con esto. Otra cosa sería si estuviéramos hablando de ampliar la base para que más colombianos contribuyeran, pero ese tema en Colombia está vedado y el proyecto radicado no parece reabrir la conversación. Todavía falta mucho más análisis a lo radicado ayer, pero lo claro es que, aunque se baja el impuesto de renta para algunas empresas en los próximos años, les mantiene y en algunos casos incluso les incrementa la tributación a otros sectores de la economía y a algunas personas naturales.
Por el otro lado está la conversación sobre el recorte presupuestal. Tal como lo han planteado, pareciera que la alternativa es dejar a los más pobres sin programas sociales o no honrar las vigencias futuras, sobre todo las de los proyectos de infraestructura. Teniendo en cuenta este panorama, es necesario entrar a discutir sobre la evolución del gasto público en los últimos años y el importante crecimiento que ha tenido lo que se denomina gasto de funcionamiento, que es donde se podría aplicar este recorte presupuestal.
Entre 2020 y 2021, mientras el gasto de funcionamiento aumentó en un 3% la deuda pública creció en un 25% debido a la pandemia, lo que para todos fue la decisión adecuada en un momento muy complejo. Sin embargo, este aumento del gasto de funcionamiento posteriormente creció de manera significativa con incrementos del 11%, entre en los años 2022 y 2023 y del 22% entre el 2023 y 2024. Adicionalmente, se tiene el fondo de estabilización de precios de los combustibles que lleva una deuda por años y que representa un gasto público muy importante.
Como pasa en los hogares de los colombianos y en las empresas, en el caso de la Nación, si no hay suficientes recursos una opción es buscar generar más ingresos, pero también lo es reducir gastos, sobre todo los de funcionamiento. El Gobierno antes de pensar en una ley de financiamiento debe mostrarle al país un plan de ahorro y austeridad más claro, por ejemplo, focalizar mejor el gasto o castigar los presupuestos de inversión de las entidades que recurrentemente son malas ejecutoras y así generar los ahorros que se necesitan para equilibrar el presupuesto. No es razonable que estemos en esta discusión sobre los recursos públicos con unos niveles de ejecución en inversión que en el 2024 van en el 30% con corte al mes de agosto.
Además de todo lo anterior, recordemos que para tener más impuestos lo importante es tener una economía creciendo, que haya capital y que este se invierta, que se genere empleo y eso no se logra si hacemos sobre tributar a los que tienen la capacidad de hacerlo, sean estas empresas grandes, medianas o pequeñas. Recordemos también que el presupuesto público es una buena herramienta para el crecimiento económico y que una ejecución eficiente y enfocada en proyectos que impulsen la reactivación puede hacer la diferencia e impulsar el cierre de brechas sociales.
Las discusiones que dará el Congreso en los próximos días serán fundamentales para el futuro de nuestro país, debemos esperar que en el marco de la institucionalidad tanto las comisiones económicas como el Gobierno sean responsables con el país.
Tomado de elpais.com