Cuando hablamos de calidad en la educación, la mayoría de veces nos referimos a los programas para disminuir el rezago escolar, fortalecer competencias básicas y mejorar indicadores en las pruebas Saber. Sin embargo, no damos igual importancia a la contribución de la infraestructura escolar sobre el rendimiento académico de los estudiantes.
De acuerdo con estudios realizados por el Banco Mundial, la CAF y otras organizaciones, invertir en el mejoramiento de la infraestructura genera un impacto positivo en la calidad educativa, pues al contar con instalaciones adecuadas y dotadas, se mejora la tasa de matrícula, la permanencia y la culminación del ciclo educativo.
También, disminuye el ausentismo de los docentes, asociado a la falta de ambientes idóneos para la enseñanza y, finalmente, genera un impacto mayor en los resultados de aprendizaje, ya que inversiones en este aspecto, definitivamente contribuyen a la consolidación de condiciones que motivan, impulsan y fomentan el desarrollo de mejores e innovadoras prácticas pedagógicas con los estudiantes.
En el año 2016, el Ministerio de Educación Nacional desplegó su apuesta de mejoramiento, ampliación y construcción de nueva infraestructura educativa en la que la articulación local, regional y nacional permitiría cofinanciar las obras a través de la creación del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE, como una cuenta especial del Ministerio, que se encargaría de este propósito. Esta fue una muy buena intención, a la que se sumaron la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Buenaventura para beneficiar a más de 37 mil estudiantes de 59 Instituciones Educativas Oficiales con una inversión histórica de $366 mil millones.
Sin embargo, han pasado siete años desde que se inició este proceso y específicamente en alcaldías como las de Cali y Buenaventura, hoy se presentan rezagos importantes en la ejecución de las obras. Muchas están inconclusas, demolidas o lo que es aún peor, están sin iniciar, afectando considerable el proceso académico de estudiantes y docentes.
La ministra de Educación Aurora Vergara y su equipo de trabajo visitaron el distrito de Buenaventura para plantear acuerdos sobre las problemáticas educativas. Precisamente, uno de los grandes temas tratados fue la infraestructura escolar, pues son doce Instituciones Educativas las que forman parte del ambicioso proyecto liderado por el FFIE. A hoy, ninguna está terminada ni puesta al servicio de las comunidades escolares.
Cali no es ajena a las dificultades y con 23 Instituciones Educativas en este proyecto, solo ocho están terminadas, otras diez están en ejecución y cinco reasignadas, en trámites de licencias o permisos con el Dagma. El FFIE espera que antes de finalizar el 2023 se entreguen dos Instituciones más al servicio escolar.
Si bien hay acciones que prometen ser un alivio para la terminación de las obras, la preocupación en las comunidades y las autoridades locales y regionales continúa, pues pasarán dos gobiernos distritales mientras que miles de estudiantes siguen sin ambientes escolares que contribuyan en su proceso educativo. Desde ProPacífico hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que las obras proyectadas sean concluidas en el menor tiempo posible. No podemos permitir que la calidad de la educación de nuestros estudiantes siga afectándose. Ya fueron suficientes dos años de rezago escolar durante la pandemia y ahora la infraestructura escolar, no puede convertirse en la mayor causa de deserción y de bajos niveles de aprendizaje.
La de Buenaventura parece ser una historia de nunca acabar. El terror constante al cual están sometidos los bonaverenses no puede convertirse en una noticia más de cada cierto tiempo y debe preocuparnos a todos. Los hechos recientes que amenazan la estabilidad social y de orden público nos exige actuar en conjunto, armar un frente común de acción y tomar medidas urgentes.
Como ya lo expresamos en el llamado hecho al Gobierno Nacional desde Compromiso Valle, la Cámara de Comercio de Buenaventura y el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, las intervenciones no deben ser solo en términos militares y de fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública. Se requiere en paralelo la construcción de tejido comunitario y la generación de una oferta real de oportunidades que respondan a las demandas sociales de miles de jóvenes y sus familias que hoy, no tienen esperanza.
Si bien la situación actual de Buenaventura es producto de un conflicto complejo y que viene de años atrás con variables que superan las realidades exclusivas del territorio, lo cierto es que le corresponde al Gobierno Nacional implementar las medidas necesarias para reestablecer la tranquilidad y proteger la vida de sus habitantes.
Al mismo tiempo que se fortalece la presencia del Estado, se deben potenciar los procesos sociales y empresariales que hoy se dan en el territorio. En estos hay un camino de esperanza, hay liderazgos que vienen haciendo frente a las diferentes situaciones de violencia, y que impulsan día a día a muchos jóvenes para que sigan un camino distinto al de la violencia. Gracias a esos procesos, hoy hay jóvenes bonaverenses que tienen la meta de emprender, emplearse y construir un liderazgo diferente para el Distrito. Tenemos la obligación de multiplicar esto y que sus metas sean las de todos.
Pensando en el largo plazo, un camino de paz y desarrollo realmente sostenible para Buenaventura, se requiere de la concurrencia de todos: el sector público, el privado, la iglesia, las organizaciones de base y la cooperación internacional para adelantar junto a la comunidad acciones contundentes que pongan fin de manera definitiva al terror que nuevamente amenaza a la ciudadanía.
La situación social y orden público en Buenaventura requiere de una acción decidida y conjunta en todos los niveles. Lo que está en juego es la viabilidad misma del territorio, no podemos darnos el lujo de ser espectadores mientras la comunidad y sus líderes siguen haciendo frente a la situación.
Buenaventura es mucho más que un puerto, pero no deja de ser el puerto de Colombia en el Pacífico, al que situaciones como las recientemente vividas les restan competitividad respecto a otros puertos. Si no implementamos medidas urgentes vamos a seguir arriesgando y perdiendo vidas y, además, vamos a perder el puerto. Debemos seguir fortaleciendo el liderazgo local como un camino para la construcción de las acciones de corto, mediano y largo plazo que se requieren. Sin embargo, estos líderes no pueden estar solos, necesitamos de todo Colombia para alcanzar el desarrollo de nuestra Buenaventura, porque Buenaventura es de todos.
*Tomado de elpais.com.co
En este punto nadie debería discutir la importancia que tiene la educación para el desarrollo de una región y por ende un país. Sin embargo, en muchas regiones de nuestro país, y tristemente en nuestro Valle del Cauca, seguimos viendo cómo la educación está lejos de ser fuente de desarrollo y un derecho garantizado para millones de niños.
Como cada año, nos sigue doliendo que el Valle del Cauca este en el puesto 5 del resultado general del Índice Departamental de Competitiva del Consejo Privado de Competitividad. Parte de la explicación de este desempeño sigue siendo que somos el puesto 21 en el pilar de educación básica y media. En este resultado se conjugan una muy mala cobertura en toda la trayectoria educativa, una alarmante deserción escolar en educación secundaria y media, y una baja inversión en calidad educativa. Aunque algunos podrán decir que mejoramos por que pasamos del puesto 24 al 21, lo cierto es que estar en esta posición es inaceptable para una región como el Valle del Cauca.
Desde otra perspectiva, la semana pasada fueron presentados los nuevos datos de pobreza multidimensional. Si bien quitando el año de la pandemia, desde el 2018 nuestro departamento venía bajando, en el reporte de este año presentamos un aumento de 1,1 puntos porcentuales. La explicación: bajo logro educativo, rezago escolar y trabajo informal, fueron los componentes de mayor incidencia entre los hogares. Esto evidencia nuevamente que la educación es la explicación de estos resultados, pues el trabajo informal, en buena parte de los casos, es el resultado de una mala calidad educativa o de deserción escolar, lo que les impide a los jóvenes acceder a trabajos formales.
Estos datos fríos los hemos podido comprobar en los últimos años con el trabajo de Compromiso Valle. Arrancamos con jóvenes que pedían oportunidades, muchos querían emplearse, mientras otros querían educación superior. No obstante, la verdad es que, aunque muchos tienen las ganas y la decisión, muchos de estos jóvenes no “la tienen fácil”. Como sociedad les hemos quedado mal; debido a las deficiencias en la calidad educativa, pues, aunque muchos han completado el bachillerato su desempeño en las pruebas Saber 11 no les posibilita entrar a educación superior, quedando así frustrados y relegados a una educación técnica también de mala calidad y poco pertinente.
A esto que ya es grave, se suman los que dejan el colegio en noveno grado porque no ven en la educación ningún beneficio y prefieren salir a la calle a buscar el sustento. Para ellos, transitar hoy a un empleo formal no es sencillo, entre otras cosas, por las grandes debilidades en competencias y habilidades socioemocionales de la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes, lo que les impide y tomar decisiones adecuadas sobre sus proyectos de vida
No más discursos y buenas intenciones, ¡Necesitamos acciones concretas sobre lo que verdaderamente impacta el desempeño escolar y evita la deserción! Requerimos del trabajo articulado entre el sector público y el privado para detener este círculo vicioso en el que estamos. La educación debe ser el principio y el fin de cualquier visión de desarrollo. Invito a todos los que por estos días quieren hacerse elegir a cargos de elección popular que le ‘paren bolas’ a este asunto y que no perdamos más tiempo. ¡No les podemos seguir quedando mal a nuestros niños, niñas y jóvenes!
*Tomado de elpais.com.co
