La semana pasada fue desgarrador ver la larga fila de caleños, en su mayoría adultos mayores, esperando por medicamentos afuera de la sede de Disfarma en la Avenida Las Américas en Cali. Sin embargo, lo más triste es leer en X la respuesta y explicaciones de miembros del Gobierno Nacional sobre esta grave situación.

Como ya había escrito en esta columna, sin reforma a la salud, el gobierno Petro ya cambió para siempre el sistema de salud de nuestro país que, imperfecto y con los graves problemas financieros que presentaba, hacía que tuviéramos un muy bajo gasto de bolsillo. Mientras en nuestro país el gasto era del 15 %, el promedio en países de la Ocde es del 20 % y en el resto del mundo del 33,2 %.

Cada vez son más frecuentes las quejas por el aumento de este gasto en salud, que sabremos de cuánto fue de forma cuantitativa en la próxima Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (Enph) a cargo del Dane. También debemos decir que con el sistema anterior a buena parte de la población se le garantizaba el acceso a la atención de salud (con excepción de los sitios más remotos, en donde se debió enfocar la reforma a la salud).

Esto sin duda ha cambiado, el Gobierno Nacional ha intervenido ocho EPS de las 21 que hay en el país y ahora el Estado es el responsable de la salud del 65 % colombianos, teniendo en cuenta el número de afiliados que concentran las EPS intervenidas.

Desde el 2024, con el inicio de las intervenciones, los Pqrd han aumentado en un 20 % y las tutelas para acceder a medicamentos, insumos o servicios PBS un 50 %.

Así mismo, para solo hablar del Valle del Cauca, tanto hospitales públicos como privados han cerrado atención en servicios de ginecoobstetricia como en la Clínica Farallones en Cali y los servicios materno-infantiles en la Clínica Palmira (en todo el país se han cerrado más de 22 servicios de pediatría). Lo anterior justificado en que los presupuestos máximos no han sido pagados y la UPC no se ha recalculado, a pesar de un fallo de la Corte Suprema.

Adicionalmente, aunque hay poca información pública, ya se está implementando uno de los pilotos de la reforma a la salud que es el nuevo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que ha dejado bastantes insatisfacciones entre los maestros.

Sostener que nada de esto es responsabilidad del Gobierno y que hay un entramado para perjudicarlo realmente es poco creíble, sobre todo cuando han salido a la luz pública los problemas de corrupción de los interventores que, por cierto, han tenido una movilidad importante.

La salud de los colombianos debe estar primero y los colombianos no podemos caer en engaños. Sobre todo, no debemos caer en la narrativa promovida de ProEPS o AntiEPS que solo nos divide y poco hace en la búsqueda de las soluciones.

Es claro que la salud perfecta y para todos que se ha prometido está lejos de llegar y mientras se sigue insistiendo en culpar a otros, a los colombianos se les deteriora su salud. Requerimos que el Gobierno Nacional asuma las consecuencias de sus decisiones y ojalá, con menos discursos y más acciones, al menos inyecte al sistema los recursos necesarios que requiere.

Tomado de elpais.com

El papel y el aporte del sector privado a los asuntos públicos siempre ha sido y será un tema de debate en nuestro país, pero la llegada al poder de un presidente de izquierda y/o progresista ha avivado la discusión, en particular, en lo relacionado con el sector privado como prestador de servicios públicos o proveedor de bienes públicos en coordinación con el Estado.

En este contexto se han tratado de imponer reformas o cambios legales y administrativos argumentando que lo público debe prestar y administrar lo público, olvidando lo que nos ha demostrado la historia, en el sentido que la decisión no debe basarse en visiones subjetivas o ideológicas, sino en criterios técnicos que determinen cuál es la forma más eficiente y con el menor riesgo para proveer el bien o servicio a la ciudadanía.

Sin duda, todos los extremos son malos (también comprobado por la historia). Ni un Estado gigante que haga de todo, ni un sector privado haciendo de todo con un Estado mínimo. El Estado es el encargado de hacer las políticas públicas, regular y determinar quién puede prestar el mejor servicio o proveer de mejor manera los bienes públicos, teniendo en cuenta que no es bueno en todo y algunas veces es ineficiente en lo que le corresponde.

El sector privado, en este contexto, entra donde hay oportunidad de mercado y rentabilidad, lo que no tiene nada de malo, así muchos lo quieran satanizar ¡Todos ganan! El empresario que hace utilidades con un negocio rentable y contribuye al desarrollo, el Estado porque transfiere gran parte de los riesgos a un tercero que tiene la experiencia y la capacidad de innovar para prestar mejor el servicio y, por último, aún más importante: el ciudadano que se beneficia con bienes y servicios públicos de calidad. Obviamente, la remuneración al privado debe ser justa, por lo que la regulación y la transparencia en los procesos es fundamental. Ejemplos actuales son la generación y prestación del servicio de energía, la salud y la infraestructura. En el Valle del Cauca vivimos este dilema con la continuidad del modelo de concesión para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ya que, aunque todos los ministros de Transporte de este gobierno han afirmado que la concesión seguirá, lo cierto es que llevamos los tres años de este mandato esperando a que se realicen los trámites para que la APP de iniciativa privada (IP) sea adjudicada.

Hace un año, en el marco de la COP16, dábamos esta misma discusión frente a la inconveniencia de que la Aerocivil tomará el control del Aeropuerto y aunque el Gobierno quiso decir que no sería grave, ellos mismos decidieron que no era conveniente un aeropuerto operado por la entidad pública para este evento internacional.

La Aerocivil se necesita para planificar y regular la aviación del país y para operar aeropuertos en los que no son viables los esquemas de participación privada, pero para un aeropuerto como el de Palmira, con su magnitud y complejidad, no tiene sentido. Sin duda, será más ineficiente y nos hará perder tiempo y competitividad como región. Algunos dicen que la concesión actual no ha sido la mejor y eso se tendrá que discutir con números y datos. Sin embargo, la responsabilidad del Estado es obligar a que se preste el mejor servicio y ampliar las opciones de conectividad aérea, no acabar la concesión. Los vallecaucanos exigimos un aeropuerto competitivo y con los mejores estándares. Esperamos que el Gobierno Nacional avance en los trámites correspondientes y haga todo para recuperar el tiempo perdido para evitar que se le tenga que devolver el Aeropuerto a la Aerocivil y si es así, que el tiempo sea el mínimo.

Tomado de elpais.com

El futuro de un territorio, ciudad o país, sin duda, está en su gente. Y es que somos las personas las que tenemos la capacidad de innovar, crear y transformar realidades. No es casualidad que cuando se habla de productividad y competitividad siempre se haga referencia al talento humano, a la importancia de su formación y calidad. Precisamente, la historia nos demuestra que son las invenciones de hombres y mujeres las que nos han permitido avanzar con descubrimientos e innovaciones que en su momento eran inimaginables, la agricultura, las revoluciones industriales y hoy en día la inteligencia artificial son testimonios de ello.

En los últimos 100 años la humanidad ha tenido más avances tecnológicos y científicos que los que se podían dar en milenios, y eso se debe en gran parte a que la educación dejó de ser un privilegio para convertirse en una necesidad.

Por esto es tan importante que pensemos que la educación, además de ser un derecho fundamental, es la única forma que tenemos para hacer de Colombia un mejor país para todos, más próspero, más competitivo y más equitativo. Esto último no es un argumento menor, ya que no hay mejor forma de generar equidad que dándole educación de calidad a todos nuestros niños y niñas. Con educación la movilidad social está casi asegurada.

Sin duda, es un completo despropósito que no hablemos más de la situación de la educación en el país, arrancando por la primera infancia. En Colombia solo el 36 % de los niños de 0-5 años reciben algún tipo de atención, y para el Valle del Cauca este porcentaje es del 31 %. Ya en la educación básica y media, la cobertura y la calidad educativa están teniendo una realidad crítica. Mientras en Colombia el 3,7 % de los estudiantes de colegios oficiales desertan, en Cali este porcentaje llega al 6,68 % en los colegios oficiales, cifra que ha ido aumentando progresivamente desde el 2020.

Si hablamos de cobertura, en Colombia llega al 83,5 % de la población en edad de estudiar, mientras que en Cali solo llega al 80,6 %. El panorama tampoco es alentador en calidad educativa, actualmente el puntaje global promedio de pruebas Saber para colegios oficiales de Cali es 251 (SED, 2024) estando tres puntos por debajo del promedio nacional. Estas cifras muestran que debemos establecer una apuesta de país y de ciudad que fomente que nuestros niños quieran estar y permanecer en las aulas de clase y, por lo tanto, que ellos sean el centro y fin último de la educación.

Estas cifras deberían ser razón más que suficiente para que todos en una sola voz peleáramos por esta causa. Sin embargo, es triste ver cómo son pocos los que se dan esta pelea y hacen control político por estos temas. Sin duda, la educación tiene voceros, pero están más enfocados en luchar por los derechos de los maestros que por los de los niños. Y menos, en sentido más amplio, en pensar en los efectos de esta mala educación para el país.

Cuando me encuentro a jóvenes de 18-20 años que no terminaron el colegio y les pregunto la razón, la gran mayoría me contesta que porque no les parecía que la educación les fuera a ayudar en nada ¡Qué tristeza!, pero lo cierto es que la educación de hoy no les ayuda mucho. Sé que algunos podemos tener la sensación de que a los jóvenes de hoy les fallamos y que en parte son una generación perdida. Sin embargo, me queda la esperanza que, si trabajamos juntos por los niños de hoy ellos, los jóvenes del futuro serán los que saquen la cara por sus padres, quienes crecieron en un sistema que no les dio las herramientas para alcanzar su máximo potencial.

Tomado de elpais.com

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