Cali siempre ha sido parte del Chocó biogeográfico, ha tenido a Los Farallones, sus siete ríos. Ecosistemas que han sido casa de un sinnúmero de aves y de diferentes especies. Sin embargo, pareciera que solo hasta el año pasado con la COP16 fue cuando abrazamos lo que somos como ciudad y decidimos pensarnos alrededor de este gran activo: nuestra riqueza natural.
Hace algunos días Cali 500 presentó una visión de ciudad en la que la biodiversidad tiene un papel fundamental: en el año 2050, Cali será referente internacional en sostenibilidad, a partir del cuidado de la biodiversidad y la interculturalidad, como pilares para el desarrollo territorial, social y económico.
Sin duda, lograr este objetivo común implicará, entre muchas cosas, ordenar nuestro territorio alrededor del cuidado y protección de nuestros ecosistemas, pero también la posibilidad de viabilizar actividades sociales y económicas teniendo en cuenta este potencial. Para los que piensan que esta visión es ‘muy verde’, es importante señalar que hablar de cuidado de la biodiversidad no implica frenar el desarrollo económico. Por el contrario, obliga a pensar cómo se aprovecha ese potencial para general valor social y económico para todos.
Son muchas las acciones que tendremos que emprender para alcanzar este objetivo, pero sin lugar a dudas el fortalecimiento de las huertas urbanas y periurbanas se debe considerar como una de ellas. Son alrededor de 300 huertas las que están mapeadas, existen comunitarias, educativas y familiares. A través del programa Sembrando Compromiso, de la mano de Sembrando Cali, Compromiso Valle lleva cuatro años trabajando en más de 14 huertas madres y 30 satélites, en su mayoría comunitarias. Nuestras huertas tienen cara de mujer de entre 28 y 59 años, vive en los estratos 1 y 2 y el 60 % cuenta únicamente con estudios hasta secundaria.
En este tiempo hemos comprobado que las huertas mejoran el acceso a alimentos, así como los hábitos saludables. El 90 % de nuestros huerteros afirman que de las huertas obtienen alimentos para sus hogares y se han podido cuantificar ahorros de cerca de 90 millones de pesos en este rubro en los últimos 3 años.
Nuestras huertas han generado conexiones de valor, ventas de productos y servicios. En el año 2024 y lo corrido del 2025 se han vendido casi 40 millones de pesos en productos como compost, bocashi, biofertilizantes, plántulas, además de servicios relacionados con el ecoturismo y talleres, entre otros.
Las huertas también han sido el lugar donde se construyen relaciones sociales y se resignifican espacios que antes estaban a merced de las delincuencias y los vicios para convertirlos en espacios en los que la salud mental mejora y las personas son felices.
Hoy, cuatro años después, somos unos convencidos del impacto que estamos generando. Sin embargo, se requiere una política pública que regule las huertas porque, así como hay historias de éxito, tenemos algunas menos favorables. Actualmente, diferentes dependencias de la Administración desarrollan programas relacionados con huertas, pero de manera desarticulada, lo que limita su efectividad. Es fundamental que el POT que se está construyendo las tenga en cuenta como oportunidad de desarrollo territorial sostenible e inclusivo y que la Alcaldía centralice y articule los programas y apoyos existentes para las diferentes huertas, garantizando su sostenibilidad.
Tomado de elpais.com
El bienestar de todos como sociedad, y en especial de los más vulnerables, debe ser una prioridad colectiva. Por ello, las Naciones Unidas consolidaron desde 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso global para poner fin a la pobreza, y garantizar prosperidad para todos, estableciendo metas desde las dimensiones social, ambiental y económica, con horizonte a 2030. Para el cumplimiento de esta agenda, un actor clave es el Estado; sin embargo, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional también tienen un rol fundamental.
El Estado no solo es clave, sino que es el máximo responsable, al contar con la facultad de regular para incentivar comportamientos privados y tener la mayor capacidad de inversión y ejecución de políticas públicas. Es decir, que la obligación por parte del Estado y los gobiernos que lo administran transitoriamente se sustenta no solo en el mandato democrático que le otorgan los ciudadanos al elegir a los gobiernos, sino también en el hecho de que ellos administran la fuente más grande de recursos que ciudadanos y empresas aportan para el desarrollo, a través de los impuestos.
Sin duda, la sociedad civil y la cooperación internacional son vitales en esta fórmula. La primera porque es quien elige a los gobiernos y, en muchos casos, cuando se une en fundaciones u organizaciones sociales, ejecuta y habilita muchos de los programas. Además, porque al trabajar directamente con las comunidades y conocer de cerca sus necesidades, es quien impulsa reales innovaciones. Por su parte, la cooperación internacional porque apoya la financiación, conecta esfuerzos como actor de confianza y cocrea gran parte de las iniciativas.
El sector privado, además de pagar impuestos, y generar empleo y riqueza para que la economía crezca, juega un rol como financiador del desarrollo a través del sector financiero. Su contribución también se manifiesta mediante la filantropía que viene de fundaciones empresariales y/o familiares. No obstante, el sector privado y sobre todo sus empresarios y colaboradores tienen un rol mucho más importante: aportar a la innovación social y ser los mejores voceros, con la palabra y los hechos, de la importancia de este necesario objetivo común, especialmente cuando trabajan de forma articulada con la sociedad civil.
En el Valle del Cauca tenemos un gran ejemplo que es referente nacional e internacional: Compromiso Valle. Empresas que han decidido ir más allá de la filantropía y vincularse con el cierre de brechas socio-económicas en todo el sentido de la palabra. Empresarios que sacan tiempo de sus agendas para escuchar y construir lazos de confianza con líderes sociales y comunidades. Como siempre digo en público y en privado, los recursos son fundamentales para que Compromiso Valle pueda hacer lo que hace, pero sin los seres humanos, dentro y fuera de las empresas, que genuinamente están comprometidas con la construcción de capital social, no sería lo mismo.
Estamos aún lejos de alcanzar todas las metas de desarrollo, pero lo principal para seguir avanzando en esta agenda, es reconocer que la lucha por la equidad no pertenece a un único partido político o persona. Es vital reconocer el rol que juegan las empresas y los empresarios en la transformación social y que es a través del impacto colectivo que alcanzaremos el bienestar para todos.
Tomado de elpais.com
Es incontrovertible que por algunos años en Colombia alcanzamos a tener algo de seguridad, se redujeron de manera significativa los homicidios, las masacres, los hurtos y los secuestros. Tuvimos elecciones con mayor libertad y sin amenazas de los violentos, dado que el Estado llegó a tener (como es debido) el control de casi todo el territorio. Lo anterior, sin desconocer que esta haya sido la realidad de todas las personas y comunidades, y que el conflicto se mantuvo en algunos puntos del país.
Sin embargo, esta realidad se fue deteriorando por alcanzar una paz que nunca llegó. Y tristemente el narcotráfico -que nunca se ha ido- aún es la principal causa de la violencia de nuestro país. Hoy en día este flagelo se alterna con otras economías ilegales como la minería ilegal, el secuestro y el contrabando, siendo la fuente jugosa para los múltiples grupos armados que operan en nuestro país.
Nuevamente, la violencia se siente tanto en el campo como en las ciudades. Hemos visto en regiones como el Catatumbo o el Suroccidente el avance del control territorial de diferentes grupos armados al margen de la ley, hostigamientos, pueblos controlados por estos grupos y ofensivas terroristas como las de la semana pasada, son la mayor muestra de este fenómeno.
En lo urbano, el microtráfico está enquistado en los barrios y usa a los jóvenes más vulnerables para sus fines; además, la muerte de líderes sociales no ha parado. Tristemente hace una semana larga tuvimos que volver a ver las imágenes que creímos nunca presenciar de nuevo: el atentado contra un líder político y precandidato presidencial.
En la historia, la paz y la seguridad siempre han sido relacionadas con ideologías políticas particulares. Sin embargo, ambas son necesidades y sobre todo derechos fundamentales de todos los colombianos, sin importar la ideología. Las víctimas de la violencia en Colombia han provenido de todos los sectores de la sociedad, sin importar sus diferencias socioeconómicas.
Por esto, darnos seguridad para poder vivir en paz es una obligación de todos los mandatarios, independientemente de su ideología política. Por el tamaño que adquirió el problema debemos avanzar en varios caminos a la vez: necesitamos unas Fuerzas Armadas robustecidas, evitando que se siga perdiendo el control del territorio y que crezcan los grupos al margen de la ley; necesitamos también el fortalecimiento de la justicia para que pueda investigar y procesar las organizaciones criminales; pero mientras esto se hace con intensidad, debemos enfrentar con urgencia y eficiencia las causas más profundas de la violencia mejorando la educación, la salud, la generación de oportunidades para los más vulnerables y los demás efectos sociales que se requieren para tener una mejor sociedad para todos.
Exigir más seguridad no es desear una guerra eterna, como algunos afirman, vivir seguros es una necesidad fundamental, por esto debemos estar unidos sobre este llamado a los gobiernos y líderes políticos. A pesar de lo grave de las últimas semanas no podemos perder la esperanza, Colombia puede alcanzar la paz si hacemos las cosas bien y exigimos seguridad y paz para todos, es nuestro derecho ¡No más violencia!
Tomado de elpais.com