Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
La semana pasada fue desgarrador ver la larga fila de caleños, en su mayoría adultos mayores, esperando por medicamentos afuera de la sede de Disfarma en la Avenida Las Américas en Cali. Sin embargo, lo más triste es leer en X la respuesta y explicaciones de miembros del Gobierno Nacional sobre esta grave situación.
Como ya había escrito en esta columna, sin reforma a la salud, el gobierno Petro ya cambió para siempre el sistema de salud de nuestro país que, imperfecto y con los graves problemas financieros que presentaba, hacía que tuviéramos un muy bajo gasto de bolsillo. Mientras en nuestro país el gasto era del 15 %, el promedio en países de la Ocde es del 20 % y en el resto del mundo del 33,2 %.
Cada vez son más frecuentes las quejas por el aumento de este gasto en salud, que sabremos de cuánto fue de forma cuantitativa en la próxima Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (Enph) a cargo del Dane. También debemos decir que con el sistema anterior a buena parte de la población se le garantizaba el acceso a la atención de salud (con excepción de los sitios más remotos, en donde se debió enfocar la reforma a la salud).
Esto sin duda ha cambiado, el Gobierno Nacional ha intervenido ocho EPS de las 21 que hay en el país y ahora el Estado es el responsable de la salud del 65 % colombianos, teniendo en cuenta el número de afiliados que concentran las EPS intervenidas.
Desde el 2024, con el inicio de las intervenciones, los Pqrd han aumentado en un 20 % y las tutelas para acceder a medicamentos, insumos o servicios PBS un 50 %.
Así mismo, para solo hablar del Valle del Cauca, tanto hospitales públicos como privados han cerrado atención en servicios de ginecoobstetricia como en la Clínica Farallones en Cali y los servicios materno-infantiles en la Clínica Palmira (en todo el país se han cerrado más de 22 servicios de pediatría). Lo anterior justificado en que los presupuestos máximos no han sido pagados y la UPC no se ha recalculado, a pesar de un fallo de la Corte Suprema.
Adicionalmente, aunque hay poca información pública, ya se está implementando uno de los pilotos de la reforma a la salud que es el nuevo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que ha dejado bastantes insatisfacciones entre los maestros.
Sostener que nada de esto es responsabilidad del Gobierno y que hay un entramado para perjudicarlo realmente es poco creíble, sobre todo cuando han salido a la luz pública los problemas de corrupción de los interventores que, por cierto, han tenido una movilidad importante.
La salud de los colombianos debe estar primero y los colombianos no podemos caer en engaños. Sobre todo, no debemos caer en la narrativa promovida de ProEPS o AntiEPS que solo nos divide y poco hace en la búsqueda de las soluciones.
Es claro que la salud perfecta y para todos que se ha prometido está lejos de llegar y mientras se sigue insistiendo en culpar a otros, a los colombianos se les deteriora su salud. Requerimos que el Gobierno Nacional asuma las consecuencias de sus decisiones y ojalá, con menos discursos y más acciones, al menos inyecte al sistema los recursos necesarios que requiere.
Tomado de elpais.com
Cuando se piensa en alcanzar el desarrollo en cualquier territorio, sin duda, se debe tener en cuenta la salud de sus habitantes como variable fundamental. Una población enferma no solo aumenta las muertes -seguramente en muchos casos prevenibles- sino que genera altos costos económicos y sociales.
Por esto desde ProPacífico venimos trabajando desde hace ocho años en mejorar la gestión del riesgo y la navegabilidad de las personas en el sistema de salud, especialmente en lo que tiene que ver con enfermedades crónicas como el cáncer, frente en el que hemos adelantado acciones en alianza con City Cancer Challenge. Así mismo, hemos trabajado en el acceso efectivo al sistema con programas como Hospital Padrino en alianza con la Fundación Valle del Lili.
Los dos programas vienen transformando vidas en la región. En el primero se mejoró un 20 % el diagnóstico oportuno de las mujeres con cáncer de seno en el último año, lo que a su vez significa más probabilidades de supervivencia a la enfermedad; mientras que Hospital Padrino se ha convertido en un modelo nacional para la disminución de la mortalidad materna, gracias a la formación del talento humano en salud y la telemedicina, dos componentes que han contribuido a disminuir consistentemente este indicador en la región.
En América Latina, las enfermedades crónicas representan más del 70 % de las muertes, lo que afecta la competitividad de los países al aumentar el gasto en salud y reducir la fuerza laboral activa. En Colombia, la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles le cuesta al país más del 2 % del PIB cada año, lo que evidencia que invertir en salud es también una estrategia clave para el desarrollo económico y social sostenible.
Lo anterior no se alcanza sin un trabajo colectivo contundente. Desde ProPacífico estamos convencidos de que en la salud, como en los demás componentes del desarrollo, el trabajo colectivo es determinante. Precisamente los logros que hemos tenido en la lucha contra el cáncer y la mortalidad materna en la región se han dado gracias a la capacidad que se ha tenido de sentar en la mesa a los diferentes actores del sistema en entornos de confianza, con información transparente para todos y siempre con el propósito de encontrar objetivos comunes.
En un momento de tanta dificultad para el sistema de salud colombiano, es clave alzar la voz para evidenciar que sí se pueden dar resultados en salud sin hacer los cambios estructurales propuestos, que tristemente más que un cambio de modelo parece una ‘venganza’ contra unos actores del sistema.
Lamentablemente en materia de salud el panorama no es alentador y lo más grave está por venir. La desfinanciación del sector cada día es más evidente, sumado a que ya era un sistema con problemas de sostenibilidad. Recientemente, la Corte Suprema instó al Ministerio de Salud a ponerse al día con el pago de los presupuestos máximos y a recalcular el insuficiente valor de la UPC, pero no vemos al Gobierno tomando acciones. Todos los días oímos noticias del cierre de servicios o de hospitales por la falta de pago de las EPS, hoy en su mayoría administradas por el Estado.
Lo que es un hecho es que la salud de los colombianos se está deteriorando y todos los días será peor. En los días venideros no solo sumaremos muertos, sino que el bienestar y la productividad se verán seriamente perjudicados. Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso actúen con responsabilidad y tomen acciones para parar esto.
Tomado de elpais.com