El bienestar de todos como sociedad, y en especial de los más vulnerables, debe ser una prioridad colectiva. Por ello, las Naciones Unidas consolidaron desde 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso global para poner fin a la pobreza, y garantizar prosperidad para todos, estableciendo metas desde las dimensiones social, ambiental y económica, con horizonte a 2030. Para el cumplimiento de esta agenda, un actor clave es el Estado; sin embargo, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional también tienen un rol fundamental.
El Estado no solo es clave, sino que es el máximo responsable, al contar con la facultad de regular para incentivar comportamientos privados y tener la mayor capacidad de inversión y ejecución de políticas públicas. Es decir, que la obligación por parte del Estado y los gobiernos que lo administran transitoriamente se sustenta no solo en el mandato democrático que le otorgan los ciudadanos al elegir a los gobiernos, sino también en el hecho de que ellos administran la fuente más grande de recursos que ciudadanos y empresas aportan para el desarrollo, a través de los impuestos.
Sin duda, la sociedad civil y la cooperación internacional son vitales en esta fórmula. La primera porque es quien elige a los gobiernos y, en muchos casos, cuando se une en fundaciones u organizaciones sociales, ejecuta y habilita muchos de los programas. Además, porque al trabajar directamente con las comunidades y conocer de cerca sus necesidades, es quien impulsa reales innovaciones. Por su parte, la cooperación internacional porque apoya la financiación, conecta esfuerzos como actor de confianza y cocrea gran parte de las iniciativas.
El sector privado, además de pagar impuestos, y generar empleo y riqueza para que la economía crezca, juega un rol como financiador del desarrollo a través del sector financiero. Su contribución también se manifiesta mediante la filantropía que viene de fundaciones empresariales y/o familiares. No obstante, el sector privado y sobre todo sus empresarios y colaboradores tienen un rol mucho más importante: aportar a la innovación social y ser los mejores voceros, con la palabra y los hechos, de la importancia de este necesario objetivo común, especialmente cuando trabajan de forma articulada con la sociedad civil.
En el Valle del Cauca tenemos un gran ejemplo que es referente nacional e internacional: Compromiso Valle. Empresas que han decidido ir más allá de la filantropía y vincularse con el cierre de brechas socio-económicas en todo el sentido de la palabra. Empresarios que sacan tiempo de sus agendas para escuchar y construir lazos de confianza con líderes sociales y comunidades. Como siempre digo en público y en privado, los recursos son fundamentales para que Compromiso Valle pueda hacer lo que hace, pero sin los seres humanos, dentro y fuera de las empresas, que genuinamente están comprometidas con la construcción de capital social, no sería lo mismo.
Estamos aún lejos de alcanzar todas las metas de desarrollo, pero lo principal para seguir avanzando en esta agenda, es reconocer que la lucha por la equidad no pertenece a un único partido político o persona. Es vital reconocer el rol que juegan las empresas y los empresarios en la transformación social y que es a través del impacto colectivo que alcanzaremos el bienestar para todos.
Tomado de elpais.com
Cuando se piensa en alcanzar el desarrollo en cualquier territorio, sin duda, se debe tener en cuenta la salud de sus habitantes como variable fundamental. Una población enferma no solo aumenta las muertes -seguramente en muchos casos prevenibles- sino que genera altos costos económicos y sociales.
Por esto desde ProPacífico venimos trabajando desde hace ocho años en mejorar la gestión del riesgo y la navegabilidad de las personas en el sistema de salud, especialmente en lo que tiene que ver con enfermedades crónicas como el cáncer, frente en el que hemos adelantado acciones en alianza con City Cancer Challenge. Así mismo, hemos trabajado en el acceso efectivo al sistema con programas como Hospital Padrino en alianza con la Fundación Valle del Lili.
Los dos programas vienen transformando vidas en la región. En el primero se mejoró un 20 % el diagnóstico oportuno de las mujeres con cáncer de seno en el último año, lo que a su vez significa más probabilidades de supervivencia a la enfermedad; mientras que Hospital Padrino se ha convertido en un modelo nacional para la disminución de la mortalidad materna, gracias a la formación del talento humano en salud y la telemedicina, dos componentes que han contribuido a disminuir consistentemente este indicador en la región.
En América Latina, las enfermedades crónicas representan más del 70 % de las muertes, lo que afecta la competitividad de los países al aumentar el gasto en salud y reducir la fuerza laboral activa. En Colombia, la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles le cuesta al país más del 2 % del PIB cada año, lo que evidencia que invertir en salud es también una estrategia clave para el desarrollo económico y social sostenible.
Lo anterior no se alcanza sin un trabajo colectivo contundente. Desde ProPacífico estamos convencidos de que en la salud, como en los demás componentes del desarrollo, el trabajo colectivo es determinante. Precisamente los logros que hemos tenido en la lucha contra el cáncer y la mortalidad materna en la región se han dado gracias a la capacidad que se ha tenido de sentar en la mesa a los diferentes actores del sistema en entornos de confianza, con información transparente para todos y siempre con el propósito de encontrar objetivos comunes.
En un momento de tanta dificultad para el sistema de salud colombiano, es clave alzar la voz para evidenciar que sí se pueden dar resultados en salud sin hacer los cambios estructurales propuestos, que tristemente más que un cambio de modelo parece una ‘venganza’ contra unos actores del sistema.
Lamentablemente en materia de salud el panorama no es alentador y lo más grave está por venir. La desfinanciación del sector cada día es más evidente, sumado a que ya era un sistema con problemas de sostenibilidad. Recientemente, la Corte Suprema instó al Ministerio de Salud a ponerse al día con el pago de los presupuestos máximos y a recalcular el insuficiente valor de la UPC, pero no vemos al Gobierno tomando acciones. Todos los días oímos noticias del cierre de servicios o de hospitales por la falta de pago de las EPS, hoy en su mayoría administradas por el Estado.
Lo que es un hecho es que la salud de los colombianos se está deteriorando y todos los días será peor. En los días venideros no solo sumaremos muertos, sino que el bienestar y la productividad se verán seriamente perjudicados. Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso actúen con responsabilidad y tomen acciones para parar esto.
Tomado de elpais.com