En los últimos años el suroccidente del país ha visto cómo empeora su situación de seguridad de manera grave, y con esto no quiero decir que antes era perfecta, pero sin duda en la región se recrudeció la acción de grupos armados, crecieron muchas economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, y todo eso ha tenido distintas consecuencias, entre ellas violaciones a los derechos humanos aterradoras. Como prueba triste de toda esta dinámica encontramos que entre 2020 y 2024 los cultivos de coca aumentaron en más de 118 mil hectáreas, según el informe más reciente de las Naciones Unidas.
Por esto la decisión política del presidente Abelardo de la Espriella de posesionarse inicialmente en el Cauca y ahora en el Valle del Cauca, específicamente en Cali, es una acción muy importante. No solo por el mensaje de ser contundente frente a la criminalidad, sino por el de la cercanía con las regiones, sobre todo con esta región que está lista a trabajar para que nuestro futuro sea diferente, teniendo en cuenta todas nuestras potencialidades.
En cuanto a las apuestas del país en comercio exterior, contamos con Buenaventura, el Puerto de Colombia al Pacífico que esperamos que, con el apoyo del Gobierno Nacional, por fin logre con el dragado de profundización del canal las condiciones óptimas para tener mayor competitividad en el mercado internacional. Pero sobre todo necesitamos avanzar para que su gente pueda tener agua 24 horas al día y que la educación se brinde con calidad y pertinencia.
Cali y el Valle del Cauca merecen y requieren un impulso en su infraestructura para mejorar su competitividad, pero especialmente para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Nuestro Tren de Cercanías, un proyecto clave para la movilidad urbana regional, está estructurado y listo para avanzar. Con la cofinanciación del Gobierno Nacional se podrá hacer realidad este sueño de los vallecaucanos.
De igual forma, la concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón está esperando las aprobaciones gubernamentales para dar apertura a la selección del concesionario que modernizará esta importante infraestructura para fortalecer el turismo y los negocios en el suroccidente. En ambos casos lo más importante es que necesitamos la decisión política, que evidentemente no se tuvo en los últimos cuatro años. Todos estos son proyectos de alto valor estratégico regional y nacional que pueden tener victorias tempranas en los primeros meses del nuevo gobierno.
En esa misma línea está la PTAR Cañeveralejo, un proyecto que tiene un impacto regional y nacional en la recuperación del río Cauca. Para ello es fundamental la cofinanciación del tratamiento secundario de la PTAR, que ya cuenta con estudios y diseños a detalle.
También urgen acciones rápidas en materia del sistema de salud, dado que el suroccidente consolida una gran cantidad de usuarios que están afiliados a EPS intervenidas y las consecuencias que desencadenan esta situación son cada día más insostenibles no solo para los pacientes sino para la red hospitalaria pública y privada que ya no aguanta.
Finalmente, trabajar por la educación de nuestras niñas y niñas que son el futuro de nuestra región y del país, debería ser una obsesión a compartir con el gobierno entrante para que demos un impulso definitivo a nuestra región y tengamos en la educación la herramienta principal para cambiar la vida de millones de personas, especialmente de aquellas que no han contado con muchas oportunidades.
El Valle del Cauca tiene un conjunto de potencialidades que pueden contribuir de manera significativa en las apuestas nacionales; un tejido empresarial diverso y de alto valor, un capital humano de alto nivel, y un liderazgo social listo para seguir construyendo la historia. Este gobierno que comenzará el 8 de agosto encontrará un ecosistema privado y social que trabaja de la mano, con prioridades más claras y conjuntas. El Valle del Cauca es la demostración de que la escucha y la unión en la diversidad es posible, es un territorio que tiene todo para avanzar y seguir construyendo la Colombia que todos queremos.
Tomado de elpais.com.co
Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
En esta época electoral, a nuestra región vienen muchos candidatos a la Presidencia. También arrancan las campañas de muchos representantes a la Cámara y senadores que quieren reelegirse o los que por primera vez aspiran a ser parte del Legislativo. Esta coyuntura nos obliga a revisar cómo le ha ido a la región en los últimos cuatro años, ya que debemos incidir en que los que quieren llegar al Ejecutivo o al Legislativo con votos en nuestra región se comprometan con las grandes apuestas de nuestro territorio.
En términos de la asignación presupuestal de la Nación, en los últimos ocho años reportados (corte 2024), al Valle del Cauca se le han apropiado cerca de $ 31 billones$ , cifra considerablemente inferior a la de Antioquia (47 billones) y Bogotá, con $ 57 billones.
Si bien el número de habitantes tiene cierta influencia en los montos asignados, en sectores como transporte, que no dependen de estos parámetros poblacionales, al Valle se le asignaron para el mismo periodo $ 4,1 billones, mientras que Antioquia recibió una asignación de $ 13,7 billones. Precisamente, las gestiones que se han realizado desde la región para proyectos como el de la doble calzada Buga – Buenaventura han contribuido al aumento del presupuesto regionalizado para el Valle del Cauca. Las vigencias futuras comenzaron a girarse el año pasado por un valor de $ 395.900 millones, lo que contribuye a reducir la brecha frente a Antioquia y Bogotá. Lo claro es que, revisando los presupuestos nacionales, al Valle del Cauca se le ha aumentado el presupuesto, a precios constantes, el 31 % en los últimos cinco años.
Este ejemplo nos demuestra que hemos avanzado en términos de incidencia regional, pero nos deja claro que aún tenemos un camino largo por recorrer en otros frentes de infraestructura de transporte y movilidad urbana. También, que debemos exigir mayor apoyo nacional en asuntos como la PTAR Cañaveralejo y el sistema de acueducto de Buenaventura, además de proyectos estratégicos de energía y de infraestructura educativa, solo para mencionar algunos.
Para entrar en detalle y haciendo un balance de los grandes proyectos de infraestructura, debo decir que tenemos logros, pero también frustraciones. Para empezar con lo bueno, el Valle del Cauca tiene dos proyectos 5G en construcción: la Nueva malla vial del Valle, con ejecución del 47 %, y el corredor Buga-Buenaventura, que ya mencionaba, con un avance del 18 %. Estos proyectos tienen retos como todos los de infraestructura, pero se han estado ejecutando y ya empezamos a ver las obras. Desde el punto de vista regional, tenemos la Santander de Quilichao-Popayán, que está en un 46 % de avance, pero que ha sido seriamente afectada por los temas de seguridad.
En cuanto a las frustraciones, sin duda la lista la encabeza el Tren de Cercanías, proyecto al que el actual Gobierno Nacional le negó los recursos de cofinanciación, por lo que la primera tarea de la bancada de congresistas del Valle y del Presidente electo es asegurar el aval técnico y los recursos por el 70 % del valor total del proyecto. Así mismo, es clave la cofinanciación de flota eléctrica para el MIO, tal cual como lo hicieron con Bogotá para el Transmilenio antes de finalizar la Ley de Garantías.
En cuanto a la vía Mulaló - Loboguerrero, es inconcebible que en cuatro años no se haya logrado acordar las condiciones para el inicio de su construcción. También que no se haya logrado finalizar la estructuración integral del dragado de Buenaventura ni asegurar los recursos para iniciar las obras de profundización del canal, vital para el comercio de Colombia con el mundo.
También está la nueva concesión para la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que no se adjudicó y que hoy nos tiene con la Aerocivil como operadora del aeropuerto, haciéndonos perder competitividad y recursos importantes para Palmira.
Este es solo el resumen de los temas de infraestructura, pero los asuntos relevantes pasan también por temas sociales tan importantes como la educación de calidad que requiere nuestra región y la mejora de la salud que tan afectada se ha visto en los últimos años. Así mismo, está todo lo relacionado con la seguridad que se viene deteriorando exponencialmente en todo el suroccidente. El llamado es claro: pidamos con una sola voz que nuestras prioridades sean tenidas en cuenta y convertidas en realidad. No hablemos de deudas, pero sí exijamos lo que necesitamos.
Tomado de elpais.com
