La necesidad de fortalecer componentes como educación, primera infancia y movilidad, además de la importancia de la integración de proyectos a escala supramunicipal y el planteamiento de estrategias de financiación sostenibles, fueron algunas de las conclusiones del foro ‘Planes de desarrollo, la hoja de ruta de Cali y el Valle del Cauca 2024 – 2027’ convocado por ProPacífico, que tuvo lugar el lunes 20 de mayo en el Centro Cultural Comfandi.
Este espacio tuvo como propósito analizar cómo se articulan los planes de desarrollo formulados por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali con las agendas de desarrollo y ejercicios participativos como Cali Para Mí y Agenda Regional.
La discusión sobre los proyectos necesarios para transformar la ciudad y el departamento se configuró como una contribución del sector privado a la construcción de estas importantes hojas de ruta, que marcarán el desarrollo del territorio en los próximos cuatro años, llamando la atención sobre las oportunidades que se tienen de cara a temas relevantes para la región en materia de educación, primera infancia, empleabilidad, seguridad y movilidad, medio ambiente y seguridad.
Al respecto, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico manifestó que es tarea de todos los sectores de la sociedad entender la importancia de estos documentos, discutirlos, analizarlos y sumar a su construcción colectiva. Y puntualizó que “con la definición de los planes de desarrollo, la tarea para los ciudadanos sigue para hacer que lo que quedó incluido en los planes se ejecute y es ahí donde la veeduría de todos es fundamental.”
El evento contó con un panel de discusión del cual participaron Diego Hau, director de Planeación de Cali; Diego Bustamante, subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional del Valle del Cauca y María Isabel Alvarado, directora ejecutiva de la Unidad de Acción Vallecaucana
En el marco del foro y con relación al fallo de nulidad del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Cali , Diego Hau expuso que, en acción coordinada entre el Departamento Jurídico, el Departamento de Hacienda y el departamento de Planeación, se presentará ante el Tribunal Administrativo del Valle y magistrados ponentes una modulación a la sentencia, que permitiría que el POT continúe vigente mientras se define una estrategia específica para dar cumplimiento al fallo, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones privadas que se han hecho con base legal en el POT de 2014 y de las inversiones públicas que se van a realizar en el marco del plan de desarrollo.
Igualmente, se contó con la participación de Ángela María Penagos Concha, directora para Colombia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien abordó un comparativo entre los escenarios de desarrollo locales frente al contexto global y la contribución de los PDT al desarrollo económico.
Amplíe los detalles de este evento consultando la grabación: https://bit.ly/TransmisionPlanesDeDesarrollo
ALGUNAS IMPRESIONES DE LOS PANELISTAS
“Los asuntos de competitividad superan las fronteras de un territorio como Cali y necesitan articulación y coordinación con el departamento y con municipios circunvecinos”. - Diego Hau, director de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali.
“Tenemos un reto y es lograr la financiación de los planes de desarrollo territorial, y en especial de maximizar las posibilidades de inversión real. El Plan de desarrollo departamental se mueve en dos aspectos: el primero, lograr las diferentes estrategias intersectoriales e interinstitucionales para el desarrollo conjunto de proyectos y un segundo, relacionado con modernización financiera”. - Diego Bustamante, subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional del Valle del Cauca.
“La gobernanza para el desarrollo productivo es lo que realmente va a permitir que ocurran las grandes transformaciones a largo plazo, hay que salvaguardar las condiciones de vida para la región, más allá de un tema político, porque el contexto actual mundial, nos obliga a repensar la palabra desarrollo”. - Angela María Penagos, directora para Colombia de la Comisión Económica para América Latina
“Los planes de desarrollo son esa hoja de ruta para que los mandatarios definan cómo las iniciativas comunitarias y del sector privado se conjugan con el público, para aportar a la calidad de vida de todos los habitantes del territorio.” – María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico
Poder transitar por las calles sin miedo a ser robado, salir o entrar al barrio donde vivimos o a nuestro lugar de trabajo sin pensar en que nuestra integridad está en riesgo son derechos que todos deberíamos disfrutar, sin embargo, en nuestra región algunos problemas de seguridad se nos han convertido en paisaje y nos han alejado de esa sensación de tranquilidad. Incluso, a muchos no parece alarmarlos que Cali y Palmira se mantengan entre las 50 ciudades del mundo con más homicidios o que en el Valle del Cauca haya más de 2000 muertes violentas al año.
Es un hecho que la seguridad en el suroccidente colombiano se ha ido deteriorando en los últimos años, las razones son muchas y sin duda no es solo responsabilidad de este Gobierno Nacional, ni de los recién posesionados gobiernos locales. Sin embargo, lo que sí es claro es que debemos tomar acciones decididas y concretas para frenar esta tendencia y, sobre todo, mejorarla.
Necesitamos que no se use esta situación para luchas o peleas políticas. El problema es lo suficientemente grave como para gastar el tiempo en confrontaciones. Así mismo, es claro que las soluciones no vienen de un solo actor y que como sociedad debemos unirnos para aportar a la solución.
Lo primero y fundamental son las acciones del Gobierno Nacional como primera autoridad militar y de policía del país. Sin embargo, acá se requiere mucho más que soldados y policías, es necesario contar con una mirada estratégica, la presencia permanente del ministro de Defensa y de los altos mandos militares y de policía, además de una intervención judicial que aporte con investigación y judicialización.
A los grupos al margen de la ley se les combate con inteligencia, golpes contundentes de la fuerza pública y cero tolerancias con sus acciones criminales. La búsqueda de la paz debe ser un propósito de todos, pero para lograrlo se requiere de la disposición de todas las partes y en el suroccidente ni las disidencias, ni los otros grupos al margen de la ley han demostrados reales intenciones de hacer la paz.
Por otro lado, se requiere de gobiernos locales decididos a coadyuvar con el gobierno central, aportando recursos que apoyen a la fuerza pública y programas de prevención de la violencia. De esta situación no saldremos solo con pie de fuerza y la lucha armada, es de vital importancia generar oportunidades para los jóvenes para poder arrebatárselos a los grupos armados. También es importante generar entornos de desarrollo en la ruralidad.
Algo en lo que deberíamos enfocarnos es en involucrar a la ciudadanía, no como una red de informantes o extensión de la fuerza pública, sino como los principales actores que conocen el territorio y saben cómo se puede arrebatar a los jóvenes del peligro de ser reclutados. Algunos de estos programas ya se implementan en la región en el marco de Compromiso Valle, integrando la capacidad del sector privado, público, comunidad y la academia.
En un país donde se ha hecho tanta política con la guerra y la paz es difícil dar estas discusiones, pero no hay nada más social que la seguridad, está en juego el principal derecho que es la vida de los ciudadanos. Tenemos que volver a centrar nuestras fuerzas en lo importante. No hay desarrollo ni prosperidad sin la seguridad, por esto debemos unirnos para darle solución a este flagelo que parece no tener tregua en esta zona del país.
Tener una buena movilidad en las ciudades es fundamental, no solo porque mejora la calidad de vida de sus habitantes, sino porque las decisiones que se toman en este frente afectan varios otros. Por ejemplo, enfocarnos en el vehículo particular, carros o motos, como medio de transporte principal, trae consecuencias en la congestión y la afectación al medio ambiente, sin contar con los riesgos asociados a la salud pública por la alta accidentalidad y el aumento de emisiones.
Por estas razones y sobre todo ad portas de ser anfitriones de la COP16 debemos analizar y pensarnos nuestra movilidad de manera integral. Esta conversación no solo es de Cali, ya que la ciudad tiene relaciones funcionales con sus municipios vecinos. La última Encuesta de Movilidad origen-destino realizada por Metro Cali, son más de 3,7 millones de viajes dentro y entre Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria.
La conversación debe girar alrededor de tener una red vial en buen estado a nivel interno, como en los accesos y pasos urbanos. En este sentido, el planteamiento no es acabar con los vehículos particulares, sino generar una movilidad más eficiente, en la que el transporte público sea el centro de una movilidad urbana sostenible.
Cali tiene el MÍO, los buses colectivos, los camperos que transportan en ladera y esperamos tener prontamente el tren de cercanías. Pero aun teniendo esto, es evidente que no tenemos un sistema que cumpla con los criterios de confiabilidad y accesibilidad que necesita la ciudad. Los últimos años, por errores de planeación y ejecución del MÍO, nos la hemos pasado en una falsa discusión entre el MÍO y el colectivo, lo que no ha permitido enfocar los esfuerzos y articular a la institucionalidad para garantizar una oferta de transporte público de calidad. Hemos dejado que la ilegalidad se tome las calles y que la calidad en el transporte y el cuidado del medio ambiente no sean prioridad.
Con todo y sus errores, debemos salvar el MÍO. El Gobierno Nacional y el local le han invertido recursos que no pueden botarse a la basura. El MÍO debe ser el eje estructurante de la movilidad y debe integrarse con otros medios de transporte, buscando eficiencia y no competencia.
Para lograrlo, se debe terminar la troncal oriental del MÍO para que el sistema conecte con el oriente, además de descargar la tarifa técnica de costos innecesarios. La compra de flota es fundamental para hacer la transición a energías limpias y ayudar con la sostenibilidad financiera del sistema. Finalmente, se debe configurar cómo hacer para que esa integración sea rentable y eficiente para el MÍO y el transporte colectivo, siempre pensando en el usuario. Sin duda, para que esto funcione se debe trabajar fuertemente en sacar de las calles el transporte ilegal y la Secretaría de Movilidad tiene un trabajo muy importante en este aspecto.
El MÍO debe mejorar su servicio para que los caleños lo vuelvan a considerar como un medio de transporte útil y efectivo. Para esto las frecuencias y la puntualidad son fundamentales. Vemos con satisfacción que los Indicadores este año han mejorado, con 294.855 pasajeros promedio día hábil frente 267.823 en el año 2023. El índice de puntualidad reporta un 80,9% frente a 73,9% en el 2023.
Sin duda, son muchas las discusiones que aún debemos dar. Por eso, desde ProPacífico y la Cámara de Comercio de Cali realizaremos un foro a finales de mes para que sigamos debatiendo, siempre pensando primero en el ciudadano, sin intereses particulares y protegiendo el medio ambiente.
Tomado de elpais.com.co