El Pacífico colombiano enfrenta desafíos significativos en materia de salud materna y neonatal. En Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño la situación es desafiante. Con más de 78 mil nacimientos en 2022, que representan el 14% del total nacional, la falta de acceso a una atención médica de calidad ha contribuido a tasas alarmantes de mortalidad materna y neonatal. En 2022, se reportaron 47 casos de mortalidad materna temprana y 1,318 casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía en la región, evidenciando una grave problemática de salud pública.
Estos desafíos no solo afectan la salud de las madres y los recién nacidos, sino que también tienen profundas consecuencias socioeconómicas. La pérdida de ingresos familiares, la disminución en la productividad y el detrimento del patrimonio familiar son algunas de las secuelas que estas tragedias dejan a su paso. La situación se agrava aún más en las comunidades rurales y remotas, donde las barreras para acceder a atención médica oportuna durante el embarazo y el parto son más pronunciadas.
Ante este panorama, surge la necesidad de implementar mecanismos innovadores de financiación que permitan abordar estos problemas de manera efectiva y sostenible. Es aquí donde los Bonos de Impacto Social (BIS) se presentan como una solución viable y prometedora pues son instrumentos financieros diseñados para atraer inversiones privadas en proyectos que precisamente buscan generar un impacto social positivo, al tiempo que ofrecen un retorno financiero basado en el éxito de las intervenciones.
En este caso, la implementación de un bono dirigido a reducir la mortalidad materna y neonatal en el Pacífico colombiano tiene el potencial de cambiar vidas. Es con este propósito que la Fundación Valle del Lili, ProPacífico y SilverBack adelantan en el país la estructuración de este bono que busca movilizar $13,300 millones durante tres años para mejorar la atención en salud en la región.
Con un enfoque integral, este BIS involucra la capacitación de 9,500 trabajadores de la salud, la implementación de telesalud para emergencias neonatales y la mejora en la adherencia a estrategias hospitalarias. Además, beneficiará directamente a 10,000 pacientes y sus familias, así como a 235 instituciones de salud. La clave de este modelo es el pago por resultados: el retorno de la inversión está condicionado a la consecución de metas específicas, como la reducción de la letalidad materna y la mejora en la atención oportuna de emergencias.
La implementación de este bono en la región Pacífico aborda una necesidad urgente, y establece un precedente para futuros proyectos de financiación innovadora en Colombia dado que, al canalizar recursos hacia intervenciones basadas en evidencia y orientadas a resultados, los Bonos de Impacto Social pueden acelerar significativamente el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, particularmente en áreas críticas como la salud materna y neonatal.
En un país en el que las inequidades en salud son una realidad persistente, los BIS representan una herramienta poderosa para cerrar brechas y promover un desarrollo más equitativo. La esperanza es que este primer bono en el Pacífico colombiano sea solo el comienzo de una ola de innovación financiera que transforme la manera en que abordamos los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad.
Autor: Daniel Echeverri, director del Proyecto de Salud de ProPacífico.
Tomado de El País.
Aunque el Gobierno anunció el pasado 20 de julio que volvería a radicar la reforma a la salud, lo cierto es que con o sin reforma el sistema de salud colombiano no es el mismo y nunca volverá a serlo. Como ya lo he dicho en esta columna, los problemas del sistema no arrancaron en los últimos años, pero lo que sí es cierto es que de facto y por las decisiones del actual gobierno hoy estamos ad-portas de una crisis en el sistema que tristemente no solo afectará la calidad y el acceso a los servicios de salud, sino que muy probablemente cobrará la vida de miles de colombianos.
Recientemente han sido más frecuentes los anuncios públicos de IPS de mediana y alta complejidad, como el Club Noel para solo poner un ejemplo, que anuncian el cierre de algunos servicios o el cierre total de la institución. Las razones que dan es que la ADRES y las EPS, buena parte de ellas intervenidas por la Superintendencia de Salud, no están pagando a tiempo y cuando lo hacen pagan entre el 60 % y el 80 % del costo del servicio prestado. Esto sumado a que muchos de los hospitales ya tenían altas sumas de dineros en facturas no pagadas antes de las intervenciones, lo que ya hacía bastante compleja su situación de caja.
La veracidad de estas razones solo la tienen las instituciones y la Supersalud. Sin embargo, lo cierto es que sí se están dando los cierres de servicios e instituciones y que, según información de las autoridades locales -para solo hablar de nuestra región-, se puede avecinar una gran crisis por el cierre de hospitales que prestan servicios claves para nuestra población.
Es importante sumar voces por esta causa, no nos podemos dar el lujo de una crisis más profunda en nuestro sistema de salud. Es necesario que rodeemos a nuestras autoridades y a las IPS, que recopilemos la información y que juntos en una sola voz le pidamos al Gobierno y en especial a la Superintendencia que le ponga el ojo a lo que está sucediendo y, sobre todo, a lo que puede suceder.
Algunos podrán preguntar por qué este llamado ahora y no antes cuando muchos colombianos no tenían acceso a una salud de calidad o simplemente no tenían acceso. El mensaje de fondo es: si antes teníamos esos problemas con una capacidad instalada de IPS, no me quiero imaginar lo que sucederá perdiendo hospitales tanto públicos como privados por cuenta de una crisis financiera. Además, se genera la duda de qué tan sostenible es el sistema, ya que hoy sin intermediación aún no hay recursos para financiarlo.
La situación del sistema de salud hace mucho tiempo dejó de ser un tema ‘político’. Teniendo en cuenta la situación, debemos unir fuerzas, entender las cifras reales y asegurarnos de que el objetivo de todos sea proteger las vidas de los vallecaucanos y de todos los colombianos.
Tomado de elpais.com
Se ha hablado mucho de este tema en los últimos meses, sin embargo, cada día parece ponerse aún más crítica la situación de la salud de los colombianos. Nadie niega que el de nuestro país era un sistema con varios problemas, sobre todo financieros. Problemas que arrancaron cuando uno de los preceptos con los que se concibió nunca se dio. Es decir, siempre se asumió que la proporción entre los colombianos en régimen subsidiado y contributivo sería 40-60, sin embargo, la proporción fue inversa.
Por otro lado, la Corte Constitucional, vía declaratoria del derecho fundamental de la salud, incluyó coberturas que no estaban dentro del plan de beneficios. Por supuesto, nadie está en desacuerdo con incluir más servicios en la cobertura en salud, sin embargo, cada una de esas atenciones tienen un costo que debe ser pagado por alguien que al final termina siendo el Estado. Así mismo, es claro que algunas de las EPS públicas y privadas han sido acusadas de deficiente atención a sus pacientes y hasta de corrupción, esto sin contar que además la atención que brindan en las zonas más apartadas es absolutamente precaria.
Todo esto es cierto, pero también lo es que Colombia tenía uno de los menores gastos de bolsillos de Latinoamérica y que personas que hace 30 años no se imaginaban recibir atención médica sin estar expuesto a una quiebra familiar, hoy son atendidas sin correr ese riesgo y con la posibilidad de ser atendidos en las mismas clínicas que los colombianos con mayores ingresos. También, que aún con debilidades de atención, las personas son tratadas en enfermedades con una alta carga financiera individual y para el sistema como el cáncer o las enfermedades huérfanas.
Gobernar y sobre todo administrar implica hacer lo correcto para todos los ciudadanos. Es absolutamente legítimo hacer cambios, sobre todo cuando se considera que lo que está no funciona bien. Sin embargo, no es responsable hacer cambios sin planes de transición y aún más, sin buscar los consensos requeridos en las democracias.
Hoy desafortunadamente no hemos terminado de entender lo grave de la situación en la que estamos, aunque lo que ha sucedido en el magisterio da algunos indicios. 32,7 millones de colombianos están afiliados a EPS intervenidas o en solicitud de liquidación. Estas aseguradoras están debiéndole alrededor de 6 billones de pesos a los hospitales en todo el país. Y esto no es lo más grave, ya que las IPS no solo tendrán en duda estos billones, sino que los interventores han hecho público y se ha constatado en la práctica que solo se está pagando el 80% del costo de los servicios en el mejor de los casos. Lo anterior, cuando en el marco de las nuevas negociaciones los obligan a reducir el costo de sus servicios a sumas ínfimas que claramente no cubre el costo de los mismos.
Muy pronto veremos más hospitales que no recibirán a pacientes o simplemente cerrarán sus puertas ¿Será que tendremos otro villano en el sistema de salud?
Sin importar qué pase, el sistema de salud no será el mismo. En lo nacional no creo que haya respuestas en el corto plazo, por esto debemos estar lo más unidos posible en lo regional para proteger nuestras IPS y asegurar la atención de los vallecaucanos.
Tomado de elpais.com.co