Durante la celebración de los 10 años de ProPacífico reflexionábamos sobre cuál era el mejor regalo que le podíamos dar a nuestra región para conmemorar esta década de trabajo. Concluimos que el mejor regalo era comprometernos con seguir siendo el hilo naranja que conecta, pero sobre todo que no dejáramos de soñar y trabajar articulada e incansablemente por el futuro que le dejaremos a nuestros niños.
Soñamos con una región en la que ninguna de nuestras ciudades vuelva a aparecer en los listados de las más violentas del mundo, donde las economías ilegales y la violencia armada sean solo un mal recuerdo y donde los conflictos sociales encuentren solución a través del diálogo. También soñamos con una región con cero cultivos ilícitos y con una tasa de homicidios por debajo del promedio nacional como meta irrenunciable. Una región en la que la seguridad se mida en oportunidades abiertas, confianza ciudadana y convivencia pacífica.
Y cómo no soñar con una región en la que cada niña y cada niño crezcan en un entorno protector, en el que las oportunidades sean la regla, no la excepción. Una región donde la educación sea puente para que nuestros niños y niñas se visualicen en grande y donde la deserción escolar se reduzca a menos del 3%. Donde todos los jóvenes transiten de la secundaria a la educación superior o a la formación técnica con garantía de calidad. Soñamos con que, al mirar el Índice de Competitividad en 2035, el Valle del Cauca y Cali estén en el top 3 en educación a nivel nacional, siendo referentes en cobertura de educación inicial, calidad docente e innovación educativa.
En salud soñamos con un sistema financiado y menos fragmentado, en el que la interoperabilidad de la información clínica deje de ser una aspiración. Un sistema donde cada paciente, sin importar su lugar de residencia o aseguramiento, pueda ser atendido de manera continua y coordinada, con datos que transiten por el sistema y garanticen una atención oportuna y de calidad.
También visualizamos un río Cauca vivo, que beneficia a 6 millones de personas en su cuenca alta. Buenaventura con 24 horas de continuidad del servicio de agua potable. Ciudades que convivan en armonía en un entorno biodiverso y productivo, en el que le mostremos al mundo que desarrollo y sostenibilidad sí pueden ir de la mano.
Si hablamos de infraestructura, nos soñamos con un puerto de Buenaventura con altos estándares, que integre al ferrocarril y disminuya los costos logísticos; pero sobre todo nos soñamos con una Buenaventura consolidada como el corazón del comercio con el Pacífico y el mundo, generando empleo y bienestar a sus habitantes.
Visualizamos nuestro Tren de Cercanías conectando a Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, y Candelaria, así como a municipios del norte del Cauca y al aeropuerto, a través de un sistema eficiente y amigable con el medio ambiente. También visualizamos un aeropuerto que se consolida como un hub dinamizador de la economía del Valle, con el que se generen más de 34.000 empleos, a través de nuevas industrias que contribuyan a la inserción de nuestro departamento en el comercio global, además de fortalecer nuestro turismo.
Soñamos con una región donde las instituciones públicas inspiren confianza, el sector privado invierta con visión de futuro y la comunidad participe con fuerza y orgullo. Sectores que no se enfrentan, sino que se complementan, convirtiendo la diversidad en potencial y en acción. Soñamos con una región en la que programas como Compromiso Valle y Compromiso Territorio sigan uniendo empresas, fundaciones y ciudadanía para abrir caminos de empleo, educación y oportunidades a miles de jóvenes y familias que hoy sueñan con un mejor mañana.
También soñamos con un país construido desde las regiones, en el que organizaciones como las PRO continuemos trabajando en red por el desarrollo de nuestros territorios, demostrando que el compromiso del sector privado va más allá de la inversión y la generación de empleo, sembrando confianza y movilizando voluntades.
En esta época donde la retórica y las palabras se toman todos los espacios, no dejemos de soñar con un futuro mejor, pero sobre todo no dejemos de trabajar para alcanzarlo.
Tomado de elpais.com
Es incontrovertible que por algunos años en Colombia alcanzamos a tener algo de seguridad, se redujeron de manera significativa los homicidios, las masacres, los hurtos y los secuestros. Tuvimos elecciones con mayor libertad y sin amenazas de los violentos, dado que el Estado llegó a tener (como es debido) el control de casi todo el territorio. Lo anterior, sin desconocer que esta haya sido la realidad de todas las personas y comunidades, y que el conflicto se mantuvo en algunos puntos del país.
Sin embargo, esta realidad se fue deteriorando por alcanzar una paz que nunca llegó. Y tristemente el narcotráfico -que nunca se ha ido- aún es la principal causa de la violencia de nuestro país. Hoy en día este flagelo se alterna con otras economías ilegales como la minería ilegal, el secuestro y el contrabando, siendo la fuente jugosa para los múltiples grupos armados que operan en nuestro país.
Nuevamente, la violencia se siente tanto en el campo como en las ciudades. Hemos visto en regiones como el Catatumbo o el Suroccidente el avance del control territorial de diferentes grupos armados al margen de la ley, hostigamientos, pueblos controlados por estos grupos y ofensivas terroristas como las de la semana pasada, son la mayor muestra de este fenómeno.
En lo urbano, el microtráfico está enquistado en los barrios y usa a los jóvenes más vulnerables para sus fines; además, la muerte de líderes sociales no ha parado. Tristemente hace una semana larga tuvimos que volver a ver las imágenes que creímos nunca presenciar de nuevo: el atentado contra un líder político y precandidato presidencial.
En la historia, la paz y la seguridad siempre han sido relacionadas con ideologías políticas particulares. Sin embargo, ambas son necesidades y sobre todo derechos fundamentales de todos los colombianos, sin importar la ideología. Las víctimas de la violencia en Colombia han provenido de todos los sectores de la sociedad, sin importar sus diferencias socioeconómicas.
Por esto, darnos seguridad para poder vivir en paz es una obligación de todos los mandatarios, independientemente de su ideología política. Por el tamaño que adquirió el problema debemos avanzar en varios caminos a la vez: necesitamos unas Fuerzas Armadas robustecidas, evitando que se siga perdiendo el control del territorio y que crezcan los grupos al margen de la ley; necesitamos también el fortalecimiento de la justicia para que pueda investigar y procesar las organizaciones criminales; pero mientras esto se hace con intensidad, debemos enfrentar con urgencia y eficiencia las causas más profundas de la violencia mejorando la educación, la salud, la generación de oportunidades para los más vulnerables y los demás efectos sociales que se requieren para tener una mejor sociedad para todos.
Exigir más seguridad no es desear una guerra eterna, como algunos afirman, vivir seguros es una necesidad fundamental, por esto debemos estar unidos sobre este llamado a los gobiernos y líderes políticos. A pesar de lo grave de las últimas semanas no podemos perder la esperanza, Colombia puede alcanzar la paz si hacemos las cosas bien y exigimos seguridad y paz para todos, es nuestro derecho ¡No más violencia!
Tomado de elpais.com
La semana pasada fue desgarrador ver la larga fila de caleños, en su mayoría adultos mayores, esperando por medicamentos afuera de la sede de Disfarma en la Avenida Las Américas en Cali. Sin embargo, lo más triste es leer en X la respuesta y explicaciones de miembros del Gobierno Nacional sobre esta grave situación.
Como ya había escrito en esta columna, sin reforma a la salud, el gobierno Petro ya cambió para siempre el sistema de salud de nuestro país que, imperfecto y con los graves problemas financieros que presentaba, hacía que tuviéramos un muy bajo gasto de bolsillo. Mientras en nuestro país el gasto era del 15 %, el promedio en países de la Ocde es del 20 % y en el resto del mundo del 33,2 %.
Cada vez son más frecuentes las quejas por el aumento de este gasto en salud, que sabremos de cuánto fue de forma cuantitativa en la próxima Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (Enph) a cargo del Dane. También debemos decir que con el sistema anterior a buena parte de la población se le garantizaba el acceso a la atención de salud (con excepción de los sitios más remotos, en donde se debió enfocar la reforma a la salud).
Esto sin duda ha cambiado, el Gobierno Nacional ha intervenido ocho EPS de las 21 que hay en el país y ahora el Estado es el responsable de la salud del 65 % colombianos, teniendo en cuenta el número de afiliados que concentran las EPS intervenidas.
Desde el 2024, con el inicio de las intervenciones, los Pqrd han aumentado en un 20 % y las tutelas para acceder a medicamentos, insumos o servicios PBS un 50 %.
Así mismo, para solo hablar del Valle del Cauca, tanto hospitales públicos como privados han cerrado atención en servicios de ginecoobstetricia como en la Clínica Farallones en Cali y los servicios materno-infantiles en la Clínica Palmira (en todo el país se han cerrado más de 22 servicios de pediatría). Lo anterior justificado en que los presupuestos máximos no han sido pagados y la UPC no se ha recalculado, a pesar de un fallo de la Corte Suprema.
Adicionalmente, aunque hay poca información pública, ya se está implementando uno de los pilotos de la reforma a la salud que es el nuevo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que ha dejado bastantes insatisfacciones entre los maestros.
Sostener que nada de esto es responsabilidad del Gobierno y que hay un entramado para perjudicarlo realmente es poco creíble, sobre todo cuando han salido a la luz pública los problemas de corrupción de los interventores que, por cierto, han tenido una movilidad importante.
La salud de los colombianos debe estar primero y los colombianos no podemos caer en engaños. Sobre todo, no debemos caer en la narrativa promovida de ProEPS o AntiEPS que solo nos divide y poco hace en la búsqueda de las soluciones.
Es claro que la salud perfecta y para todos que se ha prometido está lejos de llegar y mientras se sigue insistiendo en culpar a otros, a los colombianos se les deteriora su salud. Requerimos que el Gobierno Nacional asuma las consecuencias de sus decisiones y ojalá, con menos discursos y más acciones, al menos inyecte al sistema los recursos necesarios que requiere.
Tomado de elpais.com