Muchas veces no le damos importancia al camino que hemos recorrido ni a lo mucho que hemos avanzado y preferimos quedarnos con lo que nos falta. Tampoco nos tomamos el tiempo para reconocer los triunfos intermedios ni las victorias tempranas, sino que nos quedamos, casi como una adicción, en todo lo que falta, gastando energía en buscar culpables y en echar culpas. Esto ocurre en la vida en general, pero también en asuntos regionales, en especial en los relacionados con los grandes proyectos de infraestructura estratégica.

No pretendo que estemos completamente felices cuando hay proyectos que han estado parados por años como la Mulaló-Loboguerrero y menos que nos olvidemos de lo que falta, como el cierre de la estructuración y financiación del dragado de profundización de Buenaventura, pero sí que reconozcamos y celebremos el camino recorrido y los proyectos que están en ejecución como la concesión 5G Nueva Malla vial del Valle que presenta un avance del 10%, con obras tan importantes como la prolongación de la Av. Ciudad de Cali hasta Jamundí.

Es un hecho que este tipo de proyectos tardan para ser una realidad y requieren fases de prefactibilidad y factibilidad, por lo que por años hablamos de ellos y solo después de mucho tiempo vemos su ejecución. Esto sin contar con las complejidades propias de nuestra normatividad que históricamente han hecho que tarden mucho más que en otros países, como por ejemplo el licenciamiento ambiental, las consultas o constantes cambios en la reglamentación.

Sin embargo, es importante ver con algo de perspectiva lo que ha pasado en la historia reciente de nuestra región. En los últimos 8 años, de 10 proyectos priorizados el Tren de Cercanías, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la vía Pasto - Popayán han pasado de fases de prefactibilidad a factibilidad y ya están listos para aprobación y apertura de licitación. Así mismo, varios proyectos como la doble calzada Buga- Buenaventura, la Vía 4G Santander de Quilichao - Popayán y la Nueva Malla Vial están hoy en ejecución, generando empleos directos e indirectos.

Esto ha sido el resultado del trabajo colaborativo, riguroso y preciso entre la Gobernación, alcaldías, Bloque Parlamentario, gremios y ProPacífico. Sin duda falta mucho y son muchas las ‘peleas’ que aún debemos dar, pero lo claro es que nuestra región tiene dos grandes proyectos en ejecución que traerán no solo competitividad, sino empleo y activación económica. También importante resaltar que hoy, a diferencia de hace algunos años, tenemos proyectos listos para competir por recursos del Gobierno Nacional como el Tren de Cercanías y esto es un paso gigante que hace que veamos con ilusión el futuro.

Debemos seguir trabajando de manera conjunta para lograr recursos para nuestra región, sin olvidarnos del camino recorrido ni de lo que hemos logrado hasta hoy. Esto debe sacarnos una sonrisa de satisfacción y nos obliga a seguir trabajando por el desarrollo de nuestro Valle del Cauca sin señalamientos y sí con mucho trabajo conjunto.

Tomado de elpaís.com

Poder transitar por las calles sin miedo a ser robado, salir o entrar al barrio donde vivimos o a nuestro lugar de trabajo sin pensar en que nuestra integridad está en riesgo son derechos que todos deberíamos disfrutar, sin embargo, en nuestra región algunos problemas de seguridad se nos han convertido en paisaje y nos han alejado de esa sensación de tranquilidad. Incluso, a muchos no parece alarmarlos que Cali y Palmira se mantengan entre las 50 ciudades del mundo con más homicidios o que en el Valle del Cauca haya más de 2000 muertes violentas al año.

Es un hecho que la seguridad en el suroccidente colombiano se ha ido deteriorando en los últimos años, las razones son muchas y sin duda no es solo responsabilidad de este Gobierno Nacional, ni de los recién posesionados gobiernos locales. Sin embargo, lo que sí es claro es que debemos tomar acciones decididas y concretas para frenar esta tendencia y, sobre todo, mejorarla.

Necesitamos que no se use esta situación para luchas o peleas políticas. El problema es lo suficientemente grave como para gastar el tiempo en confrontaciones. Así mismo, es claro que las soluciones no vienen de un solo actor y que como sociedad debemos unirnos para aportar a la solución.

Lo primero y fundamental son las acciones del Gobierno Nacional como primera autoridad militar y de policía del país. Sin embargo, acá se requiere mucho más que soldados y policías, es necesario contar con una mirada estratégica, la presencia permanente del ministro de Defensa y de los altos mandos militares y de policía, además de una intervención judicial que aporte con investigación y judicialización.

A los grupos al margen de la ley se les combate con inteligencia, golpes contundentes de la fuerza pública y cero tolerancias con sus acciones criminales. La búsqueda de la paz debe ser un propósito de todos, pero para lograrlo se requiere de la disposición de todas las partes y en el suroccidente ni las disidencias, ni los otros grupos al margen de la ley han demostrados reales intenciones de hacer la paz.

Por otro lado, se requiere de gobiernos locales decididos a coadyuvar con el gobierno central, aportando recursos que apoyen a la fuerza pública y programas de prevención de la violencia. De esta situación no saldremos solo con pie de fuerza y la lucha armada, es de vital importancia generar oportunidades para los jóvenes para poder arrebatárselos a los grupos armados. También es importante generar entornos de desarrollo en la ruralidad.

Algo en lo que deberíamos enfocarnos es en involucrar a la ciudadanía, no como una red de informantes o extensión de la fuerza pública, sino como los principales actores que conocen el territorio y saben cómo se puede arrebatar a los jóvenes del peligro de ser reclutados. Algunos de estos programas ya se implementan en la región en el marco de Compromiso Valle, integrando la capacidad del sector privado, público, comunidad y la academia.

En un país donde se ha hecho tanta política con la guerra y la paz es difícil dar estas discusiones, pero no hay nada más social que la seguridad, está en juego el principal derecho que es la vida de los ciudadanos. Tenemos que volver a centrar nuestras fuerzas en lo importante. No hay desarrollo ni prosperidad sin la seguridad, por esto debemos unirnos para darle solución a este flagelo que parece no tener tregua en esta zona del país.

Tomado de elpais.com.co

Tener una buena movilidad en las ciudades es fundamental, no solo porque mejora la calidad de vida de sus habitantes, sino porque las decisiones que se toman en este frente afectan varios otros. Por ejemplo, enfocarnos en el vehículo particular, carros o motos, como medio de transporte principal, trae consecuencias en la congestión y la afectación al medio ambiente, sin contar con los riesgos asociados a la salud pública por la alta accidentalidad y el aumento de emisiones.

Por estas razones y sobre todo ad portas de ser anfitriones de la COP16 debemos analizar y pensarnos nuestra movilidad de manera integral. Esta conversación no solo es de Cali, ya que la ciudad tiene relaciones funcionales con sus municipios vecinos. La última Encuesta de Movilidad origen-destino realizada por Metro Cali, son más de 3,7 millones de viajes dentro y entre Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria.

La conversación debe girar alrededor de tener una red vial en buen estado a nivel interno, como en los accesos y pasos urbanos. En este sentido, el planteamiento no es acabar con los vehículos particulares, sino generar una movilidad más eficiente, en la que el transporte público sea el centro de una movilidad urbana sostenible.

Cali tiene el MÍO, los buses colectivos, los camperos que transportan en ladera y esperamos tener prontamente el tren de cercanías. Pero aun teniendo esto, es evidente que no tenemos un sistema que cumpla con los criterios de confiabilidad y accesibilidad que necesita la ciudad. Los últimos años, por errores de planeación y ejecución del MÍO, nos la hemos pasado en una falsa discusión entre el MÍO y el colectivo, lo que no ha permitido enfocar los esfuerzos y articular a la institucionalidad para garantizar una oferta de transporte público de calidad. Hemos dejado que la ilegalidad se tome las calles y que la calidad en el transporte y el cuidado del medio ambiente no sean prioridad.

Con todo y sus errores, debemos salvar el MÍO. El Gobierno Nacional y el local le han invertido recursos que no pueden botarse a la basura. El MÍO debe ser el eje estructurante de la movilidad y debe integrarse con otros medios de transporte, buscando eficiencia y no competencia.

Para lograrlo, se debe terminar la troncal oriental del MÍO para que el sistema conecte con el oriente, además de descargar la tarifa técnica de costos innecesarios. La compra de flota es fundamental para hacer la transición a energías limpias y ayudar con la sostenibilidad financiera del sistema. Finalmente, se debe configurar cómo hacer para que esa integración sea rentable y eficiente para el MÍO y el transporte colectivo, siempre pensando en el usuario. Sin duda, para que esto funcione se debe trabajar fuertemente en sacar de las calles el transporte ilegal y la Secretaría de Movilidad tiene un trabajo muy importante en este aspecto.

El MÍO debe mejorar su servicio para que los caleños lo vuelvan a considerar como un medio de transporte útil y efectivo. Para esto las frecuencias y la puntualidad son fundamentales. Vemos con satisfacción que los Indicadores este año han mejorado, con 294.855 pasajeros promedio día hábil frente 267.823 en el año 2023. El índice de puntualidad reporta un 80,9% frente a 73,9% en el 2023.

Sin duda, son muchas las discusiones que aún debemos dar. Por eso, desde ProPacífico y la Cámara de Comercio de Cali realizaremos un foro a finales de mes para que sigamos debatiendo, siempre pensando primero en el ciudadano, sin intereses particulares y protegiendo el medio ambiente.

Tomado de elpais.com.co

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