Poder transitar por las calles sin miedo a ser robado, salir o entrar al barrio donde vivimos o a nuestro lugar de trabajo sin pensar en que nuestra integridad está en riesgo son derechos que todos deberíamos disfrutar, sin embargo, en nuestra región algunos problemas de seguridad se nos han convertido en paisaje y nos han alejado de esa sensación de tranquilidad. Incluso, a muchos no parece alarmarlos que Cali y Palmira se mantengan entre las 50 ciudades del mundo con más homicidios o que en el Valle del Cauca haya más de 2000 muertes violentas al año.
Es un hecho que la seguridad en el suroccidente colombiano se ha ido deteriorando en los últimos años, las razones son muchas y sin duda no es solo responsabilidad de este Gobierno Nacional, ni de los recién posesionados gobiernos locales. Sin embargo, lo que sí es claro es que debemos tomar acciones decididas y concretas para frenar esta tendencia y, sobre todo, mejorarla.
Necesitamos que no se use esta situación para luchas o peleas políticas. El problema es lo suficientemente grave como para gastar el tiempo en confrontaciones. Así mismo, es claro que las soluciones no vienen de un solo actor y que como sociedad debemos unirnos para aportar a la solución.
Lo primero y fundamental son las acciones del Gobierno Nacional como primera autoridad militar y de policía del país. Sin embargo, acá se requiere mucho más que soldados y policías, es necesario contar con una mirada estratégica, la presencia permanente del ministro de Defensa y de los altos mandos militares y de policía, además de una intervención judicial que aporte con investigación y judicialización.
A los grupos al margen de la ley se les combate con inteligencia, golpes contundentes de la fuerza pública y cero tolerancias con sus acciones criminales. La búsqueda de la paz debe ser un propósito de todos, pero para lograrlo se requiere de la disposición de todas las partes y en el suroccidente ni las disidencias, ni los otros grupos al margen de la ley han demostrados reales intenciones de hacer la paz.
Por otro lado, se requiere de gobiernos locales decididos a coadyuvar con el gobierno central, aportando recursos que apoyen a la fuerza pública y programas de prevención de la violencia. De esta situación no saldremos solo con pie de fuerza y la lucha armada, es de vital importancia generar oportunidades para los jóvenes para poder arrebatárselos a los grupos armados. También es importante generar entornos de desarrollo en la ruralidad.
Algo en lo que deberíamos enfocarnos es en involucrar a la ciudadanía, no como una red de informantes o extensión de la fuerza pública, sino como los principales actores que conocen el territorio y saben cómo se puede arrebatar a los jóvenes del peligro de ser reclutados. Algunos de estos programas ya se implementan en la región en el marco de Compromiso Valle, integrando la capacidad del sector privado, público, comunidad y la academia.
En un país donde se ha hecho tanta política con la guerra y la paz es difícil dar estas discusiones, pero no hay nada más social que la seguridad, está en juego el principal derecho que es la vida de los ciudadanos. Tenemos que volver a centrar nuestras fuerzas en lo importante. No hay desarrollo ni prosperidad sin la seguridad, por esto debemos unirnos para darle solución a este flagelo que parece no tener tregua en esta zona del país.
Se ha hablado mucho de este tema en los últimos meses, sin embargo, cada día parece ponerse aún más crítica la situación de la salud de los colombianos. Nadie niega que el de nuestro país era un sistema con varios problemas, sobre todo financieros. Problemas que arrancaron cuando uno de los preceptos con los que se concibió nunca se dio. Es decir, siempre se asumió que la proporción entre los colombianos en régimen subsidiado y contributivo sería 40-60, sin embargo, la proporción fue inversa.
Por otro lado, la Corte Constitucional, vía declaratoria del derecho fundamental de la salud, incluyó coberturas que no estaban dentro del plan de beneficios. Por supuesto, nadie está en desacuerdo con incluir más servicios en la cobertura en salud, sin embargo, cada una de esas atenciones tienen un costo que debe ser pagado por alguien que al final termina siendo el Estado. Así mismo, es claro que algunas de las EPS públicas y privadas han sido acusadas de deficiente atención a sus pacientes y hasta de corrupción, esto sin contar que además la atención que brindan en las zonas más apartadas es absolutamente precaria.
Todo esto es cierto, pero también lo es que Colombia tenía uno de los menores gastos de bolsillos de Latinoamérica y que personas que hace 30 años no se imaginaban recibir atención médica sin estar expuesto a una quiebra familiar, hoy son atendidas sin correr ese riesgo y con la posibilidad de ser atendidos en las mismas clínicas que los colombianos con mayores ingresos. También, que aún con debilidades de atención, las personas son tratadas en enfermedades con una alta carga financiera individual y para el sistema como el cáncer o las enfermedades huérfanas.
Gobernar y sobre todo administrar implica hacer lo correcto para todos los ciudadanos. Es absolutamente legítimo hacer cambios, sobre todo cuando se considera que lo que está no funciona bien. Sin embargo, no es responsable hacer cambios sin planes de transición y aún más, sin buscar los consensos requeridos en las democracias.
Hoy desafortunadamente no hemos terminado de entender lo grave de la situación en la que estamos, aunque lo que ha sucedido en el magisterio da algunos indicios. 32,7 millones de colombianos están afiliados a EPS intervenidas o en solicitud de liquidación. Estas aseguradoras están debiéndole alrededor de 6 billones de pesos a los hospitales en todo el país. Y esto no es lo más grave, ya que las IPS no solo tendrán en duda estos billones, sino que los interventores han hecho público y se ha constatado en la práctica que solo se está pagando el 80% del costo de los servicios en el mejor de los casos. Lo anterior, cuando en el marco de las nuevas negociaciones los obligan a reducir el costo de sus servicios a sumas ínfimas que claramente no cubre el costo de los mismos.
Muy pronto veremos más hospitales que no recibirán a pacientes o simplemente cerrarán sus puertas ¿Será que tendremos otro villano en el sistema de salud?
Sin importar qué pase, el sistema de salud no será el mismo. En lo nacional no creo que haya respuestas en el corto plazo, por esto debemos estar lo más unidos posible en lo regional para proteger nuestras IPS y asegurar la atención de los vallecaucanos.
Tomado de elpais.com.co
Buenaventura es de Colombia y requiere la mirada atenta, dedicada y empática de todo el país.
Buenaventura, uno de los municipios con mayor riqueza hidrográfica de Colombia –con once cuencas que dan vida a siete grandes ríos y un centenar de quebradas– y uno de los sitios más húmedos del país, en el que llueve casi todo el año, es el mismo municipio en el que paradójicamente la mayoría de sus habitantes no tienen acceso permanente al agua potable.
Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, que son parte de un reporte de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB), la cobertura del servicio de agua en el Distrito es del 79 por ciento y la continuidad no supera las 10,1 horas por día. Si esta cifra resulta difícil de creer, lo es aún más si tenemos en cuenta que, como lo confirman los bonaverenses, en realidad no son más de 3 a 6 horas diarias las que tienen el servicio. Esto sin mencionar que hay sectores que pueden pasar días y hasta semanas sin agua.
El acueducto de Buenaventura se diseñó hace más de 80 años, y desde hace más de 25 años se habla de la necesidad de modernizarlo. Con la expedición del Conpes 2861 (1996), se dio el impulso a la privatización de los servicios de acueducto y alcantarillado en Buenaventura en el año 2002 con la contratación de Hidropacífico.
Hasta esta fecha, el servicio lo prestaba directamente el Distrito y durante 20 años la ciudad contó con un prestador privado. Sin embargo, la situación no mejoró, el servicio sigue siendo intermitente y el agua no es potable. Desde el 2022, la SAAAB asumió la operación del servicio, sin cambios evidentes hasta el momento.
Lo que sí ha resultado evidente es que las inversiones en las líneas de conducción y optimización de las redes matrices que se necesitan para que las pérdidas no sean del 82 por ciento no se han hecho. Tampoco se ha trabajado en la optimización de la planta Escalerete y su bocatoma, entre algunas otras acciones necesarias para mejorar la calidad y la continuidad del servicio.
Sin embargo, lo más frustrante de esta situación es que desde 2014 se creó el Plan Todos Somos PAZcífico, que justamente tenía como objeto la inversión de más de $ 150.000 millones para el mejoramiento del acueducto de Buenaventura. Hasta la fecha, ha tenido avances e intervenciones, pero no han sido suficientes para que los bonoverenses tengan agua buena parte del día todos los días de la semana.
Qué pensarían los ciudadanos de la capital colombiana, que recientemente se han enfrentado a cortes de agua, si esta situación fuera su día a día. Sí, en Colombia, en Buenaventura, el puerto del Pacífico no tiene agua potable de manera continua.
No se puede afirmar que estas ejecutorias no se hayan dado por corrupción (aunque es mejor no escribirlo en piedra). Las causas están más dadas a falta de un equipo local capaz y dedicado a hacer que las cosas pasen. A que el fondo es manejado desde Bogotá, con las dificultades que eso trae.
La realidad de una oficina en la capital colombiana es muy diferente a la de Buenaventura y también hay que decirlo, algunos liderazgos locales han generado más reprocesos y demoras que aportes.
Buenaventura es de Colombia y requiere la mirada atenta, dedicada y empática de todo el país. Necesitamos acciones concretas para que Buenaventura tenga agua 24/7, y esto requiere la acción articulada de los sectores público, privado y comunitario. Menos discursos y más acciones.
Tomado de eltiempo.com