Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
Cali siempre ha sido parte del Chocó biogeográfico, ha tenido a Los Farallones, sus siete ríos. Ecosistemas que han sido casa de un sinnúmero de aves y de diferentes especies. Sin embargo, pareciera que solo hasta el año pasado con la COP16 fue cuando abrazamos lo que somos como ciudad y decidimos pensarnos alrededor de este gran activo: nuestra riqueza natural.
Hace algunos días Cali 500 presentó una visión de ciudad en la que la biodiversidad tiene un papel fundamental: en el año 2050, Cali será referente internacional en sostenibilidad, a partir del cuidado de la biodiversidad y la interculturalidad, como pilares para el desarrollo territorial, social y económico.
Sin duda, lograr este objetivo común implicará, entre muchas cosas, ordenar nuestro territorio alrededor del cuidado y protección de nuestros ecosistemas, pero también la posibilidad de viabilizar actividades sociales y económicas teniendo en cuenta este potencial. Para los que piensan que esta visión es ‘muy verde’, es importante señalar que hablar de cuidado de la biodiversidad no implica frenar el desarrollo económico. Por el contrario, obliga a pensar cómo se aprovecha ese potencial para general valor social y económico para todos.
Son muchas las acciones que tendremos que emprender para alcanzar este objetivo, pero sin lugar a dudas el fortalecimiento de las huertas urbanas y periurbanas se debe considerar como una de ellas. Son alrededor de 300 huertas las que están mapeadas, existen comunitarias, educativas y familiares. A través del programa Sembrando Compromiso, de la mano de Sembrando Cali, Compromiso Valle lleva cuatro años trabajando en más de 14 huertas madres y 30 satélites, en su mayoría comunitarias. Nuestras huertas tienen cara de mujer de entre 28 y 59 años, vive en los estratos 1 y 2 y el 60 % cuenta únicamente con estudios hasta secundaria.
En este tiempo hemos comprobado que las huertas mejoran el acceso a alimentos, así como los hábitos saludables. El 90 % de nuestros huerteros afirman que de las huertas obtienen alimentos para sus hogares y se han podido cuantificar ahorros de cerca de 90 millones de pesos en este rubro en los últimos 3 años.
Nuestras huertas han generado conexiones de valor, ventas de productos y servicios. En el año 2024 y lo corrido del 2025 se han vendido casi 40 millones de pesos en productos como compost, bocashi, biofertilizantes, plántulas, además de servicios relacionados con el ecoturismo y talleres, entre otros.
Las huertas también han sido el lugar donde se construyen relaciones sociales y se resignifican espacios que antes estaban a merced de las delincuencias y los vicios para convertirlos en espacios en los que la salud mental mejora y las personas son felices.
Hoy, cuatro años después, somos unos convencidos del impacto que estamos generando. Sin embargo, se requiere una política pública que regule las huertas porque, así como hay historias de éxito, tenemos algunas menos favorables. Actualmente, diferentes dependencias de la Administración desarrollan programas relacionados con huertas, pero de manera desarticulada, lo que limita su efectividad. Es fundamental que el POT que se está construyendo las tenga en cuenta como oportunidad de desarrollo territorial sostenible e inclusivo y que la Alcaldía centralice y articule los programas y apoyos existentes para las diferentes huertas, garantizando su sostenibilidad.
Tomado de elpais.com
El bienestar de todos como sociedad, y en especial de los más vulnerables, debe ser una prioridad colectiva. Por ello, las Naciones Unidas consolidaron desde 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso global para poner fin a la pobreza, y garantizar prosperidad para todos, estableciendo metas desde las dimensiones social, ambiental y económica, con horizonte a 2030. Para el cumplimiento de esta agenda, un actor clave es el Estado; sin embargo, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional también tienen un rol fundamental.
El Estado no solo es clave, sino que es el máximo responsable, al contar con la facultad de regular para incentivar comportamientos privados y tener la mayor capacidad de inversión y ejecución de políticas públicas. Es decir, que la obligación por parte del Estado y los gobiernos que lo administran transitoriamente se sustenta no solo en el mandato democrático que le otorgan los ciudadanos al elegir a los gobiernos, sino también en el hecho de que ellos administran la fuente más grande de recursos que ciudadanos y empresas aportan para el desarrollo, a través de los impuestos.
Sin duda, la sociedad civil y la cooperación internacional son vitales en esta fórmula. La primera porque es quien elige a los gobiernos y, en muchos casos, cuando se une en fundaciones u organizaciones sociales, ejecuta y habilita muchos de los programas. Además, porque al trabajar directamente con las comunidades y conocer de cerca sus necesidades, es quien impulsa reales innovaciones. Por su parte, la cooperación internacional porque apoya la financiación, conecta esfuerzos como actor de confianza y cocrea gran parte de las iniciativas.
El sector privado, además de pagar impuestos, y generar empleo y riqueza para que la economía crezca, juega un rol como financiador del desarrollo a través del sector financiero. Su contribución también se manifiesta mediante la filantropía que viene de fundaciones empresariales y/o familiares. No obstante, el sector privado y sobre todo sus empresarios y colaboradores tienen un rol mucho más importante: aportar a la innovación social y ser los mejores voceros, con la palabra y los hechos, de la importancia de este necesario objetivo común, especialmente cuando trabajan de forma articulada con la sociedad civil.
En el Valle del Cauca tenemos un gran ejemplo que es referente nacional e internacional: Compromiso Valle. Empresas que han decidido ir más allá de la filantropía y vincularse con el cierre de brechas socio-económicas en todo el sentido de la palabra. Empresarios que sacan tiempo de sus agendas para escuchar y construir lazos de confianza con líderes sociales y comunidades. Como siempre digo en público y en privado, los recursos son fundamentales para que Compromiso Valle pueda hacer lo que hace, pero sin los seres humanos, dentro y fuera de las empresas, que genuinamente están comprometidas con la construcción de capital social, no sería lo mismo.
Estamos aún lejos de alcanzar todas las metas de desarrollo, pero lo principal para seguir avanzando en esta agenda, es reconocer que la lucha por la equidad no pertenece a un único partido político o persona. Es vital reconocer el rol que juegan las empresas y los empresarios en la transformación social y que es a través del impacto colectivo que alcanzaremos el bienestar para todos.
Tomado de elpais.com