El Valle del Cauca y en general el suroccidente colombiano deben ser vistos con otra mirada, no solo por la necesidad evidente de refuerzos policivos y militares, sino por la urgencia de una ofensiva sostenida que permita recuperar el control territorial que el Estado ha perdido en los últimos años. Pero las acciones no solo son necesarias en este frente, deben estar acompañadas de un refuerzo importante de programas de prevención de la violencia que permitan a los jóvenes oportunidades de generación de ingresos diferentes a la ilegalidad. También deben sumarse programas de sustitución de cultivos, cuidado de los ecosistemas y agricultura sostenible que brinden alternativas dignas a quienes hoy dependen de las economías ilegales.
Todo lo anterior, sin duda, también debe suponer una mirada distinta en lo más estructural: la atención de nuestros niños y niñas en su primera infancia, además de una buena calidad educativa y estrategias de permanencia escolar que les mantengan en la escuela y les den herramientas para construir un futuro para ellos y sus familias.
Así mismo, el fortalecimiento de las actividades productivas regionales y del turismo, a través de mejores condiciones de competitividad, es absolutamente prioritario. Por ejemplo, una mejor calidad de la infraestructura no solo disminuye tiempos y costos de viaje, sino que brinda mayor acceso a mercados. En este contexto, las vías terciarias en buenas condiciones se convierten en un factor determinante para que los productos cultivados en la ruralidad lleguen a los mercados, los productores tengan mejor acceso a insumos y los turistas puedan acceder a toda nuestra belleza natural.
Ojalá comprendamos que todos estos asuntos no deben tener ideología y que avanzar en ellos es avanzar en el desarrollo de esta región.
De igual manera, se requiere avanzar en corredores estratégicos para la competitividad con proyectos como la doble calzada Buga-Buenaventura, la vía Mulaló-Loboguerrero o la conexión Cali-Rumichaca. Y sin lugar a dudas, la conectividad marítima es vital para los intercambios comerciales, lo que resalta la urgencia del dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura.
Dentro del objetivo de fortalecer los intercambios comerciales y el turismo, el transporte aéreo resulta crucial por su capacidad de conexión rápida y confiable, por lo que es imprescindible la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Sin embargo, las demoras en la apertura del proceso de selección del nuevo concesionario y la reciente retoma de la operación del aeropuerto por parte de la Aerocivil se convierten en un obstáculo para mejorar la calidad de la infraestructura y poner en marcha estrategias para aumentar la conectividad área con mayores rutas y frecuencias. Realmente es una lástima que el Gobierno Nacional haya dejado pasar los tiempos para la publicación de la nueva concesión que hoy nos tiene en un escenario muy desfavorable para esta región que lo que necesita son buenas noticias.
Además de estas consecuencias, la reversión a la Aerocivil también significa que el municipio de Palmira perderá cerca de 30.000 millones de pesos anuales y que Buenaventura no tendrá por ahora la modernización de su aeropuerto, ya que el proyecto de concesión incluye cerca de 560.000 millones de pesos para esta terminal aérea. En definitiva, la región tendrá su aeropuerto más importante operado por una entidad que tiene múltiples funciones y operación de distintos aeropuertos regionales de menor capacidad, lo que repercute en la efectividad e innovación para mejorar la conectividad de los habitantes del suroccidente y el desarrollo de industrias en la región asociadas al transporte aéreo.
El Valle del Cauca y el suroccidente piden atención real del Gobierno Nacional y de Colombia. Ojalá comprendamos que todos estos asuntos no deben tener ideología y que avanzar en ellos es avanzar en el desarrollo de esta región, ya que se trata de garantizar que cada persona –en el campo o en la ciudad– pueda vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos, empezando por el más elemental de todos: el derecho a la vida.
Tomado de eltiempo.com
Es incontrovertible que por algunos años en Colombia alcanzamos a tener algo de seguridad, se redujeron de manera significativa los homicidios, las masacres, los hurtos y los secuestros. Tuvimos elecciones con mayor libertad y sin amenazas de los violentos, dado que el Estado llegó a tener (como es debido) el control de casi todo el territorio. Lo anterior, sin desconocer que esta haya sido la realidad de todas las personas y comunidades, y que el conflicto se mantuvo en algunos puntos del país.
Sin embargo, esta realidad se fue deteriorando por alcanzar una paz que nunca llegó. Y tristemente el narcotráfico -que nunca se ha ido- aún es la principal causa de la violencia de nuestro país. Hoy en día este flagelo se alterna con otras economías ilegales como la minería ilegal, el secuestro y el contrabando, siendo la fuente jugosa para los múltiples grupos armados que operan en nuestro país.
Nuevamente, la violencia se siente tanto en el campo como en las ciudades. Hemos visto en regiones como el Catatumbo o el Suroccidente el avance del control territorial de diferentes grupos armados al margen de la ley, hostigamientos, pueblos controlados por estos grupos y ofensivas terroristas como las de la semana pasada, son la mayor muestra de este fenómeno.
En lo urbano, el microtráfico está enquistado en los barrios y usa a los jóvenes más vulnerables para sus fines; además, la muerte de líderes sociales no ha parado. Tristemente hace una semana larga tuvimos que volver a ver las imágenes que creímos nunca presenciar de nuevo: el atentado contra un líder político y precandidato presidencial.
En la historia, la paz y la seguridad siempre han sido relacionadas con ideologías políticas particulares. Sin embargo, ambas son necesidades y sobre todo derechos fundamentales de todos los colombianos, sin importar la ideología. Las víctimas de la violencia en Colombia han provenido de todos los sectores de la sociedad, sin importar sus diferencias socioeconómicas.
Por esto, darnos seguridad para poder vivir en paz es una obligación de todos los mandatarios, independientemente de su ideología política. Por el tamaño que adquirió el problema debemos avanzar en varios caminos a la vez: necesitamos unas Fuerzas Armadas robustecidas, evitando que se siga perdiendo el control del territorio y que crezcan los grupos al margen de la ley; necesitamos también el fortalecimiento de la justicia para que pueda investigar y procesar las organizaciones criminales; pero mientras esto se hace con intensidad, debemos enfrentar con urgencia y eficiencia las causas más profundas de la violencia mejorando la educación, la salud, la generación de oportunidades para los más vulnerables y los demás efectos sociales que se requieren para tener una mejor sociedad para todos.
Exigir más seguridad no es desear una guerra eterna, como algunos afirman, vivir seguros es una necesidad fundamental, por esto debemos estar unidos sobre este llamado a los gobiernos y líderes políticos. A pesar de lo grave de las últimas semanas no podemos perder la esperanza, Colombia puede alcanzar la paz si hacemos las cosas bien y exigimos seguridad y paz para todos, es nuestro derecho ¡No más violencia!
Tomado de elpais.com
No sé cuántas columnas he escrito sobre Buenaventura. La ciudad y el puerto de Colombia de cara al Pacífico, con terminales portuarias a la altura de las mejores del mundo, pero también una de las ciudades con los índices más altos de pobreza, con muy baja calidad educativa, un desempleo alarmante y dominada por grupos criminales.
Se ha vuelto costumbre que cada cierto tiempo Buenaventura se vuelve noticia por oleadas de violencia que terminan en un aumento desmedido de homicidios y extorsiones, entre muchos otros delitos. Cuando esto pasa, los medios nacionales voltean su mirada hacia el Distrito para hablar de sus problemáticas. Normalmente, también sucede que se realizan un par de consejos de seguridad que prometen más pie de fuerza, el distrito se militariza y la situación se ‘estabiliza’. En los últimos años, este escenario además estuvo acompañado de unas negociaciones y acuerdos entre las bandas Los Shottas y Espartanos, en el marco de una mesa denominada socio-jurídica con el Gobierno Nacional.
Nadie niega que durante este ‘cese’ hubo una reducción de los homicidios, pero tampoco se puede ignorar que otros delitos, principalmente la microextorsión, aumentaron sustancialmente. Sin embargo, todo quedó ahí, de espaldas a la ciudadanía y sin avances concretos en torno a una solución real de la violencia y de las causas estructurales del conflicto: el dominio territorial por el control del narcotráfico y el contrabando en el puerto.
Lo peor de la situación es que mientras todo esto pasa, lo estructural no cambia, y con lo estructural me refiero a las condiciones de vida de la gente, la posibilidad de que la economía crezca y que la sociedad civil organizada desarrolle su potencial. Una muestra de que las condiciones de vida no mejoran es la cobertura y la calidad educativa. Los niños bonoverenses, debido a las dinámicas mencionadas y factores propios de la institucionalidad educativa, no ven en la educación un camino para su futuro y, por el contrario, sí lo ven en las bandas y las armas. También me refiero al agua potable en Buenaventura, que en el mejor de los casos es de hasta seis horas al día.
Lo estructural también es que hacer empresa en Buenaventura es casi misión imposible por todas las problemáticas antes descritas, lo que se convierte en un círculo vicioso, porque los jóvenes que logran salir de la espiral criminal terminan desempleados y sin oportunidades formales por el poco tejido empresarial del distrito. La otra cara de esta moneda son los líderes y organizaciones sociales que le ponen el pecho a esta situación con muy pocos recursos, pero sí con mucho amor por su tierra. Líderes que sacan todos los días a los niños de estos entornos de violencia a través del arte, la música y el deporte.
Desde hace una semana larga la situación de seguridad de Buenaventura empeoró y hemos visto a la Gobernadora y a la Alcaldesa desde sus capacidades haciendo presencia y tomando decisiones. Sin duda, el gran ausente ha sido el Gobierno Nacional; sin embargo, el llamado es a que sea esta la ocasión, al menos desde lo territorial, para que trabajemos juntos y le demos una mirada diferente a Buenaventura y que unamos esfuerzos para que estos asuntos estructurales se resuelvan y no sigamos en este vaivén de violencia que cada tanto pone la atención de todos en Buenaventura.
Tomado de elpais.com