ProPacífico conmemora diez años de su renacer y de consolidarse como un actor clave en el impulso de proyectos e iniciativas de alto impacto para la transformación de Cali, el Valle del Cauca y la región Pacífico. En esta década la entidad ha promovido las alianzas entre actores del sector privado, público, comunitario y académico para materializar iniciativas estratégicas con resultados concretos en lo ambiental, en infraestructura, salud, educación, inclusión social y planeación territorial.
Su renacimiento se dio el año 2015 cuando un grupo de empresarios, conscientes de que el desarrollo no podía depender exclusivamente del Estado y de que el sector privado debía tener un papel relevante en el avance de la región, decidió reactivar la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca, FDI. Esta entidad, creada en 1969 bajo estos mismos principios, estuvo inactiva desde la década de los noventa, pero tenía un significativo precedente: había alcanzado grandes logros para el desarrollo del Valle del Cauca.
Hace ya 10 años, siendo ProPacífico y ampliando su alcance a toda la región, ha impulsado una agenda de mediano y largo plazo que contribuye a que la continuidad de los proyectos estratégicos trascienda los ciclos de gobierno local y nacional.
“Unir capacidades, visiones y recursos permite que nuestra región logre lo que de manera aislada sería imposible. Nuestro rol ha sido ser ese hilo naranja que conecta actores del sector público, privado, académico y comunitario para transformar el territorio. Cada alianza ha buscado que los proyectos de mayor relevancia para Cali, el Valle del Cauca y la región Pacífico se materialicen con un impacto tangible en las comunidades, abriendo oportunidades, fortaleciendo el tejido social y demostrando que el desarrollo es posible cuando trabajamos unidos”.
María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.
Cuando se trata de evaluar los avances que hemos tenido como región en los proyectos de gran impacto y nuestro trabajo colectivo, siempre he sido una convencida de que debemos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y dejando a un lado la discusión semántica, los hechos hablan por sí solos.
En la vía Buga - Buenaventura, la construcción de los 35 kilómetros que hacen falta en doble calzada, por fin se están construyendo y todo el corredor tiene garantizado su mantenimiento con la concesión que arrancó en el 2022. La malla vial del Valle también avanza con obras importantes, como la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali hasta Jamundí, con un 63 % de ejecución, y la doble calzada Jamundí - Villa Rica, con un avance del 35 %.
De igual manera, la doble calzada Santander - Popayán está en un 39,85 %.
Sin embargo, pese a estos avances, son varios proyectos en los que, como región, debemos exigirle al Gobierno Nacional más claridad en sus compromisos y resultados concretos. El dragado de profundización de Buenaventura lleva ya un tiempo considerable en la estructuración técnica, pese a tener desde el 2019 estudios de base desarrollados por Invias.
A esto se suman los retrasos en las consultas previas y los procesos de licenciamiento ambiental, lo que ha impedido entrar en la discusión de la financiación.
En cuanto al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se incumplieron con todos los cronogramas de la publicación del proceso de selección de la nueva concesión para la modernización de este importante terminal. Por estas demoras, el aeropuerto quedó destinado a ser administrado por la Aerocivil por al menos nueve meses, con las graves consecuencias que esto tendrá para la competitividad de la región.
De otro lado, el ferrocarril del Pacífico se quedó en la prefactibilidad y, aunque el Presidente y el Gobierno han anunciado su interés en reactivar el sistema férreo nacional, este proyecto está parado desde el año pasado.
El Tren de Cercanías del Valle es sin duda el proyecto que más duele por los firmes avances que ha tenido recientemente. La región tiene ya el proyecto estructurado, cumpliendo con todos los aspectos técnicos y jurídicos. Además, tanto la Gobernación del Valle como las alcaldías de Cali y Jamundí tienen garantizados los recursos para cumplir con el 30 % que les corresponde de la financiación. Sin embargo, aún no recibimos el anhelado aval técnico y fiscal del Gobierno Nacional para que cumpla con el 70 % que le corresponde. Su materialización significará la reducción de al menos un 33 % en los tiempos de viaje entre Jamundí y el norte de Cali. Además, generaría cerca de diez mil empleos y evitaría aproximadamente 1,2 millones de toneladas de emisiones de CO2.
Es innegable que este es un proyecto de una enorme rentabilidad social y brindará una renovación estructural del territorio en favor del desarrollo sostenible.
Otro tema que requiere de atención urgente es el Acueducto de Buenaventura. Este proyecto lo esperan los bonaverenses desde hace mucho tiempo, pero no se han visto avances significativos ni antes ni en estos últimos años. Finalmente, aunque se dejó de hablar del tema, otra gran deuda con la población más vulnerable no solo del Valle, sino de todo el país, es el fracaso del programa Jóvenes en Paz. Miles de jóvenes en el suroccidente vieron cómo las promesas nunca se cumplieron y, sobre todo, cómo las oportunidades de una vida mejor nunca llegaron.
Los beneficios de todos estos proyectos para los ciudadanos son evidentes. Como vallecaucanos, esperamos sinceramente que nuestro bienestar sea más importante que cualquier motivación política, sobre todo teniendo en cuenta el apoyo que esta región le dio al actual Gobierno.
Tomado de elpais.com
Cali siempre ha sido parte del Chocó biogeográfico, ha tenido a Los Farallones, sus siete ríos. Ecosistemas que han sido casa de un sinnúmero de aves y de diferentes especies. Sin embargo, pareciera que solo hasta el año pasado con la COP16 fue cuando abrazamos lo que somos como ciudad y decidimos pensarnos alrededor de este gran activo: nuestra riqueza natural.
Hace algunos días Cali 500 presentó una visión de ciudad en la que la biodiversidad tiene un papel fundamental: en el año 2050, Cali será referente internacional en sostenibilidad, a partir del cuidado de la biodiversidad y la interculturalidad, como pilares para el desarrollo territorial, social y económico.
Sin duda, lograr este objetivo común implicará, entre muchas cosas, ordenar nuestro territorio alrededor del cuidado y protección de nuestros ecosistemas, pero también la posibilidad de viabilizar actividades sociales y económicas teniendo en cuenta este potencial. Para los que piensan que esta visión es ‘muy verde’, es importante señalar que hablar de cuidado de la biodiversidad no implica frenar el desarrollo económico. Por el contrario, obliga a pensar cómo se aprovecha ese potencial para general valor social y económico para todos.
Son muchas las acciones que tendremos que emprender para alcanzar este objetivo, pero sin lugar a dudas el fortalecimiento de las huertas urbanas y periurbanas se debe considerar como una de ellas. Son alrededor de 300 huertas las que están mapeadas, existen comunitarias, educativas y familiares. A través del programa Sembrando Compromiso, de la mano de Sembrando Cali, Compromiso Valle lleva cuatro años trabajando en más de 14 huertas madres y 30 satélites, en su mayoría comunitarias. Nuestras huertas tienen cara de mujer de entre 28 y 59 años, vive en los estratos 1 y 2 y el 60 % cuenta únicamente con estudios hasta secundaria.
En este tiempo hemos comprobado que las huertas mejoran el acceso a alimentos, así como los hábitos saludables. El 90 % de nuestros huerteros afirman que de las huertas obtienen alimentos para sus hogares y se han podido cuantificar ahorros de cerca de 90 millones de pesos en este rubro en los últimos 3 años.
Nuestras huertas han generado conexiones de valor, ventas de productos y servicios. En el año 2024 y lo corrido del 2025 se han vendido casi 40 millones de pesos en productos como compost, bocashi, biofertilizantes, plántulas, además de servicios relacionados con el ecoturismo y talleres, entre otros.
Las huertas también han sido el lugar donde se construyen relaciones sociales y se resignifican espacios que antes estaban a merced de las delincuencias y los vicios para convertirlos en espacios en los que la salud mental mejora y las personas son felices.
Hoy, cuatro años después, somos unos convencidos del impacto que estamos generando. Sin embargo, se requiere una política pública que regule las huertas porque, así como hay historias de éxito, tenemos algunas menos favorables. Actualmente, diferentes dependencias de la Administración desarrollan programas relacionados con huertas, pero de manera desarticulada, lo que limita su efectividad. Es fundamental que el POT que se está construyendo las tenga en cuenta como oportunidad de desarrollo territorial sostenible e inclusivo y que la Alcaldía centralice y articule los programas y apoyos existentes para las diferentes huertas, garantizando su sostenibilidad.
Tomado de elpais.com