El acto de votar, que para muchos puede verse como irrelevante, es la mayor representación del poder ciudadano, si lo usamos bien, evidentemente.
La responsabilidad más importante que tenemos como ciudadanos es votar y es algo que no me cansaré de repetir, pero debo reconocer que la democracia atraviesa una crisis, en buena medida, porque muchos no logran entender los beneficios que tiene el ejercicio democrático ni el papel que cada uno cumple para que funcione. Con frecuencia, las personas que elegimos como mandatarios o representantes son incapaces de resolver los problemas más básicos que tenemos como sociedad, lo que ha llevado a que cada vez más ciudadanos sientan que lo importante no es cómo se elige a quien llega al poder, sino que piensen en cómo responde a lo que ellos y su entorno necesitan.
Podré ser considerada como una romántica, pero sigo creyendo firmemente en el poder de la democracia y en la importancia del voto. Creo en el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir a quien ostentará el poder en el Ejecutivo y a quienes nos representarán en el Legislativo. El acto de votar, que para muchos puede verse como irrelevante, es la mayor representación del poder ciudadano, si lo usamos bien, evidentemente.
Sin duda, la democracia debe ser más eficiente y dar respuestas más claras y contundentes a los ciudadanos, pero esto depende en parte de a quién elijamos. Necesitamos ciudadanos informados en su voto, que conozcan las propuestas y la trayectoria de quienes aspiran a los cargos de elección popular, pero también que hagan seguimiento y veeduría a quienes eligen. Esta es la única forma en la que podremos exigir acciones claras o ‘castigar’ a través de las urnas y sin posibilidad de reelección a quienes lo hagan mal.
Por lo anterior, es muy importante informarnos en esta época electoral y, obviamente, salir a votar. En Colombia, normalmente, en la elección en la que más votamos es en la de Presidencia de la República, donde el récord de participación de las últimas décadas fue del 58 % de los colombianos en edad de votar. Esta cifra es realmente muy baja frente a otros países de la región, por lo que una de las primeras tareas que tenemos como ciudadanos, además de informarnos, es salir a votar para que otros no tomen la decisión por nosotros.
Votar este 8 de marzo es muy importante. Son las elecciones para el Congreso de la República, es decir, elegiremos a las personas que nos representarán en el legislativo, que es donde se aprueban las leyes y se toman decisiones que afectan nuestra vida diaria. Como lo comentaba en otra columna, como vallecaucanos debemos elegir a quienes más luchen por nuestros intereses regionales; además, este mismo día se votarán varias consultas interpartidistas, lo cual -aunque es voluntario- es igualmente un ejercicio democrático.
Nuestra responsabilidad no termina con acudir a las urnas el próximo 8 de marzo porque después vendrán las Elecciones Presidenciales el 31 de mayo y, si tenemos segunda vuelta, el 21 de junio. Aquí volverá a ser importante salir a votar por quien ojalá nos una como país, reconociendo que podemos pensar distinto, pero con respeto y dentro de las reglas democráticas, ya que al siguiente día de las elecciones tendremos que seguir trabajando todos, cada uno desde su esquina, por este país que es de todos.
Por lo anterior, mi invitación es a que salgas a votar; recuerda que ¡tu voto tiene poder!
Tomado de elpais.com.co
Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
En esta época electoral, a nuestra región vienen muchos candidatos a la Presidencia. También arrancan las campañas de muchos representantes a la Cámara y senadores que quieren reelegirse o los que por primera vez aspiran a ser parte del Legislativo. Esta coyuntura nos obliga a revisar cómo le ha ido a la región en los últimos cuatro años, ya que debemos incidir en que los que quieren llegar al Ejecutivo o al Legislativo con votos en nuestra región se comprometan con las grandes apuestas de nuestro territorio.
En términos de la asignación presupuestal de la Nación, en los últimos ocho años reportados (corte 2024), al Valle del Cauca se le han apropiado cerca de $ 31 billones$ , cifra considerablemente inferior a la de Antioquia (47 billones) y Bogotá, con $ 57 billones.
Si bien el número de habitantes tiene cierta influencia en los montos asignados, en sectores como transporte, que no dependen de estos parámetros poblacionales, al Valle se le asignaron para el mismo periodo $ 4,1 billones, mientras que Antioquia recibió una asignación de $ 13,7 billones. Precisamente, las gestiones que se han realizado desde la región para proyectos como el de la doble calzada Buga – Buenaventura han contribuido al aumento del presupuesto regionalizado para el Valle del Cauca. Las vigencias futuras comenzaron a girarse el año pasado por un valor de $ 395.900 millones, lo que contribuye a reducir la brecha frente a Antioquia y Bogotá. Lo claro es que, revisando los presupuestos nacionales, al Valle del Cauca se le ha aumentado el presupuesto, a precios constantes, el 31 % en los últimos cinco años.
Este ejemplo nos demuestra que hemos avanzado en términos de incidencia regional, pero nos deja claro que aún tenemos un camino largo por recorrer en otros frentes de infraestructura de transporte y movilidad urbana. También, que debemos exigir mayor apoyo nacional en asuntos como la PTAR Cañaveralejo y el sistema de acueducto de Buenaventura, además de proyectos estratégicos de energía y de infraestructura educativa, solo para mencionar algunos.
Para entrar en detalle y haciendo un balance de los grandes proyectos de infraestructura, debo decir que tenemos logros, pero también frustraciones. Para empezar con lo bueno, el Valle del Cauca tiene dos proyectos 5G en construcción: la Nueva malla vial del Valle, con ejecución del 47 %, y el corredor Buga-Buenaventura, que ya mencionaba, con un avance del 18 %. Estos proyectos tienen retos como todos los de infraestructura, pero se han estado ejecutando y ya empezamos a ver las obras. Desde el punto de vista regional, tenemos la Santander de Quilichao-Popayán, que está en un 46 % de avance, pero que ha sido seriamente afectada por los temas de seguridad.
En cuanto a las frustraciones, sin duda la lista la encabeza el Tren de Cercanías, proyecto al que el actual Gobierno Nacional le negó los recursos de cofinanciación, por lo que la primera tarea de la bancada de congresistas del Valle y del Presidente electo es asegurar el aval técnico y los recursos por el 70 % del valor total del proyecto. Así mismo, es clave la cofinanciación de flota eléctrica para el MIO, tal cual como lo hicieron con Bogotá para el Transmilenio antes de finalizar la Ley de Garantías.
En cuanto a la vía Mulaló - Loboguerrero, es inconcebible que en cuatro años no se haya logrado acordar las condiciones para el inicio de su construcción. También que no se haya logrado finalizar la estructuración integral del dragado de Buenaventura ni asegurar los recursos para iniciar las obras de profundización del canal, vital para el comercio de Colombia con el mundo.
También está la nueva concesión para la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que no se adjudicó y que hoy nos tiene con la Aerocivil como operadora del aeropuerto, haciéndonos perder competitividad y recursos importantes para Palmira.
Este es solo el resumen de los temas de infraestructura, pero los asuntos relevantes pasan también por temas sociales tan importantes como la educación de calidad que requiere nuestra región y la mejora de la salud que tan afectada se ha visto en los últimos años. Así mismo, está todo lo relacionado con la seguridad que se viene deteriorando exponencialmente en todo el suroccidente. El llamado es claro: pidamos con una sola voz que nuestras prioridades sean tenidas en cuenta y convertidas en realidad. No hablemos de deudas, pero sí exijamos lo que necesitamos.
Tomado de elpais.com