Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
En esta época electoral, a nuestra región vienen muchos candidatos a la Presidencia. También arrancan las campañas de muchos representantes a la Cámara y senadores que quieren reelegirse o los que por primera vez aspiran a ser parte del Legislativo. Esta coyuntura nos obliga a revisar cómo le ha ido a la región en los últimos cuatro años, ya que debemos incidir en que los que quieren llegar al Ejecutivo o al Legislativo con votos en nuestra región se comprometan con las grandes apuestas de nuestro territorio.
En términos de la asignación presupuestal de la Nación, en los últimos ocho años reportados (corte 2024), al Valle del Cauca se le han apropiado cerca de $ 31 billones$ , cifra considerablemente inferior a la de Antioquia (47 billones) y Bogotá, con $ 57 billones.
Si bien el número de habitantes tiene cierta influencia en los montos asignados, en sectores como transporte, que no dependen de estos parámetros poblacionales, al Valle se le asignaron para el mismo periodo $ 4,1 billones, mientras que Antioquia recibió una asignación de $ 13,7 billones. Precisamente, las gestiones que se han realizado desde la región para proyectos como el de la doble calzada Buga – Buenaventura han contribuido al aumento del presupuesto regionalizado para el Valle del Cauca. Las vigencias futuras comenzaron a girarse el año pasado por un valor de $ 395.900 millones, lo que contribuye a reducir la brecha frente a Antioquia y Bogotá. Lo claro es que, revisando los presupuestos nacionales, al Valle del Cauca se le ha aumentado el presupuesto, a precios constantes, el 31 % en los últimos cinco años.
Este ejemplo nos demuestra que hemos avanzado en términos de incidencia regional, pero nos deja claro que aún tenemos un camino largo por recorrer en otros frentes de infraestructura de transporte y movilidad urbana. También, que debemos exigir mayor apoyo nacional en asuntos como la PTAR Cañaveralejo y el sistema de acueducto de Buenaventura, además de proyectos estratégicos de energía y de infraestructura educativa, solo para mencionar algunos.
Para entrar en detalle y haciendo un balance de los grandes proyectos de infraestructura, debo decir que tenemos logros, pero también frustraciones. Para empezar con lo bueno, el Valle del Cauca tiene dos proyectos 5G en construcción: la Nueva malla vial del Valle, con ejecución del 47 %, y el corredor Buga-Buenaventura, que ya mencionaba, con un avance del 18 %. Estos proyectos tienen retos como todos los de infraestructura, pero se han estado ejecutando y ya empezamos a ver las obras. Desde el punto de vista regional, tenemos la Santander de Quilichao-Popayán, que está en un 46 % de avance, pero que ha sido seriamente afectada por los temas de seguridad.
En cuanto a las frustraciones, sin duda la lista la encabeza el Tren de Cercanías, proyecto al que el actual Gobierno Nacional le negó los recursos de cofinanciación, por lo que la primera tarea de la bancada de congresistas del Valle y del Presidente electo es asegurar el aval técnico y los recursos por el 70 % del valor total del proyecto. Así mismo, es clave la cofinanciación de flota eléctrica para el MIO, tal cual como lo hicieron con Bogotá para el Transmilenio antes de finalizar la Ley de Garantías.
En cuanto a la vía Mulaló - Loboguerrero, es inconcebible que en cuatro años no se haya logrado acordar las condiciones para el inicio de su construcción. También que no se haya logrado finalizar la estructuración integral del dragado de Buenaventura ni asegurar los recursos para iniciar las obras de profundización del canal, vital para el comercio de Colombia con el mundo.
También está la nueva concesión para la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que no se adjudicó y que hoy nos tiene con la Aerocivil como operadora del aeropuerto, haciéndonos perder competitividad y recursos importantes para Palmira.
Este es solo el resumen de los temas de infraestructura, pero los asuntos relevantes pasan también por temas sociales tan importantes como la educación de calidad que requiere nuestra región y la mejora de la salud que tan afectada se ha visto en los últimos años. Así mismo, está todo lo relacionado con la seguridad que se viene deteriorando exponencialmente en todo el suroccidente. El llamado es claro: pidamos con una sola voz que nuestras prioridades sean tenidas en cuenta y convertidas en realidad. No hablemos de deudas, pero sí exijamos lo que necesitamos.
Tomado de elpais.com
El 2026 es un año electoral, y aunque es razonable que las elecciones a la Presidencia tengan más atención, es necesario que todos entendamos la importancia de votar por quienes nos representarán en el Congreso de la República. Una institución que no solo es relevante porque es donde se estudian y crean las normas de nuestro país, sino porque además hace control político al Ejecutivo y representa la voz de los colombianos y las necesidades de las regiones dentro de las instituciones del Estado. Por esto las elecciones que tendremos en marzo son fundamentales.
Sin duda, el Congreso de la República no es la institución más reputada de nuestro país y muchas veces algunos de quienes lo conforman son más reconocidos por los escándalos de corrupción que por el rol para el que fueron elegidos, pero a pesar de esto y teniendo en cuenta el rol constitucional de esta institución, todos debemos votar a conciencia para tener a los mejores en este órgano vital para nuestro Estado.
La estructura del Estado en nuestro país no es caprichosa, tiene sentido para evitar el control y concentración de poder en unos pocos. Tener contrapesos es necesario, es decir, tener instituciones que puedan controlarse entre sí nos ayuda con ese propósito. En Colombia, el Congreso hace las normas, construyendo ese marco institucional que le permite al Ejecutivo implementar y ejecutar las políticas públicas. Pero más allá de esto, la importancia sustancial que tiene el Congreso de la República es que representa a los ciudadanos en la estructura del Estado. Por eso las quejas que se puedan tener del Congreso no deben estar relacionadas con su función como institución, sino con el actuar de aquellas personas que a lo largo de la historia no han hecho lo que les corresponde. Aclarando que en muchos casos han pagado justos por pecadores.
Una parte importante del papel del Congreso, en especial de la Cámara de Representantes, es el de – como su nombre lo indica- representar los intereses de las regiones, sobre todo en un país tan centralista como el nuestro. Por esto, el rol del Bloque de Congresistas del Valle es fundamental. El Valle del Cauca necesita congresistas que representen nuestros intereses y que luchen por los grandes proyectos que requiere la región y cuando hablo de grandes proyectos no me refiero solo a los de infraestructura, aunque no se entiende cómo representantes y senadores de nuestra región no apoyaron proyectos estratégicos para los vallecaucanos en este frente en la historia reciente.
Las diferencias políticas, temas personales y la divergencia de opiniones deben abordarse en otros escenarios y no en un espacio en el que históricamente hemos logrado sumar fuerzas hacia metas de región sin importar los colores políticos. Lo triste es que lo que no llega al Valle del Cauca se va para otras regiones del país que sí logran llegar a los mínimos consensos para hacer los llamados colectivos a los diferentes gobiernos nacionales y llevar obras y proyectos importantes para el bienestar de los habitantes de sus regiones.
En nuestro caso, grandes logros comunes como la concesión de la Buga - Buenaventura y la Malla vial del Valle, así como los recursos para la estructuración de la factibilidad del Tren de Cercanías, deben ser ejemplo para seguir luchando por esos objetivos comunes. Seguramente muchas otras cosas deben sumarse, pero lo que no es admisible es quitar proyectos tan importantes como la construcción de nuestro tren, solo para dar un ejemplo.
Por esto mi invitación es a que salgamos a votar el 8 de marzo, porque Colombia necesita a los mejores representantes en el Congreso, pero como vallecaucanos también salgamos convencidos de que es fundamental que tengamos la mejor representación en el Congreso. Unos vallecaucanos que no peleen cuando se hable de los intereses de nuestra región y que sepan trabajar juntos por el bien común.
Tomado de elpais.com
