Se ha hablado mucho de este tema en los últimos meses, sin embargo, cada día parece ponerse aún más crítica la situación de la salud de los colombianos. Nadie niega que el de nuestro país era un sistema con varios problemas, sobre todo financieros. Problemas que arrancaron cuando uno de los preceptos con los que se concibió nunca se dio. Es decir, siempre se asumió que la proporción entre los colombianos en régimen subsidiado y contributivo sería 40-60, sin embargo, la proporción fue inversa.
Por otro lado, la Corte Constitucional, vía declaratoria del derecho fundamental de la salud, incluyó coberturas que no estaban dentro del plan de beneficios. Por supuesto, nadie está en desacuerdo con incluir más servicios en la cobertura en salud, sin embargo, cada una de esas atenciones tienen un costo que debe ser pagado por alguien que al final termina siendo el Estado. Así mismo, es claro que algunas de las EPS públicas y privadas han sido acusadas de deficiente atención a sus pacientes y hasta de corrupción, esto sin contar que además la atención que brindan en las zonas más apartadas es absolutamente precaria.
Todo esto es cierto, pero también lo es que Colombia tenía uno de los menores gastos de bolsillos de Latinoamérica y que personas que hace 30 años no se imaginaban recibir atención médica sin estar expuesto a una quiebra familiar, hoy son atendidas sin correr ese riesgo y con la posibilidad de ser atendidos en las mismas clínicas que los colombianos con mayores ingresos. También, que aún con debilidades de atención, las personas son tratadas en enfermedades con una alta carga financiera individual y para el sistema como el cáncer o las enfermedades huérfanas.
Gobernar y sobre todo administrar implica hacer lo correcto para todos los ciudadanos. Es absolutamente legítimo hacer cambios, sobre todo cuando se considera que lo que está no funciona bien. Sin embargo, no es responsable hacer cambios sin planes de transición y aún más, sin buscar los consensos requeridos en las democracias.
Hoy desafortunadamente no hemos terminado de entender lo grave de la situación en la que estamos, aunque lo que ha sucedido en el magisterio da algunos indicios. 32,7 millones de colombianos están afiliados a EPS intervenidas o en solicitud de liquidación. Estas aseguradoras están debiéndole alrededor de 6 billones de pesos a los hospitales en todo el país. Y esto no es lo más grave, ya que las IPS no solo tendrán en duda estos billones, sino que los interventores han hecho público y se ha constatado en la práctica que solo se está pagando el 80% del costo de los servicios en el mejor de los casos. Lo anterior, cuando en el marco de las nuevas negociaciones los obligan a reducir el costo de sus servicios a sumas ínfimas que claramente no cubre el costo de los mismos.
Muy pronto veremos más hospitales que no recibirán a pacientes o simplemente cerrarán sus puertas ¿Será que tendremos otro villano en el sistema de salud?
Sin importar qué pase, el sistema de salud no será el mismo. En lo nacional no creo que haya respuestas en el corto plazo, por esto debemos estar lo más unidos posible en lo regional para proteger nuestras IPS y asegurar la atención de los vallecaucanos.
Tomado de elpais.com.co