En estos últimos días de polarizada contienda electoral no hay espacio de encuentro, ya sea familiar o social, en el que no haya al menos una persona que nos diga o nos quiera evangelizar sobre cuál es el ‘único’ camino para tener el país que necesitamos. Es claro que cada ciudadano votará por quien considere que es el mejor candidato a la presidencia; sin embargo, no podemos perder de vista que, gane quien gane, la Colombia después del 22 de junio no será ni la que dicen los unos ni los otros. Será un país en la mitad de esas dos versiones que para muchos son completamente incompatibles.

Sin embargo, teniendo en cuenta el debate público, a continuación hablaré de algunos temas que parecen ser el agua y el aceite, pero que no pueden ser dejados de lado porque son el centro de los retos del país en la actualidad, temas que se les han puesto tintes ideológicos, desafortunadamente.

1. Seguridad. No es cierto que debamos elegir entre un país en paz o uno en guerra. Considero que nadie quiere un país en guerra y quienes piden control territorial y la no renuncia del monopolio de la fuerza por parte del Estado, lo único que reclaman es vivir precisamente en paz. Las conversaciones de paz que no tengan reglas, que no reconozcan a las víctimas y que, sobre todo, no tengan compromisos claros, lo único que traen es más violencia. Es triste ver cómo en muchos de los debates sobre el tema se pierde de vista lo evidente: que hay lugares de este país donde la paz nunca llegó y en otros a los que sí lo hizo, la seguridad tristemente se deteriora cada día más. Aunque nadie quiere vivir en guerra, la paz no puede buscarse a cualquier precio.

2. Crecimiento económico. Para algunos, hablar del sector empresarial, de las grandes inversiones que se requieren por parte del Estado y del sector privado para crecer, así como de la regulación que permite ese crecimiento, es absolutamente contrario a hablar de economía popular, de pequeños negocios, de empleo de calidad y de oportunidades para los más jóvenes. Esta aparente contradicción no puede ser más errónea. El crecimiento económico se requiere, así como las grandes inversiones, pero también es necesario que todo esto se traduzca en empleo de calidad y bien remunerado y que se les dé oportunidades a los que más lo necesitan (por eso la importancia de la educación de calidad en toda la trayectoria). Sin duda, todo lo anterior debe estar de la mano del fortalecimiento de la llamada ‘economía popular’ vía encadenamientos y, al mismo tiempo, del crecimiento y regulación diferencial. Este país necesita más emprendedores, más hombres y mujeres que quieran hacer empresa y quieran literalmente comerse el mundo.

3. La pobreza. Y lo anterior nos lleva al reconocimiento de que, para muchos, las oportunidades no existen, que hay un país muy pobre y vulnerable que requiere ser visto de otra manera. No para dejarlo en esa pobreza, con subsidios o programas asistencialistas que solo los sentencian a una vida permanente de limitaciones. Por el contrario, se requiere un reconocimiento de esa vulnerabilidad para poner un butaco que permita tener un país equitativo, con oportunidades para los más jóvenes y una vida digna para los más viejos. Por eso la educación de calidad para todos debe ser nuestro mejor aliado. Necesitamos educar a las nuevas generaciones con todas las herramientas para que este país crezca seguro y con oportunidades para todos.

Finalmente, y muy importante, el cumplimiento de las reglas del juego. Vivir en sociedad requiere reglas claras que nos regulen a todos. No podemos pedir derechos sin tener claro que todos como ciudadanos tenemos deberes y obligaciones. La mejor manera de cuidar la diferencia es que todos cumplamos las reglas que como país decidimos que nos regulaban en nuestro contrato social, arrancando por la Constitución, las leyes y el funcionamiento de nuestras instituciones.

Ojalá entendamos que, dejando el mundo político a un lado, como colombianos no estamos tan alejados y que requerimos avances en seguridad, crecimiento económico, reducción de la pobreza y respeto por el cumplimiento de las reglas del juego. El día después de las elecciones, el trabajo de todos debe ir en esa dirección.

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Posdata. Debemos creer en nuestras instituciones y en el proceso electoral. Necesitamos buenos ganadores y, aún más, mejores perdedores.

Tomado de elpais.com.co

En los últimos años, uno de los temas más hablados y comentados en nuestro país ha sido el de la salud. En varios escenarios hemos ido encontrando ‘nuevos’ expertos en este sistema de salud que, sin ser perfecto como algunos predicaban, era bastante menos malo de lo que otros decían. Incluso yo, sin ser experta, he escrito varias columnas sobre el tema, tratando de incidir en las reformas y cambios que se han pretendido hacer.

En esta oportunidad, nuevamente trataré -de manera objetiva y con argumentos- incidir en quien me lea y en los tomadores de decisión para que le ‘paren bolas’ a los problemas reales que hoy están viviendo los colombianos, debido a un acceso a la salud cada vez más complejo y sobre todo más caro. Lo anterior está soportado en un estudio reciente de Fórmula Algebra que dice que el gasto de bolsillo de los pacientes en nuestro país entre el 2022 y el 2025 aumentó en un 57 %, sobre todo por la falta de medicamentos. Las acciones de tutela en salud aumentaron cerca del 18 %, pasando de aproximadamente 265.000 a más de 312.000 casos y, en 2025, las PQRS se incrementaron un 79 % comparado con 2022, para solo mencionar algunos datos.

No me voy a centrar en si el sistema de salud colombiano era bueno o no, o si debía ser reformado o no, ya que lo cierto es que -nos guste o no-, el sistema de salud de nuestro país cambió. Hoy no es el de hace algunos años, por lo que debemos pensar en las reformas que se requieren para que las cosas, en vez de empeorar, mejoren, usando todas las fortalezas que tenemos.

Sin duda, el problema de la salud empieza y termina con una gran limitante: la económica. Nuestra Constitución y sus jueces podrán decir que la salud es un derecho fundamental; sin embargo, este derecho solo puede ser efectivo si tenemos los recursos como nación para pagarlo. Con aseguramiento o con una salud netamente estatal, el problema siempre será de recursos y por esto el Estado debe definir cuánto y qué puede pagar en salud. Decidir ignorar esto simplemente nos llevará a una eterna mentira o a una deuda impagable del Estado al sistema, como lo hemos vivido los últimos 30 años, por lo que la sostenibilidad debe ser uno de los pilares de nuestro sistema de salud.

Desde mi punto de vista, el aseguramiento es la mejor forma de controlar el riesgo del costo excesivo de una enfermedad futura. Obviamente, esto requiere que el asegurador conozca muy bien a sus asegurados y que, vía atención primaria, se busque impactar la carga de la enfermedad que es evitable. En esto último considero que el sistema de salud colombiano estaba fallando y el sistema que continúe precisamente debe fortalecer esos esquemas de prevención y atención primaria de los pacientes. Así mismo, es un hecho que hay lugares de nuestro país donde, así se tenga un carnet de una EPS, este no sirve para nada, ya que no existe ni la infraestructura necesaria ni profesionales de la salud para garantizar la atención. Sin duda, este es un problema que el Estado debe solucionar y hay varios ejemplos de innovación social y de trabajo público-privado que demuestran que hay formas rápidas y no tan costosas para que esto deje de ser un problema. Ejemplo de lo anterior es el programa Hospital Padrino de la Fundación Valle del Lili.

Finalmente, y para decirlo claramente, no creo que un sistema completamente público sea bueno para Colombia porque no se cuentan con las capacidades de gestión del riesgo individual y por cohortes que sí tienen las EPS. Además, porque se desaprovecharían muchas de las capacidades de innovación instaladas que ya funcionan, como las IPS de alta complejidad, que son de talla mundial, solo para poner un ejemplo. También creo que para que el Estado esté listo para tener un sistema netamente público faltan años y recursos que no tenemos. Por eso, ojalá los candidatos a la presidencia tengan la capacidad de ver con sensatez este problema y no seguir jugando con la salud de los colombianos.

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Posdata. Los colombianos que más sufren con un mal sistema de salud no son los más ricos. Por el contrario, son los más pobres los que se ven obligados a esperar para tener atención o, en muchos casos, pagar con recursos adicionales (que no tienen) medicamentos o servicios de salud medianamente dignos para cuidar su salud y la de sus seres queridos.

Tomado de elpais.com.co

Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.

La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.

Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.

Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.

Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.

Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.

Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.

Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.

Tomado de elpais.com

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