Sin importar su partido o ideología necesitamos un Bloque Parlamentario unido para que trabajemos juntos por los proyectos y prioridades de nuestra región.
Las elecciones del domingo al Congreso sin duda nos demostraron que la sensación de polarización de las últimas semanas no era imaginaria, sino completamente real. Sin embargo, con estos resultados –tanto a nivel nacional como regional- también cobra aún más relevancia el mensaje y la convicción de que las diferencias no pueden ser motivo para no trabajar juntos, sobre todo en lo que tiene que ver con los intereses de nuestro Valle del Cauca. Por esto, el llamado que le debemos hacer a los 9 senadores y 13 representantes a la Cámara elegidos del Valle es claro: sin importar su partido o ideología necesitamos un Bloque Parlamentario unido para que trabajemos juntos por los proyectos y prioridades de nuestra región.
La educación de calidad de nuestros niñas y niños debe ser una prioridad, pero aún más importante es que recuperemos a nuestras niñas y niños que se encuentran fuera del sistema educativo. Después de la pandemia, nuestra tasa de cobertura neta no supera el 80 % y lo que es aún más preocupante es que empeora en el nivel de educación media y con niveles de deserción superiores al promedio nacional. Si no trabajamos decididamente en la educación, no tendremos futuro como región y le seguiremos dejando nuestros niños en bandeja de plata a los grupos armados.
La salud también es y debe ser una preocupación común. Por encima de cualquier discusión ideológica, no se puede perder de vista que el gasto de bolsillo de los hogares creció y que el número de Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) en el sistema de salud sigue aumentando. En este caso, como en muchos otros, la ideología no nos puede seguir jugando una mala pasada: la salud de los colombianos y sobre todo la de los vallecaucanos, debe ser una prioridad compartida.
Por otro lado, pero igual de importante está la seguridad, que es sin duda un habilitador del desarrollo y es el tema que menos debiera tener ideología. La falta de seguridad nos afecta a todos por igual y sin distinción socioeconómica a empresarios, líderes sociales, a los jóvenes, estudiantes, etc. No podemos perder de vista que la seguridad y las amenazas contra los derechos humanos se ha deteriorado aceleradamente en los últimos años, y que el apoyo y decisión del Gobierno Nacional en este frente es fundamental para enfrentar estos desafíos.
A todo lo anterior se suma obviamente los grandes proyectos de competitividad e infraestructura que el Valle del Cauca necesita sacar adelante: la concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la profundización del dragado de Buenaventura, nuestro tren de cercanías, la regasificadora de Buenaventura, la vía Mulaló - Loboguerrero, el acueducto de Buenaventura, el ferrocarril del Pacífico y la PTAR Cañaveralejo.
Todos estos temas exigen que nuestros congresistas se unan para estos propósitos de región, llevando a cabo acciones coordinadas y efectivas para hacerlos realidad. El reto no es menor y por eso hoy más que nunca el Valle del Cauca le hace un llamado al nuevo Bloque de Congresistas, a que entienda que representar a la región implica trabajar juntos por sus prioridades y que, si bien las diferencias políticas son legítimas, no pueden estar por encima de los ciudadanos y del desarrollo del departamento. Desde ProPacífico siempre estaremos listos para ser apoyo técnico y un hilo naranja que conecta para que logremos juntos estas grandes transformaciones, reconociendo que todos tenemos algo que aportar: el sector público en sus diferentes instituciones, el sector privado y la sociedad civil. Al Valle del Cauca y a Colombia no la sacamos adelante estigmatizando al diferente sino trabajando con él.
Tomado de elpais.com.co
Siguiendo con el ejercicio que arranqué en mi columna anterior, cuando hice un balance de los grandes proyectos de infraestructura, es pertinente detenernos en algunas prioridades adicionales que no dan espera.
La primera y más importante, teniendo en cuenta nuestra coyuntura, es la seguridad. El crecimiento de los cultivos ilícitos, que superan las 3 mil hectáreas de coca en el Valle del Cauca y las 31 mil en el Cauca, sumado al creciente control territorial por parte de los grupos al margen de la ley, nos obligan a exigir no solo mayor pie de fuerza y recursos para recuperar el control territorial, sino una política clara de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.
Así mismo, es fundamental una estrategia de prevención del reclutamiento clara y consistente, así como el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, sobre todo para nuestros jóvenes. Es un hecho que la violencia en nuestro país se ha transformado en los últimos años: los grupos criminales cada día tienen mecanismos más innovadores para reclutar a nuestros niños y jóvenes, aprovechando la precariedad económica, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Por eso, además del control territorial, se requiere una presencia social efectiva del Estado que cierre estas brechas antes de que sean ocupadas por economías ilegales.
Otra prioridad inaplazable es la salud, porque no es sostenible seguir en la situación en la que estamos. El 80 % de los vallecaucanos hoy están afiliados a una EPS intervenida por el Estado, es decir, su control lo tiene el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. También es un hecho que el sistema está desfinanciado, que arrastra con deudas pasadas y que no ha visto un ajuste suficiente de la Unidad de Pago por Captación (UPC) en los últimos años, mientras que los costos de atención siguen aumentando.
Esto ha ocasionado que las deudas con las IPS sean cada día más insostenibles y que muchas hayan tenido que cerrar algunos de sus propios servicios, además de cerrarle las puertas a pacientes de EPS intervenidas, debido a las deudas acumuladas en los últimos años. Las largas filas de pacientes esperando por sus medicamentos se han vuelto costumbre. Sumado a todo lo anterior, el gasto de bolsillo en Colombia aumentó, pasando entre 2019 y 2024 de 15,8 % a 17,2 %. Además, en 2025 las PQRS en salud superaron los dos millones de quejas; eso significa un aumento cercano al 100 % entre 2022 y 2025. El sistema de salud colombiano no será el mismo después de los últimos años, pero sí debemos exigir reformas claras enfocadas no en la ideología, sino en la calidad y el acceso a la salud de todos los vallecaucanos y los colombianos.
Otra de las grandes preocupaciones es la educación de nuestros niños y niñas. En 2024, la cobertura neta de educación del Departamento fue de 75,8 %, 13 puntos por debajo del promedio nacional y muy lejos de departamentos como Antioquia o el distrito de Bogotá, que rondan el 90 %. A esto se suman las Pruebas Saber, que no hablan muy bien de nuestra calidad educativa. Estas cifras, en el contexto de violencia del suroccidente, se vuelven terreno fértil para los grupos al margen de la ley: jóvenes que desertan del colegio a edades tempranas quedan expuestos a economías ilegales que ofrecen ingresos rápidos allí donde el Estado no ha logrado garantizar trayectorias educativas completas.
Este problema se conecta directamente con otra realidad estructural: la informalidad laboral. En 2024, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó alrededor del 56 %, según el Dane, y en regiones como el Valle del Cauca, esta cifra es incluso mayor para jóvenes y personas con baja calificación. Este panorama evidencia una desconexión persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral. De ahí la urgencia de fortalecer programas de educación dual, mejorar la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y universitaria, y articular de manera más decidida al sector productivo en la formación de talento. Sin estas transformaciones, seguiremos formando jóvenes para un mercado que no existe o empujándolos, por falta de opciones, a la informalidad o a economías ilegales.
Seguridad, salud, educación y empleo no son agendas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas que deben ser abordadas de manera integral. Cualquier esfuerzo en infraestructura o crecimiento económico quedará incompleto si no trabajamos de manera contundente en estas otras prioridades; es ahí donde no podemos equivocarnos. Además de exigir juntos los grandes proyectos de infraestructura regionales, debemos también ser claros en que la seguridad, la salud, la educación y el empleo son habilitadores fundamentales que requiere nuestra región para alcanzar el desarrollo.
Tomado de elpais.com
Cali siempre ha sido parte del Chocó biogeográfico, ha tenido a Los Farallones, sus siete ríos. Ecosistemas que han sido casa de un sinnúmero de aves y de diferentes especies. Sin embargo, pareciera que solo hasta el año pasado con la COP16 fue cuando abrazamos lo que somos como ciudad y decidimos pensarnos alrededor de este gran activo: nuestra riqueza natural.
Hace algunos días Cali 500 presentó una visión de ciudad en la que la biodiversidad tiene un papel fundamental: en el año 2050, Cali será referente internacional en sostenibilidad, a partir del cuidado de la biodiversidad y la interculturalidad, como pilares para el desarrollo territorial, social y económico.
Sin duda, lograr este objetivo común implicará, entre muchas cosas, ordenar nuestro territorio alrededor del cuidado y protección de nuestros ecosistemas, pero también la posibilidad de viabilizar actividades sociales y económicas teniendo en cuenta este potencial. Para los que piensan que esta visión es ‘muy verde’, es importante señalar que hablar de cuidado de la biodiversidad no implica frenar el desarrollo económico. Por el contrario, obliga a pensar cómo se aprovecha ese potencial para general valor social y económico para todos.
Son muchas las acciones que tendremos que emprender para alcanzar este objetivo, pero sin lugar a dudas el fortalecimiento de las huertas urbanas y periurbanas se debe considerar como una de ellas. Son alrededor de 300 huertas las que están mapeadas, existen comunitarias, educativas y familiares. A través del programa Sembrando Compromiso, de la mano de Sembrando Cali, Compromiso Valle lleva cuatro años trabajando en más de 14 huertas madres y 30 satélites, en su mayoría comunitarias. Nuestras huertas tienen cara de mujer de entre 28 y 59 años, vive en los estratos 1 y 2 y el 60 % cuenta únicamente con estudios hasta secundaria.
En este tiempo hemos comprobado que las huertas mejoran el acceso a alimentos, así como los hábitos saludables. El 90 % de nuestros huerteros afirman que de las huertas obtienen alimentos para sus hogares y se han podido cuantificar ahorros de cerca de 90 millones de pesos en este rubro en los últimos 3 años.
Nuestras huertas han generado conexiones de valor, ventas de productos y servicios. En el año 2024 y lo corrido del 2025 se han vendido casi 40 millones de pesos en productos como compost, bocashi, biofertilizantes, plántulas, además de servicios relacionados con el ecoturismo y talleres, entre otros.
Las huertas también han sido el lugar donde se construyen relaciones sociales y se resignifican espacios que antes estaban a merced de las delincuencias y los vicios para convertirlos en espacios en los que la salud mental mejora y las personas son felices.
Hoy, cuatro años después, somos unos convencidos del impacto que estamos generando. Sin embargo, se requiere una política pública que regule las huertas porque, así como hay historias de éxito, tenemos algunas menos favorables. Actualmente, diferentes dependencias de la Administración desarrollan programas relacionados con huertas, pero de manera desarticulada, lo que limita su efectividad. Es fundamental que el POT que se está construyendo las tenga en cuenta como oportunidad de desarrollo territorial sostenible e inclusivo y que la Alcaldía centralice y articule los programas y apoyos existentes para las diferentes huertas, garantizando su sostenibilidad.
Tomado de elpais.com
