Al leer la reforma laboral que se discute en estos días en el Congreso de la República, cabe preguntarse para qué y para quién se hace. Ya hemos oído a la Ministra decir que con esta reforma no se generarán nuevos empleos, lo que es una verdadera lástima en un país que tiene un desempleo del 9,7 %. Lo anterior, sin contar con los empleos que según lo que contempla el texto se podrían perder, debido a las inflexibilidades y cargas que estipula la reforma y que, al final, lo que hacen es que el costo por empleado sea mayor, lo que generará que muchos empresarios, sobre todos los más pequeños, tengan que despedir a algunos de sus colaboradores.
En un país en el que más del 50 % de las personas en edad de emplearse están en la informalidad no se explica cómo se está pensando en una reforma como la que nos están planteando. Por ejemplo, resulta incomprensible cómo no existe una posición más clara sobre la creación de empleo para los jóvenes y especialmente para las mujeres jóvenes. Para el trimestre mayo-julio de 2024, Colombia presentó una tasa de desempleo juvenil del 17,2 % y si nos fijamos en Cali, la ciudad presentó una tasa de 18,5 %, la segunda más alta después de Barranquilla.
Estos datos son el resultado de leyes y políticas públicas que por décadas han ignorado a los jóvenes, especialmente a las mujeres, las que siguen siendo invisibilizadas por la reforma que se tramita en el Congreso. Mujeres o niñas que son madres a edades muy tempranas y que se ven obligadas, en la mayoría de los casos, a abandonar el colegio y agravando aún más su situación. Esto sumado a una pésima calidad educativa que hace muy difícil el acceso a empleos de calidad. Lo que tristemente nos hace preguntar si el embarazo adolescente no tiene explicación en esta misma mala calidad educativa y en que las niñas no vean en la educación un camino para un futuro más próspero. Según datos del Dane, para el 2023, el departamento del Valle del Cauca registró menos mujeres matriculadas en el nivel de secundaria con respecto a los hombres.
Para rematar toda esta situación, muchas de estas mujeres no tienen red de apoyo, la cobertura de centros públicos para el cuidado de la primera infancia en casi todo el país es limitada y, sobre todo, tienen horarios que no son aptos para las jornadas laborales, lo que termina ocasionado que ellas rechacen trabajos y queden a merced de condiciones precarias y condenadas a la pobreza.
Me rehúso a pensar que vamos a tramitar una reforma laboral que solo le da más beneficios a los que hoy ya tenemos empleo y, no tratará de resolver problemas de fondo que como país hemos dejado a un lado por décadas, como la brecha de empleo de las mujeres y los jóvenes. Esta reforma, de seguir este camino, terminará causando más perjuicios que soluciones a los miles de problemas que tenemos hoy los colombianos.
Tomado de eltiempo.com
La vía Mulaló - Loboguerrero es un proyecto del que venimos hablado desde hace muchos años. Son 32 km que hemos sufrido como región en sus avances, pero sobre todo en sus tropiezos. Solo para hablar de la historia más reciente, fue en diciembre del 2014 que se adjudicó este proyecto, en marzo del 2015 se dio el acta de inicio del proyecto y hasta el 2017 se logró el cierre de las consultas previas, con lo cual el Concesionario pudo radicar el Estudio de Impacto Ambiental en agosto de ese mismo año.
Sin embargo, solo hasta cuatro años después, el 17 de agosto del 2021, la Anla otorgó la licencia ambiental del proyecto. Aunque la decisión significaba un gran avance, cinco días antes el Concesionario había presentado ante el Tribunal de Arbitramento la terminación anticipada del contrato por fuerza mayor ambiental. En abril de 2023 el Tribunal de arbitramento negó la pretensión del Concesionario, dado que ya se contaba con licencia ambiental desde el 2021 y ordenó el inicio de la fase de construcción. Todos nos alegramos y pensamos que por fin arrancaría el proyecto, sabiendo que el Gobierno y el concesionario llevaban meses negociando una conciliación sobre un ajuste a los precios debido al tiempo que había pasado. Este acuerdo nunca logró formalizarse.
Hoy estamos a la espera de que otro tribunal de arbitramento tome una decisión sobre la petición del Concesionario de que se dé terminación anticipada del contrato por desequilibrio económico e inviabilidad financiera o que el Gobierno Nacional y este concilien la liquidación o continuidad del proyecto, reconociéndole al concesionario un valor por el tiempo transcurrido. La región ha pedido por todos los medios que se continúe con el proyecto, contar con esta vía permitirá reducir en una hora la llegada de la carga a Buenaventura al disminuir en 52 km el trayecto entre Cali y Buenaventura, lo cual supone importantes ahorros en costos de transporte y logísticos, que impulsan la competitividad de todo el suroccidente colombiano.
Ya ha sido mucho tiempo perdido, por eso pensar en una liquidación debe mortificarnos. No obstante, si el escenario llega a ser este y efectivamente este contrato no puede seguir, el llamado de la región en una sola voz debe ser que los recursos consignados por el Gobierno hasta la fecha en la fiducia y los comprometidos hasta el 2032 se reserven para construir este corredor. Por esto ‘la interfase’ entre un momento y otro debe ser absolutamente transparente y clara. No podemos permitir que el contrato se liquide sin asegurar que los recursos queden reservados.
La Mulaló- Loboguerrero se necesita, el Valle del Cauca y Colombia la necesitan. Por lo tanto, es absolutamente inconveniente aceptar cualquier cosa que no nos asegure la ejecución y terminación de este proyecto. Entendemos que el Gobierno Nacional en el escenario de la liquidación prefiere hacerlo por obra pública, salida que tiene varios interrogantes. Sin embargo, este no es el problema de hoy. Nuestro enfoque debe estar en insistir en que como primera medida se ejecute el contrato actual y si no se puede, debemos asegurar que los recursos que ya están destinados para esta vía no se vayan a ningún otro frente, incluso así sea de interés regional.
En el caso de la Mulaló - Loboguerrero, como en muchos otros, nos convoca los intereses regionales y el trabajo articulado de todos los que hacemos parte de este ecosistema político, empresarial y social. Es fundamental que rodeemos este proyecto y protejamos los recursos, sobre todo en esta coyuntura en la que el Gobierno necesita caja y está viendo las vigencias futuras de este proyecto como una salida para tener recursos en el corto plazo.
Tomado de elpais.com
Cuando se radicó el Presupuesto General de la Nación del 2025 el país y sobre todo los congresistas entraron en la disyuntiva de una nueva tributaria -ley de financiamiento- o la reducción en el gasto de al menos $12 billones, monto en el que el PGN 2025 se encuentra desfinanciado. Ayer el ministro de Hacienda y Crédito Público radicó la ley de financiamiento, dejando claro que para el Gobierno la salida es la nueva tributaria.
Realmente no se sabe qué es peor. Por un lado, una tributaria en este momento es absolutamente inconveniente. Hoy cuando se habla de reactivación, la premisa es que necesitamos más inversión pública y privada, pero más carga tributaria no ayudará con esto. Otra cosa sería si estuviéramos hablando de ampliar la base para que más colombianos contribuyeran, pero ese tema en Colombia está vedado y el proyecto radicado no parece reabrir la conversación. Todavía falta mucho más análisis a lo radicado ayer, pero lo claro es que, aunque se baja el impuesto de renta para algunas empresas en los próximos años, les mantiene y en algunos casos incluso les incrementa la tributación a otros sectores de la economía y a algunas personas naturales.
Por el otro lado está la conversación sobre el recorte presupuestal. Tal como lo han planteado, pareciera que la alternativa es dejar a los más pobres sin programas sociales o no honrar las vigencias futuras, sobre todo las de los proyectos de infraestructura. Teniendo en cuenta este panorama, es necesario entrar a discutir sobre la evolución del gasto público en los últimos años y el importante crecimiento que ha tenido lo que se denomina gasto de funcionamiento, que es donde se podría aplicar este recorte presupuestal.
Entre 2020 y 2021, mientras el gasto de funcionamiento aumentó en un 3% la deuda pública creció en un 25% debido a la pandemia, lo que para todos fue la decisión adecuada en un momento muy complejo. Sin embargo, este aumento del gasto de funcionamiento posteriormente creció de manera significativa con incrementos del 11%, entre en los años 2022 y 2023 y del 22% entre el 2023 y 2024. Adicionalmente, se tiene el fondo de estabilización de precios de los combustibles que lleva una deuda por años y que representa un gasto público muy importante.
Como pasa en los hogares de los colombianos y en las empresas, en el caso de la Nación, si no hay suficientes recursos una opción es buscar generar más ingresos, pero también lo es reducir gastos, sobre todo los de funcionamiento. El Gobierno antes de pensar en una ley de financiamiento debe mostrarle al país un plan de ahorro y austeridad más claro, por ejemplo, focalizar mejor el gasto o castigar los presupuestos de inversión de las entidades que recurrentemente son malas ejecutoras y así generar los ahorros que se necesitan para equilibrar el presupuesto. No es razonable que estemos en esta discusión sobre los recursos públicos con unos niveles de ejecución en inversión que en el 2024 van en el 30% con corte al mes de agosto.
Además de todo lo anterior, recordemos que para tener más impuestos lo importante es tener una economía creciendo, que haya capital y que este se invierta, que se genere empleo y eso no se logra si hacemos sobre tributar a los que tienen la capacidad de hacerlo, sean estas empresas grandes, medianas o pequeñas. Recordemos también que el presupuesto público es una buena herramienta para el crecimiento económico y que una ejecución eficiente y enfocada en proyectos que impulsen la reactivación puede hacer la diferencia e impulsar el cierre de brechas sociales.
Las discusiones que dará el Congreso en los próximos días serán fundamentales para el futuro de nuestro país, debemos esperar que en el marco de la institucionalidad tanto las comisiones económicas como el Gobierno sean responsables con el país.
Tomado de elpais.com