El papel y el aporte del sector privado a los asuntos públicos siempre ha sido y será un tema de debate en nuestro país, pero la llegada al poder de un presidente de izquierda y/o progresista ha avivado la discusión, en particular, en lo relacionado con el sector privado como prestador de servicios públicos o proveedor de bienes públicos en coordinación con el Estado.
En este contexto se han tratado de imponer reformas o cambios legales y administrativos argumentando que lo público debe prestar y administrar lo público, olvidando lo que nos ha demostrado la historia, en el sentido que la decisión no debe basarse en visiones subjetivas o ideológicas, sino en criterios técnicos que determinen cuál es la forma más eficiente y con el menor riesgo para proveer el bien o servicio a la ciudadanía.
Sin duda, todos los extremos son malos (también comprobado por la historia). Ni un Estado gigante que haga de todo, ni un sector privado haciendo de todo con un Estado mínimo. El Estado es el encargado de hacer las políticas públicas, regular y determinar quién puede prestar el mejor servicio o proveer de mejor manera los bienes públicos, teniendo en cuenta que no es bueno en todo y algunas veces es ineficiente en lo que le corresponde.
El sector privado, en este contexto, entra donde hay oportunidad de mercado y rentabilidad, lo que no tiene nada de malo, así muchos lo quieran satanizar ¡Todos ganan! El empresario que hace utilidades con un negocio rentable y contribuye al desarrollo, el Estado porque transfiere gran parte de los riesgos a un tercero que tiene la experiencia y la capacidad de innovar para prestar mejor el servicio y, por último, aún más importante: el ciudadano que se beneficia con bienes y servicios públicos de calidad. Obviamente, la remuneración al privado debe ser justa, por lo que la regulación y la transparencia en los procesos es fundamental. Ejemplos actuales son la generación y prestación del servicio de energía, la salud y la infraestructura. En el Valle del Cauca vivimos este dilema con la continuidad del modelo de concesión para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ya que, aunque todos los ministros de Transporte de este gobierno han afirmado que la concesión seguirá, lo cierto es que llevamos los tres años de este mandato esperando a que se realicen los trámites para que la APP de iniciativa privada (IP) sea adjudicada.
Hace un año, en el marco de la COP16, dábamos esta misma discusión frente a la inconveniencia de que la Aerocivil tomará el control del Aeropuerto y aunque el Gobierno quiso decir que no sería grave, ellos mismos decidieron que no era conveniente un aeropuerto operado por la entidad pública para este evento internacional.
La Aerocivil se necesita para planificar y regular la aviación del país y para operar aeropuertos en los que no son viables los esquemas de participación privada, pero para un aeropuerto como el de Palmira, con su magnitud y complejidad, no tiene sentido. Sin duda, será más ineficiente y nos hará perder tiempo y competitividad como región. Algunos dicen que la concesión actual no ha sido la mejor y eso se tendrá que discutir con números y datos. Sin embargo, la responsabilidad del Estado es obligar a que se preste el mejor servicio y ampliar las opciones de conectividad aérea, no acabar la concesión. Los vallecaucanos exigimos un aeropuerto competitivo y con los mejores estándares. Esperamos que el Gobierno Nacional avance en los trámites correspondientes y haga todo para recuperar el tiempo perdido para evitar que se le tenga que devolver el Aeropuerto a la Aerocivil y si es así, que el tiempo sea el mínimo.
Tomado de elpais.com
El futuro de un territorio, ciudad o país, sin duda, está en su gente. Y es que somos las personas las que tenemos la capacidad de innovar, crear y transformar realidades. No es casualidad que cuando se habla de productividad y competitividad siempre se haga referencia al talento humano, a la importancia de su formación y calidad. Precisamente, la historia nos demuestra que son las invenciones de hombres y mujeres las que nos han permitido avanzar con descubrimientos e innovaciones que en su momento eran inimaginables, la agricultura, las revoluciones industriales y hoy en día la inteligencia artificial son testimonios de ello.
En los últimos 100 años la humanidad ha tenido más avances tecnológicos y científicos que los que se podían dar en milenios, y eso se debe en gran parte a que la educación dejó de ser un privilegio para convertirse en una necesidad.
Por esto es tan importante que pensemos que la educación, además de ser un derecho fundamental, es la única forma que tenemos para hacer de Colombia un mejor país para todos, más próspero, más competitivo y más equitativo. Esto último no es un argumento menor, ya que no hay mejor forma de generar equidad que dándole educación de calidad a todos nuestros niños y niñas. Con educación la movilidad social está casi asegurada.
Sin duda, es un completo despropósito que no hablemos más de la situación de la educación en el país, arrancando por la primera infancia. En Colombia solo el 36 % de los niños de 0-5 años reciben algún tipo de atención, y para el Valle del Cauca este porcentaje es del 31 %. Ya en la educación básica y media, la cobertura y la calidad educativa están teniendo una realidad crítica. Mientras en Colombia el 3,7 % de los estudiantes de colegios oficiales desertan, en Cali este porcentaje llega al 6,68 % en los colegios oficiales, cifra que ha ido aumentando progresivamente desde el 2020.
Si hablamos de cobertura, en Colombia llega al 83,5 % de la población en edad de estudiar, mientras que en Cali solo llega al 80,6 %. El panorama tampoco es alentador en calidad educativa, actualmente el puntaje global promedio de pruebas Saber para colegios oficiales de Cali es 251 (SED, 2024) estando tres puntos por debajo del promedio nacional. Estas cifras muestran que debemos establecer una apuesta de país y de ciudad que fomente que nuestros niños quieran estar y permanecer en las aulas de clase y, por lo tanto, que ellos sean el centro y fin último de la educación.
Estas cifras deberían ser razón más que suficiente para que todos en una sola voz peleáramos por esta causa. Sin embargo, es triste ver cómo son pocos los que se dan esta pelea y hacen control político por estos temas. Sin duda, la educación tiene voceros, pero están más enfocados en luchar por los derechos de los maestros que por los de los niños. Y menos, en sentido más amplio, en pensar en los efectos de esta mala educación para el país.
Cuando me encuentro a jóvenes de 18-20 años que no terminaron el colegio y les pregunto la razón, la gran mayoría me contesta que porque no les parecía que la educación les fuera a ayudar en nada ¡Qué tristeza!, pero lo cierto es que la educación de hoy no les ayuda mucho. Sé que algunos podemos tener la sensación de que a los jóvenes de hoy les fallamos y que en parte son una generación perdida. Sin embargo, me queda la esperanza que, si trabajamos juntos por los niños de hoy ellos, los jóvenes del futuro serán los que saquen la cara por sus padres, quienes crecieron en un sistema que no les dio las herramientas para alcanzar su máximo potencial.
Tomado de elpais.com
Cuando se piensa en alcanzar el desarrollo en cualquier territorio, sin duda, se debe tener en cuenta la salud de sus habitantes como variable fundamental. Una población enferma no solo aumenta las muertes -seguramente en muchos casos prevenibles- sino que genera altos costos económicos y sociales.
Por esto desde ProPacífico venimos trabajando desde hace ocho años en mejorar la gestión del riesgo y la navegabilidad de las personas en el sistema de salud, especialmente en lo que tiene que ver con enfermedades crónicas como el cáncer, frente en el que hemos adelantado acciones en alianza con City Cancer Challenge. Así mismo, hemos trabajado en el acceso efectivo al sistema con programas como Hospital Padrino en alianza con la Fundación Valle del Lili.
Los dos programas vienen transformando vidas en la región. En el primero se mejoró un 20 % el diagnóstico oportuno de las mujeres con cáncer de seno en el último año, lo que a su vez significa más probabilidades de supervivencia a la enfermedad; mientras que Hospital Padrino se ha convertido en un modelo nacional para la disminución de la mortalidad materna, gracias a la formación del talento humano en salud y la telemedicina, dos componentes que han contribuido a disminuir consistentemente este indicador en la región.
En América Latina, las enfermedades crónicas representan más del 70 % de las muertes, lo que afecta la competitividad de los países al aumentar el gasto en salud y reducir la fuerza laboral activa. En Colombia, la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles le cuesta al país más del 2 % del PIB cada año, lo que evidencia que invertir en salud es también una estrategia clave para el desarrollo económico y social sostenible.
Lo anterior no se alcanza sin un trabajo colectivo contundente. Desde ProPacífico estamos convencidos de que en la salud, como en los demás componentes del desarrollo, el trabajo colectivo es determinante. Precisamente los logros que hemos tenido en la lucha contra el cáncer y la mortalidad materna en la región se han dado gracias a la capacidad que se ha tenido de sentar en la mesa a los diferentes actores del sistema en entornos de confianza, con información transparente para todos y siempre con el propósito de encontrar objetivos comunes.
En un momento de tanta dificultad para el sistema de salud colombiano, es clave alzar la voz para evidenciar que sí se pueden dar resultados en salud sin hacer los cambios estructurales propuestos, que tristemente más que un cambio de modelo parece una ‘venganza’ contra unos actores del sistema.
Lamentablemente en materia de salud el panorama no es alentador y lo más grave está por venir. La desfinanciación del sector cada día es más evidente, sumado a que ya era un sistema con problemas de sostenibilidad. Recientemente, la Corte Suprema instó al Ministerio de Salud a ponerse al día con el pago de los presupuestos máximos y a recalcular el insuficiente valor de la UPC, pero no vemos al Gobierno tomando acciones. Todos los días oímos noticias del cierre de servicios o de hospitales por la falta de pago de las EPS, hoy en su mayoría administradas por el Estado.
Lo que es un hecho es que la salud de los colombianos se está deteriorando y todos los días será peor. En los días venideros no solo sumaremos muertos, sino que el bienestar y la productividad se verán seriamente perjudicados. Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso actúen con responsabilidad y tomen acciones para parar esto.
Tomado de elpais.com